Tres fraudes electorales en el país más democrático del mundo

Y, si bien no existe un consenso absoluto sobre los elementos que conforman una democracia y que deben evaluarse para determinar si existe o no una regresión democrática, sí lo hay con respecto a la centralidad del elemento electoral. Es decir, todos coinciden en la necesidad de celebrar elecciones auténticas, libres y periódicas.

En ese sentido, el proceso de reforma electoral que conduce el Poder Ejecutivo federal resulta de la mayor relevancia. Sin embargo, no deja de llamar la atención que éste se realice al tiempo que se impulsa la narrativa oficial del “país más democrático del mundo”.

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Dicha narrativa fue alimentada nuevamente esta semana con motivo de las declaraciones del ex presidente Ernesto Zedillo. En su conferencia de prensa del lunes, la presidenta hizo referencia a los tiempos del PRI autoritario, asegurando que en México ya no existen los fraudes electorales. En efecto, México ha registrado avances considerables que habían permitido la erradicación de prácticas electorales fraudulentas como el carrusel, las urnas embarazadas, el ratón loco, la tamalada, entre tantas otras. Ni qué decir de la fuente de tantos traumas históricos y que, hasta la fecha, impide la utilización generalizada de mecanismos tecnológicos para la emisión del voto: la caída del sistema.

Sin embargo, la falta de compromiso democrático entre los actores persiste y ha permitido la evolución del fraude electoral con la anuencia de las autoridades electorales. En estas líneas me referiré a tres de los más recientes y que tendrían que ser abordados en las discusiones sobre la necesaria reforma electoral si verdaderamente se busca fortalecer nuestra democracia.

En el verano de 2023, los actores políticos adelantaron ilegalmente la carrera presidencial con procesos que, a todas luces, buscaban definir las candidaturas presidenciales más de seis meses antes del periodo marcado en la ley para tal efecto. Partidos políticos de oposición conformaron el “Frente Amplio por México” y ejecutaron un proceso de recolección de firmas. Por su parte, Morena y sus aliados se dedicaron a seleccionar a lo que denominaron “la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación”, simulando un proceso de organización partidista interna.

Incluso, tan pronto como concluyó la elección intermedia de 2021, el propio ex presidente López Obrador y los medios de comunicación se referían de manera habitual a “las corcholatas”, en referencia en la práctica priísta en que el presidente “destapaba” a su sucesor. De este modo, los diversos actores orientaron recursos públicos y los propios medios de comunicación social oficiales a la promoción personalizada ilegal, contrario a lo establecido en el artículo 134 constitucional, alterando de manera irreparable la equidad en la contienda.

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Una vez transcurrida la elección de 2024 y llegado el momento de la asignación de diputaciones el principio de representación proporcional conforme a los triunfos obtenidos en los distritos de mayoría, la coalición gobernante pudo hacerse del 75% de los escaños en la Cámara de Diputados a pesar de haber obtenido el 58% de la votación. Con la anuencia del Tribunal Electoral, Morena y aliados lograron una sobrerrepresentación de más del doble de lo permitido en el artículo 54 de la Constitución para lograr una mayoría calificada artificial que no corresponde con la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Así, hoy tenemos una Cámara de Diputados conformada de manera fraudulenta.

Y, ¿qué decir del gran fraude de la elección judicial, en que atestiguamos el regreso de las “casillas zapato”, con la inexplicable participación del 100% del electorado, las boletas no extraídas de las urnas y hasta candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en algunas casillas? Pero no solo eso, sino que se evidenció una operación masiva de propaganda ilegal manifestada en guías de votación, o “acordeones”, financiada por partidos políticos y gobiernos, que tenían expresamente prohibido participar en el proceso.

La narrativa del “país más democrático del mundo” se cae con actores que simplemente no se sujetan a las reglas que ellos mismos acordaron para disputarse el poder. Y, si bien resulta complejo abordar el compromiso democrático de los actores en una reforma electoral, sí es posible ajustar las reglas que permitan tener una competencia electoral más equitativa y, por ende, más democrática.

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Se debe favorecer una mayor democratización de los procesos de selección de candidaturas de los partidos políticos y liberalizar la rigidez de los tiempos y los canales acorde a las nuevas prácticas y formas de comunicación política. También se debe eliminar la posibilidad de la sobrerrepresentación y buscar una representación pura. Es decir, instalar un sistema en que se asigne a los partidos un número total de curules que corresponda de manera idéntica a la proporción total de votos. También se debe abordar el financiamiento de las campañas judiciales y los mecanismos de transparencia y de participación de los actores políticos en las mismas.

Si no se abordan estos retos ni se corrigen estos vicios, difícilmente se podría sostener que no existen los fraudes electorales, como lo hizo la presidenta. Con la presentación de la iniciativa y la discusión legislativa se evidenciará si verdaderamente se busca perfeccionar nuestro sistema electoral y fortalecer nuestra democracia o si solo se busca acaparar una rebanada más grande del pastel.

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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.