En otras palabras, no estamos en condiciones de ignorar los datos. Urge traducirlos en recomendaciones de política pública que realmente apunten a reducir el crimen y la violencia. Aquí destaco tres hallazgos del Censo que confirman la necesidad de fortalecer las instituciones estatales de seguridad y justicia, poniendo el énfasis en condiciones laborales, capacitación y equipamiento de las policías locales.
Policías locales desprotegidas
El 61.3% de las policías estatales percibe un sueldo inferior al recomendado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que debería oscilar entre 10,626 y 21,679 pesos mensuales. Difícilmente las corporaciones pueden convertirse en el primer dique de contención frente al crimen si no cuentan con un salario digno. La alta rotación de personal es la consecuencia natural de carreras que no garantizan subsistencia. Dignificar las condiciones laborales de las policías locales no es un lujo: es una urgencia.
Asegurar salarios competitivos representa un reto para los gobiernos estatales, pero existen rutas viables. México Evalúa publicó recientemente la Ruta para la dignificación policial, donde se plantean formas sostenibles de financiar las prestaciones laborales de las corporaciones, conforme a estándares legales, y así comenzar a allanar el camino hacia una pacificación real y sostenida.
Policías locales contra la impunidad
En 2024, las policías locales realizaron el 97.7% de las puestas a disposición (420,419 casos). La Guardia Nacional, menos del 3%. Es cierto que hay más policías estatales y, por lo tanto, tienen mayor probabilidad de ser los primeros en actuar. Pero lo que resulta incomprensible es que, a pesar de estos números, la narrativa oficial y la asignación de recursos sigan colocando a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas en el centro de la estrategia de seguridad.
Son las policías locales quienes realmente hacen la diferencia para reducir la impunidad. Merecen mayor presupuesto, sobre todo en capacitación y en su articulación con fiscalías y procuradurías estatales. Sin esa coordinación, las puestas a disposición terminan en expedientes muertos y la justicia nunca llega, ni en materia cívica ni penal.
Policías locales en la primera línea de fuego
El discurso oficial insiste en que solo las Fuerzas Armadas tienen capacidad para enfrentar el poder de fuego del crimen organizado. Pero los datos muestran otra realidad: por su presencia territorial, las policías estatales son las que más arriesgan la vida en el día a día. En 2024 se registraron 1,039 enfrentamientos y agresiones entre fuerzas policiales y civiles armados; las policías estatales participaron en 755, es decir, el 72.7% de los casos.
Esto demanda policías mucho más profesionales y equipadas para el uso de la fuerza. Y demanda, también, una coordinación más expedita y efectiva con las fuerzas federales. De lo contrario, se seguirá cargando a las corporaciones locales con responsabilidades que exceden sus capacidades formales, sin darles los medios para cumplirlas.
En síntesis
Las cifras del Censo son contundentes: sin policías locales bien pagadas, capacitadas y equipadas, ninguna estrategia nacional de seguridad va a funcionar. Son ellas quienes contienen el crimen, quienes reducen la impunidad y quienes enfrentan de frente a las organizaciones criminales. Seguir relegándolas en el discurso y en el presupuesto es insistir en un camino fallido. Hablar de pacificación sin poner a las policías locales en el centro es, simplemente, un autoengaño.
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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
