La tragedia ocurrida debajo del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, trajo a la memoria otra similar ocurrida 10 años atrás (enero 2015), cuando una pipa de gas realizaba una descarga en la cocina del Hospital Materno-Infantil de Cuajimalpa y, debido a una fuga, produjo una explosión que derrumbó parcialmente el hospital destruyendo el 75% de su estructura, con saldo de 5 muertos y 66 lesionados.
Aprendizajes de la tragedia en Iztapalapa
Al parecer, a las autoridades no les quedó claro desde 2015 que la gestión de crisis comienza antes de la catástrofe, con evaluación de riesgos y simulacros realistas.
@mmaraboto
Publicidad
Ese evento que evidenció la fragilidad de los protocolos de seguridad en el transporte de sustancias peligrosas fue un parteaguas en el manejo de gas LP en la Ciudad de México, pero, aunque se implementaron cambios sustanciales en protocolos, contratos y supervisión técnica, no se promulgó una ley específica, y hoy vemos los resultados.
Relacionar el accidente del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa con el del Puente de la Concordia permite identificar patrones sistémicos en la gestión del riesgo urbano, el transporte de materiales peligrosos y la comunicación institucional ante una crisis por explosión.
Aunque ocurrieron en contextos distintos, ambas comparten elementos clave: el gas LP como detonante, altas cifras de víctimas, fallas en protocolos de seguridad (dudas sobre el cumplimiento normativo de las empresas transportistas), y reacción institucional inmediata pero reactiva ante la poca prevención de riesgos en zonas urbanas sensibles, todo lo cual revela fallas estructurales y oportunidades de mejora.
En Cuajimalpa se gestionó la crisis en el marco de una narrativa institucional centrada en la reconstrucción y la reparación, en tanto en Iztapalapa (y en el gobierno de la CDMX) se ha mostrado una comunicación más fragmentada, con errores en la información sobre el estado de las víctimas y, por tanto, con actualizaciones constantes.
Ambas tragedias ofrecen lecciones profundas no sólo desde el plano técnico, sino también ético, comunicacional y organizacional. Al analizarlas en conjunto, emergen patrones que pueden transformarse en principios rectores para instituciones públicas y privadas.
Entre las enseñanzas de ambos casos, resalta que la prevención y la anticipación no son sinónimos de paranoia, sino de responsabilidad. Me parece que ambas crisis pudieron haberse mitigado con protocolos preventivos más rigurosos: rutas seguras, supervisión técnica, análisis de infraestructura y rigor en la aplicación de leyes y reglamentos. Al parecer, a las autoridades no les quedó claro desde 2015 que la gestión de crisis comienza antes de la catástrofe, con evaluación de riesgos y simulacros realistas.
Otro aprendizaje para evitar confusiones en la responsabilidad y desinformaciones sobre la situación de las víctimas, es la necesidad de tener definido en el plan de prevención la integración de un mando unificado, con roles claramente especificados entre Protección Civil, salud, seguridad y el área de comunicación. En ambos casos, la ciudadanía exigió información clara, veraz y humana, pero la descoordinación y la falta de voceros técnicos y mensajes coherentes generó incertidumbre.
Un punto a favor de las autoridades es que, además de visitar a los lesionados, se desplegaron equipos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en todos los hospitales para contactar a las familias, ofrecer acompañamiento psicológico, orientación jurídica y apoyo social a los lesionados y sus seres queridos
A partir de estas dos tragedias se abre una ventana crítica de oportunidad para fortalecer el marco normativo en torno al transporte de materiales peligrosos y la seguridad en infraestructura urbana.
Publicidad
Me parece importante que el gobierno de la CDMX junto con el federal, definan un protocolo más estricto para la circulación con materiales peligrosos, con rutas y horarios para la circulación de pipas y repartidores de gas, e incorporen sistemas de monitoreo satelital para trazabilidad en tiempo real. Asimismo es vital que actúen severamente con relación a violaciones a los reglamentos y, para este caso, reformarlos con criterios técnicos que enfaticen velocidad máxima permitida según peso y volumen, y obliguen a una evaluación estructural de puentes y vialidades antes de autorizar rutas.
En cuanto a comunicación, el protocolo podría obligar a las autoridades a informar públicamente en tiempo real con datos verificados, y a que designen un vocero técnico capacitado para interactuar con los medios de comunicación en situaciones de riesgo y, con el apoyo de la Inteligencia Artificial, crear una plataforma ciudadana de seguimiento para víctimas, familiares y medios.
A fin de cuentas, no hay que olvidar que la rapidez y coherencia de la comunicación ayuda a generar confianza entre los ciudadanos, pero lo más importante es tomar el mayor número de decisiones para la prevención, a fin de evitar que este tipo de tragedias vuelva a ocurrir.
_____
Nota del editor: Mario Maraboto Moreno es Licenciado en Periodismo por la UNAM. Investigador Asociado en la Universidad de Carolina del Norte. Autor del libro "Periodismo y Negocios. Cómo vincular empresas con periodistas". Consultor en Comunicación, Relaciones Públicas y situaciones especiales/crisis desde 1991. Escríbele a su correo mmarabotom@gmail.com y síguelo en X como @mmaraboto . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión
Publicidad
Más acerca del autor:
Newsletter
Publicidad