De manera general, el territorio nacional se divide verticalmente, justo por la mitad, en dos grandes bloques. Aquí puede verse en el mapa hacia el final. En la parte izquierda del mapa está el corredor del Pacífico. En donde se encuentran entidades con severos problemas de violencia letal de acuerdo con los propios datos oficiales de homicidios, feminicidios, desapariciones y otras víctimas contra la vida. Son estados en donde las tasas de violencia letal son muy altas, o van al alza, o ambos problemas. En contraste, en la parte derecha, está el corredor del Golfo, en donde, salvo algunas excepciones, vemos entidades con tasas de violencia letal muy bajas y que además continúan descendiendo. ¿A qué se debe la realidad que pintan los datos?
¿A quién le debemos la paz?
El crimen organizado detrás del incendio
Las respuestas más evidentes están en el corredor del Pacífico. La guerra criminal que se ha extendido por más de un año entre organizaciones nacionales como "Los Chapitos" y "Los Mayos", y ahora El Cártel Jalisco Nueva Generación, continúa afectando territorios en estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California y Nayarit. Los conflictos en donde los protagonistas son cárteles regionales como "La Familia Michoacana" o El Cártel de Santa Rosa Lima y locales, como "Los Tlacos" o "Los Ardillos", no cesan en entidades como Colima, Michoacán, Guanajuato y Morelos, respectivamente.
En otros casos como en Jalisco, el control hegemónico de las organizaciones se ejerce ocultando la violencia letal a través de las desapariciones. En el corredor del Pacífico es bastante claro que las cifras se explican en buena medida por la letalidad de las organizaciones criminales.
Ficciones incómodas
En donde no existe claridad es en el corredor del Golfo. Lo que existen son varias hipótesis. Pero hay dos particularmente contrastantes: 1) la efectividad de las políticas públicas y 2) las gobernanzas criminales.
La primera hipótesis plantea que la paz es resultado de la intervención de los gobiernos. De las políticas públicas que implementan en materia de seguridad y justicia. Del desempeño de policías estatales y municipales con buenas condiciones laborales que operan con altos niveles de profesionalización. En donde las policías y las fiscalías se coordinan y ejecutan a la perfección el debido proceso. En donde se implementan estrategias para la prevención integral de la violencia delictiva. En pocas palabras. En donde los gobiernos responden con base en evidencia.
La cuestión es que no abundan este tipo de situaciones. En Yucatán y Querétaro existen modelos policiales civiles que respaldan el comportamiento de los datos. Pero en otras latitudes es muy complicado sostener dicha explicación frente a la evidencia que brinda mayor soporte a las otras razones.
La segunda hipótesis señala que la realidad que pintan las cifras es producto de gobernanzas criminales. De acuerdos entre las organizaciones criminales y una amplía variedad de actores incluyendo a los gobiernos. Acuerdos que se establecen por la corrupción o la fuerza. Las gobernanzas criminales crean geografías de impunidad que hacen menos necesario el uso de la violencia letal por parte del crimen. Ello explicaría la caída en los datos oficiales de violencia letal. Sin embargo, como expuso recientemente Mariana Campos en una columna en El Universal , esto no es sinónimo de mayor seguridad.
Las gobernanzas criminales están al servicio del hampa. Los ciudadanos quedan a merced del humor del crimen. Aquí abundan las evidencias que pueden dar soporte a dicha hipótesis. Recupero solamente uno que no ha tenido tanto peso dentro de la discusión pública en los últimos meses: Chiapas . Pero cosas similares pueden decirse de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas.
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Las elecciones pasadas fueron las más violentas de la historia reciente en lo que se refiere a violencia político criminal: ataques del crimen organizado contra actores que participan en las elecciones. En dicho marco, Chiapas destacó como uno de los principales focos rojos. Ocupó los primeros lugares en víctimas totales, agresiones a candidatos y candidaturas asesinadas. Contexto que coincidió con un aumento de la violencia letal.
Empero, después de un año, la violencia letal ha registrado una caída del 30.3% y la tasa al primer semestre de 2025 se ubica en 14.4 incidentes por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas a nivel nacional. No hemos visto hasta el momento una reforma profunda del sistema de seguridad y justicia en ese estado. Pero el comportamiento de la violencia político-criminal parece indicar que Chiapas experimentó una reconfiguración violenta de la gobernanza criminal que finalmente dio paso a geografías de impunidad. Después de varios años finalmente habrá elecciones en el municipio de Pantelhó. ¿Gracias a la voluntad criminal?
La utilidad de los datos
Los datos oficiales se vuelven relevantes cuando los problematizamos. Cuando los vemos desde los territorios locales. Cuando contrastamos la tasa delictiva con su comportamiento a través del tiempo. Cuando formulamos preguntas a partir de su comportamiento. Cuando llamamos a la rendición de cuentas. ¿En realidad existen estados pacificados? Y si es así, ¿a quién le debemos la paz? Hay más evidencia para sostener que estamos ante una ficción que depende del humor criminal.
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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
