Durante el sexenio de López Obrador, la supuesta solución contra la corrupción en las aduanas fue la militarización. Se entregó el control a la Marina bajo el argumento de que solo así se frenaría el contrabando y el tráfico ilegal de mercancías. La realidad fue distinta: en lugar de limpieza hubo rotaciones constantes, padrinazgos políticos y nombramientos cuestionables. Por eso, hoy todas las miradas se concentran en los marinos implicados, especialmente en los hermanos Farías —sobrinos del almirante Ojeda, secretario de Marina con López Obrador—, pero casi nadie señala a quienes toman las decisiones de fondo: los titulares de aduanas.
Los titulares de aduanas
Hoy, más que nunca, retumban en Palacio Nacional las palabras del propio López Obrador: no hay negocio jugoso que se haga en el gobierno, sin el aval del presidente.
@JTrianaT
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El primer responsable de aduanas el sexenio pasado fue Ricardo Peralta, quien dejó la huella más escandalosa: colocó en la aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, el “rey del huachicol”, asesinado en 2021. Así quedó marcada la pauta: las aduanas como botín político y económico, y el arranque formal del huachicol fiscal. Peralta fue removido del cargo para integrarse como subsecretario de Gobernación con Olga Sánchez Cordero. Más tarde fue señalado en investigaciones periodísticas como pieza clave en el financiamiento de la campaña interna de Mario Delgado por la presidencia de Morena. En ese proceso, Porfirio Muñoz Ledo acusó que con Delgado se movía dinero del crimen organizado. A esto se sumaron los testimonios de la morenista Jocelyn Hernández, quien aseguró que hubo recursos del huachicol fiscal en las campañas de Morena en 2021, y que la operación la encabezaron Mario Delgado y el hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Después vino Ricardo Ahued, empresario y ex priista veracruzano que reconoció abiertamente la magnitud de la corrupción en aduanas. Él mismo describió a la institución como un “monstruo de 100 cabezas”, para ilustrar la dificultad de enfrentar ese entramado. Renunció argumentando que “no había espacio” para las reformas que consideraba necesarias para limpiar el área y que se iba “harto de la corrupción que vio ahí”. Hoy ocupa la Secretaría de Gobierno en Veracruz con Rocío Nahle.
Le siguió Horacio Duarte, operador electoral de confianza de López Obrador, que hoy ocupa la Secretaría de Gobierno en el Estado de México con Delfina Gómez. Durante su gestión estalló un caso emblemático: el de su secretario particular, Juan Carlos Madero Larios, señalado por la Secretaría de la Defensa Nacional en 2022 por estar vinculado a actos de corrupción relacionados con contrabando de hidrocarburos. A pesar de la recomendación militar de removerlo, Duarte lo mantuvo en el cargo. Madero es cuñado de Tania Contreras López, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Tamaulipas y ex consejera jurídica del gobierno del gobierno estatal.
En 2022 apareció Rafael Marín Mollinedo, tabasqueño, primo de Nicolás Mollinedo Bastar, el histórico chofer “Nico” de López obrador, y señalado por múltiples medios como hombre de confianza del expresidente. Fue designado en diciembre de ese año al frente de la Agencia Nacional de Aduanas; en junio de 2023, López Obrador lo nombró como representante de México ante la OMC; y en febrero de 2025, Claudia Sheinbaum lo trajo de regreso y lo colocó de nuevo en Aduanas. Bajo su gestión también se consolidó otro caso emblemático: el de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, conocido como “Lord Relojes”, nombrado por Marín como director de Investigación Aduanera. Márquez declaró relojes por 7.7–8 millones de pesos y adquirió un penthouse de tres pisos en Polanco en condiciones atípicas, símbolo de la descomposición en aduanas.
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En medio, en 2023, asumió André Foullon Van Lissum, general de división retirado del Ejército y pieza central de la estrategia de militarización. Supuestamente venía a “limpiar” la institución, pero su salida en febrero de 2025 confirmó lo obvio: la corrupción no se erradicó, se profundizó.
La gran red de huachicol fiscal, operada desde estructuras de la Marina y encabezada por los hermanos Farías, se gestó principalmente en 2024 y principios de 2025, cuando el titular aún era el general Foullon. Pero el megadecomiso del Challenge Procyon y las primeras detenciones ocurrieron ya en marzo de 2025, con Marín de vuelta en el cargo, lo que exhibió que el esquema venía de atrás y estalló en el arranque del presente sexenio.
El verdadero hilo conductor aparece en otra parte. Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT desde 2022, no llegó solo: fue colocado directamente por Andy López Beltrán, hijo del expresidente. Ambos fueron compañeros de escuela, amigos de años, y múltiples reportajes los ubican dentro de lo que se ha llamado “el clan”, la red de influyentismo que Andy tejió al interior del gobierno de López obrador. Aunque desde 2022 la Agencia Nacional de Aduanas ya no depende estructuralmente del SAT, Martínez Dagnino intervino en los movimientos que marcaron el rumbo: primero el del general Foullon en 2023 y después el regreso de Marín en 2025.
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Esa es la correa de transmisión que nadie quiere ver: de Andy López Beltrán a su amigo Dagnino; de Dagnino a los titulares de aduanas; y de las aduanas a las redes de huachicol fiscal que hoy sacuden al país. La pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto la corrupción en aduanas fue tolerada, encubierta o incluso alentada desde ese círculo íntimo de poder?
Porque al final no se trata solo de aduanas, sino de un sistema de poder que utilizó la bandera de la anticorrupción para encubrir la corrupción más lucrativa de que se tenga memoria en México. Lo que debía ser la muralla contra el crimen organizado terminó convertido en su mejor pasillo de entrada. Y hoy, más que nunca, retumban en Palacio Nacional las palabras del propio López Obrador: no hay negocio jugoso que se haga en el gobierno, sin el aval del presidente.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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