Una estrategia con trasfondos políticos
Ninguna política pública ocurre en el vacío. Sucede en un contexto político que determina en buena medida su contenido, a menudo termina devorando sus principios técnicos, y relega el interés social a un segundo plano. Es el caso de la estrategia de seguridad pública de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde hace un año, tres coyunturas moldean el contenido central de su política de seguridad.
Primero, la campaña expansionista de Donald Trump, quien ha hecho de la seguridad pública el principal pretexto para extorsionar a los gobiernos de la región e imponer sus intereses. Es un pretexto porque al mandatario de Estados Unidos le importa poco la seguridad de América Latina. Su prioridad es ampliar la influencia política y económica de su país.
Segundo, la clara división, al interior de Morena, entre el claudismo y el lopezobradorismo. Ambas facciones buscan imponerse de cara a las elecciones de 2027, y ciertamente desde este momento rumbo a la sucesión presidencial. En tal disputa hoy la presidenta lleva mano gracias al deterioro de personajes como Adán Augusto y Fernández Noroña.
Tercero, el reacomodo del régimen criminal a raíz de la caída del Mayo Zambada. Este fenómeno, que ha dejado una ola de violencia delictiva que se ha expandido por más de un año a varias regiones del país, trastoca la configuración del poder real a nivel de los territorios locales —es decir, las relaciones entre actores políticos y criminales.
El final de abrazos no balazos
Ante dichas coyunturas, en materia de reacción y contención, la presidenta Sheinbaum emprendió un combate decidido al crimen organizado a través de su debilitamiento operativo con un componente característico a nivel discursivo y ejecutivo: la inteligencia. Una decisión con bastante lógica política que le permite a la mandataria diferenciarse notablemente de su antecesor. Únicamente en los primeros 100 días de su administración, los operativos del Gobierno federal contra el crimen organizado incrementaron 600% frente al mismo periodo de la gestión pasada.
Los resultados también son evidentes. El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, con frecuencia informa del arresto de miles de presuntos criminales, el decomiso de miles de armas y la incautación de miles de toneladas de mercancías ilícitas.
A lo anterior hay que sumarle la extradición a Estados Unidos de decenas de criminales de altísimo calibre de diversas organizaciones. Los números dan crédito a la presidenta para ir sorteando las coyunturas políticas; pero no son suficientes para sortear las crisis sociales.
Continuidades nocivas
El final de “los abrazos no balazos” es un paso adelante contra la impunidad, mas no suficiente. Por desgracia, hablando estrictamente en términos técnicos, la presidenta ha dado continuidad a directrices nocivas para la construcción de seguridad. Una de las más graves es la negación del estado actual de la violencia en el país.
