Como he advertido repetidamente , veo con preocupación que diversos analistas, políticos y funcionarios mexicanos enaltecen o, cuando menos, normalizan que nuestro gobierno esté “trasladando” —de manera irregular— a criminales a Estados Unidos para que sean procesados en el sistema de justicia de ese país. Incluso, la propia presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch argumentan que los “envíos” de prisioneros responden a las falencias del sistema penitenciario de México, que es tan precario que los criminales pueden seguir delinquiendo desde las prisiones.
El traslado de presos y la doble capitulación mexicana
El Estado mexicano está admitiendo que es incapaz de garantizar que los criminales procesados por su sistema de justicia no sigan cometiendo delitos e incentivando la violencia desde las cárceles.
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Me parece que se equivocan rotundamente quienes aplauden o dotan de un aura de normalidad a la decisión del Estado mexicano de no construir un sistema de justicia robusto y dejarle a otro país la responsabilidad de procesar los crímenes que se cometen en el nuestro. Es aún más paradójico que muchas voces dentro de Morena incurran en esta conducta, toda vez que supuestamente se trata de un partido que defiende la soberanía nacional como bien supremo. Nada más contrario a la soberanía que dejar en manos de un país vecino, con ambiciones y capacidades imperialistas, la delicada información que sale de estos juicios.
Por eso, coincido con Carlos Bravo Regidor en que esta decisión deja muy mal parado al Estado mexicano, que está admitiendo que es incapaz de garantizar que los criminales procesados por su sistema de justicia no sigan cometiendo delitos e incentivando la violencia desde las cárceles. Además, está renunciando a su responsabilidad de construir un sistema de justicia funcional y permitiendo que otro Estado procese a sus delincuentes, con todo lo que ello implica en términos de falta de verdad y reparación para las víctimas en México, y en términos de pérdida de soberanía e información comprometedora en manos de un gobierno extranjero.
Todo ello nos deja en una posición muy vulnerable frente a Estados Unidos y representa una ofensa contra las incontables víctimas directas e indirectas de la violencia en México. Como ha señalado Elementa en sus informes “Extraditar la verdad”, el sistema de justicia estadounidense juzga a los miembros de organizaciones criminales simplemente por traficar droga en Estados Unidos, no por las atrocidades que cometen en México. A las autoridades estadounidenses no les interesa en lo más mínimo conocer la verdad para difundirla y que México pueda construir una explicación colectiva del período de enorme violencia que ha sufrido, para así procesarlo emocional y políticamente como sociedad.
Y al parecer, al gobierno mexicano, que ha decidido ceder la custodia de decenas de criminales a Estados Unidos, tampoco le interesa en lo absoluto construir esta explicación que podría ayudar no sólo a entender mejor la violencia que nos ha lacerado los últimos veinte años para así mejorar la estrategia de seguridad, sino también a procesar el duelo colectivo y empezar a sanar como sociedad.
Además, muchos de los capos juzgados en Estados Unidos llegan a acuerdos con la justicia y obtienen su libertad a cambio de dar información de las redes de tráfico de drogas. Las víctimas de la violencia quedan totalmente fuera de la ecuación y las atrocidades que sufrieron quedan en el olvido tanto en México como en Estados Unidos. De igual manera, la información de estos presos le sirve a Estados Unidos para entender las dinámicas de tráfico de drogas, pero no le sirve a las autoridades mexicanas para comprender y desarticular las redes de macrocriminalidad, compuestas por delincuentes, empresarios, políticos y mediadores que facilitan la violencia que lastima al pueblo mexicano.
Así, Estados Unidos se queda con información valiosa, que usa para seguir con su incesante guerra contra las drogas y para seguir presionando —incluso chantajeando, casi extorsionando— a México para que nuestro país acople su política de seguridad a los intereses estadounidenses. Por si fuera poco, las redes de macrocriminalidad estadounidenses quedan convenientemente en el olvido, pues el sistema de justicia de ese país se centra en desentrañar la corrupción mexicana, pero no la de su propio país, en el que, por supuesto, no podría haber un tráfico de drogas tan masivo y difundido si no fuese por la complicidad de distintas autoridades.
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Nada de esto debería sorprendernos. Por un lado, pese a que Morena tenía todo a su favor para lanzar una auténtica reforma para reestructurar el sistema de justicia y así superar las debilidades que actualmente incentivan que se envíen prisioneros a Estados Unidos, el partido optó por aprobar una reforma judicial más centrada en el control político de la judicatura que en la construcción de un sistema de justicia funcional. Por otro lado, Sheinbaum y Harfuch han alineado por completo su política de seguridad con los intereses estadounidenses, con algunos resultados positivos en capturas de generadores de la violencia y golpes financieros a los grupos criminales, pero con el enorme riesgo de que el crimen organizado refuerce los esquemas de extracción violenta de economías locales para suplir sus pérdidas en el negocio del tráfico transnacional de drogas.
Así, estos “traslados” deben verse más como una doble capitulación mexicana —a construir un sistema de justicia robusto y a diseñar una política de seguridad ajustada únicamente a las necesidades del pueblo mexicano— y no como un logro en materia de seguridad.
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Nota del editor: Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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