La política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum se parece cada vez más a la guerra contra las drogas que impulsó Felipe Calderón. La militarización del combate contra el crimen organizado, la voluntad de centralizar las labores de inteligencia, la captura de altos mandos criminales y una comunicación masiva para enviar el mensaje de que el Estado está dando la batalla contra los criminales son rasgos comunes de ambas estrategias.
La guerra de Calde... Sheinbaum

La extracción irregular de 29 criminales de alto perfil a Estados Unidos la semana pasada iluminó otros dos rasgos que comparten las estrategias de Calderón y Sheinbaum: por un lado, la supeditación de las prioridades de seguridad de México a las de Estados Unidos y, por otro, la concepción de la justicia como una herramienta para castigar a los criminales y no como un mecanismo integral para construir paz, resarcir a las víctimas y conocer la verdad.
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La presidenta Sheinbaum enfrenta un contexto harto complicado: una nueva era de imperialismo estadounidense . Trump no está interesado en cooperar con México para solucionar los problemas de Estados Unidos. Más bien, ve a México como la fuente de esos problemas y le exige soluciones inmediatas.
No obstante, reconociendo estas enormes dificultades, cabe preguntarse qué está ganando México y cuánto está dispuesto a perder al supeditar por completo su política de seguridad a los intereses estadounidenses. La guerra de Calderón causó un terrible estallido de la violencia cuyas consecuencias se siguen arrastrando hasta hoy. Si ese fue el resultado de la estrategia de Calderón, no podemos esperar algo muy distinto con Sheinbaum, cuya política de seguridad es muy similar.
Con el uso transaccional de la política de seguridad, México tan sólo ganó una efímera suspensión temporal de los aranceles, pero no su completa cancelación. Incluso, al momento de escribir estas líneas, Trump acababa de anunciar la imposición de aranceles de 25% a México a partir del martes 4 de marzo.
Es muy probable que, como respuesta, Sheinbaum redoble los esfuerzos del gobierno mexicano para disminuir el tráfico de fentanilo y capturar a más líderes criminales, con la esperanza de que Trump reaccione suspendiendo los aranceles nuevamente. Sin embargo, la amenaza de reactivarlos seguirá latente: no hay garantía alguna de que México pueda cumplir las irracionales expectativas del gobierno estadounidense en materia de seguridad, pero sí hay evidencia suficiente para suponer que la violencia se recrudecerá si Sheinbaum continúa en esta dinámica de concesiones en materia de seguridad para satisfacer a Trump.
Además, este manejo transaccional nos dice mucho de las prioridades de Sheinbaum. En eso también se parece a Calderón: obtener y mantener el acceso al mercado estadounidense es su prioridad esencial y vale la pena pagar cualquier costo social para lograrlo. Es cierto, el golpe de los aranceles es devastador para la economía mexicana, pero cabe preguntarse si el gobierno mexicano está tomando previsiones para contener la predecible escalada de la violencia que desatará su política de capturar a altos mandos criminales y cortar las rutas de tráfico de fentanilo.
También cabe preguntarse si, al menos, el gobierno mexicano podría obtener algo más a cambio. Por ejemplo, ¿Estados Unidos canalizará recursos para dar la batalla que realmente le importa al pueblo mexicano en materia de seguridad? Me refiero a la batalla para recuperar el control de los territorios que domina el crimen organizado, en los cuales ha instalado un modelo de economías extractivas por medio de la violencia (que Armando Vargas ha denominado regímenes criminales). Ésa y no el tráfico de fentanilo debería ser la prioridad del Estado mexicano.
En cuanto a qué está dispuesto a perder México, más allá del probable recrudecimiento de la violencia ocasionado por la estrategia de capturar altos mandos, con la supeditación de la política de seguridad mexicana a los intereses estadounidenses, México está renunciando a la aspiración de construir una justicia integral, vinculada a la verdad, la no repetición y las reparaciones a las víctimas. Por el contrario, está impulsando una visión transaccional de la justicia, en la que se intercambian presos por concesiones económicas.
Como ha señalado Elementa en sus informes “Extraditar la verdad”, el sistema de justicia estadounidense juzga a los miembros de organizaciones criminales simplemente por traficar droga en Estados Unidos, no por las atrocidades que cometen en México. A las autoridades estadounidenses no les interesa en lo más mínimo conocer la verdad para difundirla y que México pueda construir una explicación colectiva del período de enorme violencia que ha sufrido, para así procesarlo emocional y políticamente como sociedad.
Además, muchos de los capos juzgados en Estados Unidos llegan a acuerdos con la justicia y obtienen su libertad a cambio de dar información de las redes de tráfico de drogas. Las víctimas de la violencia quedan totalmente fuera de la ecuación y las atrocidades que sufrieron quedan en el olvido tanto en México como en Washington. Finalmente, la información de estos presos le sirve a Estados Unidos para entender las dinámicas de tráfico de drogas, pero no le sirve a las autoridades mexicanas para comprender y desarticular las redes de macrocriminalidad, compuestas por delincuentes, empresarios, políticos y mediadores que facilitan la violencia que lastima al pueblo mexicano.
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Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.