En 2022 salieron a la luz los llamados Guacamaya Leaks, una masiva filtración de documentos obtenidos tras el hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. En ellos se reveló que, desde 2019, el Ejército mexicano mantenía abierta una investigación confidencial denominada “Caso Olmeca”, centrada en una red de huachicol, colusión institucional y vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, en el estado de Tabasco.
El “Senador H”
Estamos ante la prueba de que el crimen organizado ya no se infiltra en el poder: ahora se construye desde el poder, con aval político, con nombramientos estratégicos y con complicidades pactadas.
@JTrianaT
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Los documentos señalaban, entre otros, a dos personajes clave: Hernán Bermúdez Requena, alias El Comandante H, y el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. Ambos fueron identificados como parte de una estructura de protección política y administrativa al grupo criminal conocido como La Barredora.
Adán Augusto nombró a Bermúdez Requena como secretario de Seguridad Pública del estado en 2018. No fue un acto de negligencia: fue una decisión política plenamente consciente. Bermúdez no solo era su colaborador, era su amigo cercano desde al menos 1995, según diversos reportes periodísticos. El nombramiento se mantuvo sin objeciones ni revisión de antecedentes conocida.
Con Bermúdez al frente de la seguridad, Tabasco se convirtió en un infierno de violencia: se dispararon los secuestros, las extorsiones, los asesinatos, los enfrentamientos armados y las disputas entre cárteles. La delincuencia se desbordó. Bermúdez renunció al cargo en enero de 2024, pero no sin antes afiliarse a Morena en 2023.
El actual gobernador, Javier May, heredó un estado sumido en el caos. Al asumir funciones, su primera acción en materia de seguridad fue denunciar públicamente el desastre heredado de su antecesor interino, Carlos Manuel Merino, y señalar directamente a Bermúdez Requena y a quien lo puso ahí: Adán Augusto López.
Lo más grave, sin embargo, no fue la designación de un secretario cuestionado. Lo verdaderamente escandaloso es que, pese a los informes del Ejército, Adán Augusto fue nombrado por Andrés Manuel López Obrador como titular de la Secretaría de Gobernación en 2021. Es decir, fue puesto a cargo de la política interior, la relación con los gobiernos estatales y el control de la seguridad nacional. Se colocó al frente del gabinete a un hombre investigado desde años atrás por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, con acceso privilegiado a información confidencial, operativos federales, retenes e inteligencia del Estado mexicano. Adán Augusto no habría pasado ni de lejos un examen de control de confianza, como el que se exige a cualquier policía raso o miembro de la Guardia Nacional.
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El escándalo nacional estalló finalmente en días recientes, cuando altos mandos militares en la entidad confirmaron que, desde febrero de este año, se emitió una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena y que la Interpol activó una ficha roja para localizarlo. El exsecretario se dio a la fuga.
Mientras tanto, Adán Augusto guardó silencio durante días, hasta que finalmente publicó un tuit asegurando que no tiene nada que ocultar y que está a disposición de las autoridades. Lo hizo justo cuando ya era evidente que ninguna autoridad lo ha requerido, porque quien debería hacerlo forma parte del mismo aparato que lo protege. En Morena no se investigan entre ellos: se tapan, se reciclan, se premian.
Para colmo, en su intento de defensa, Adán Augusto ha presumido cifras alegres sobre su desempeño en materia de seguridad como gobernador. Pero con eso no se defiende: se hunde más. Si Tabasco mejoró —según él—, habría sido gracias a Hernán Bermúdez Requena; es decir, está justificando la gestión de un prófugo buscado por sus nexos criminales. O el crimen ayudó o fue tolerado. En cualquier caso, es un contrasentido inaceptable.
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Estamos ante la prueba de que el crimen organizado ya no se infiltra en el poder: ahora se construye desde el poder, con aval político, con nombramientos estratégicos y con complicidades bien pactadas. El Ejército alertó. La información existía. Lo que falló fue la voluntad de actuar. Y cuando se decide proteger a los amigos por encima del Estado de derecho, la corrupción deja de ser una anomalía para convertirse en sistema.
Por eso, la permanencia de Adán Augusto López como coordinador de senadores de Morena y como legislador federal es insostenible. En cualquier democracia funcional, en cualquier partido político con un mínimo de ética, ya se habría exigido su separación inmediata del cargo, para permitir una investigación independiente, sin simulaciones ni interferencias.
Adán Augusto López Hernández, alias “el Senador H”, como podríamos llamarlo ahora, es la prueba viva de que, en tiempos de ‘transformación’, la verdadera justicia sigue esperando su turno.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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