Y es precisamente ese error —grave y real— el que Morena capitaliza ahora para vendernos un relato de redención. Con la maquinaria propagandística en marcha, Vallarta es presentado como un símbolo de la lucha contra la injusticia, un ejemplo de que “ahora sí” se respetan los derechos humanos. El régimen lo exhibe como trofeo moral.
Pero el calendario no miente. Esta Caja China se abre justo cuando Donald Trump habla de los “vínculos inconfesables” de políticos de Morena con el narcotráfico; al mismo tiempo que nos apunta con una pistola arancelaria; cuando vemos a la élite morenista rompiendo su propio decálogo de austeridad con viajes de lujo y opulencia por Tokio, Madrid, Ibiza, Venecia, Capri o Milán; y cuando, desde Palacio Nacional, se suda frío ante lo que pueda venir.
El caso de La Barredora por sí solo debería estar dominando titulares. Documentos del Ejército, revelados en filtraciones, describen cómo esta célula del Cártel Jalisco Nueva Generación operó impunemente en Tabasco mientras Adán Augusto López era gobernador. No se trata de sospechas vagas: hay informes de inteligencia y audios donde operadores criminales se refieren a él como “El Tío” y celebran que “controla a la Guardia Nacional”. Incluso se señala que el propio jefe de seguridad estatal y amigo de Adán, apodado “Comandante H”, es el líder y fundador la organización. En cualquier democracia sólida, esto sería motivo de una crisis política mayor.
El caso Vector es igualmente explosivo. Una institución financiera ligada a uno de los hombres más cercanos a López Obrador, señalada de ser vehículo para operaciones de lavado del Cártel de Sinaloa y de triangulación de fondos para adquirir insumos químicos en China destinados a la producción de fentanilo. No hablamos de rumores, sino de acusaciones documentadas que comprometen a la élite empresarial y política que orbitó alrededor del expresidente durante todo su sexenio.
Y lo que ocurre con Ovidio Guzmán podría ser aún más devastador. El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, extraditado en 2023, enfrenta un juicio que no solo detalla operaciones del Cártel de Sinaloa, sino que podría exponer la protección política que recibió en México durante el sexenio pasado. Testimonios, acuerdos con fiscales y pruebas de inteligencia estadounidense podrían implicar a funcionarios en activo o a figuras clave de Morena. En cualquier otro país, esto sería material de portada día tras día.
En este contexto, ¿qué es el caso Vallarta? Un expediente judicial antiguo, con abusos de la autoridad y errores procesales graves, sí, pero que no representa ni de lejos la amenaza política e institucional que implican estos otros asuntos. Sin embargo, es el que el gobierno ha elegido amplificar, porque conmueve, divide opiniones y, sobre todo, desplaza de la conversación lo que realmente les preocupa.
El escándalo Vallarta le da al gobierno lo que necesita: titulares emotivos, debates encendidos sobre el pasado y un héroe fabricado que acapara cámaras. Y mientras tanto, la conversación sobre La Barredora, el “Comandante H”, Adán Augusto López, el caso Vector, Ovidio Guzmán y la infiltración criminal en las estructuras de seguridad, se desvanece.
No es la primera vez que lo hacen. El patrón se repite: cuando el poder está bajo fuego, recurre a un caso de alto impacto emocional para que la indignación cambie de objetivo. Hoy, la pregunta pública no es si Morena gobierna con narcos o si su élite financiera sirve de puente al crimen organizado; es si Vallarta era inocente. Misión cumplida.
Mientras la audiencia se conmueve con la historia del “pobre secuestrador convertido en víctima rescatada”, los verdaderos temas —la narcopolítica, las complicidades internacionales, las redes de protección— quedan sepultados. Y el gobierno gana tiempo, que es el oxígeno de cualquier régimen acorralado. Una vez más, lo que debería estar en el centro del debate nacional se oculta tras un telón mediático. Una vez más, se abre La caja china.
