En días recientes comenzó a circular en las redes sociales un video en el que un sicario de La Chapiza ejecuta a seis halcones de La Mayiza. Al parecer, el video se filmó al sur de Sinaloa. Este material no solamente es brutal sino revelador. Descubre las causas sociales más profundas del conflicto criminal en Sinaloa.
Las entrañas de la guerra
La violencia homicida no se origina al momento del disparo, sino en la impunidad que la ampara, en la exclusión que margina y en la expansión criminal que trasciende las fronteras.
@BaVargash
Publicidad
Esas causas que los “logros” recientes del gobierno de Sheinbaum no logran resolver, incluyendo las 23,417 personas detenidas por delitos de alto impacto, las más de 172.6 toneladas de drogas incautadas y las 12,045 armas de fuego decomisadas.
No podemos aseverar que las acusaciones y testimonios que las víctimas expresaron en el video antes de ser ejecutadas sean reales. No obstante, por lo que sabemos sobre los regímenes criminales, macrocriminalidad y gobernanzas criminales en México, muy probablemente son ciertas. A través de ellas podemos vislumbrar tres causas profundas de la tragedia sinaloense y posiblemente de lo que ocurre en gran parte del territorio nacional.
Lee más
Colusión entre actores estatales y criminales
En el material, el sicario denuncia la colusión entre Los Mayos y un alto mando militar. Es bien sabido, gracias a investigaciones como las de Sandra Ley y Guillermo Trejo, que el crimen organizado requiere de la colaboración con actores estatales para imponer, consolidar y expandir su control territorial. Hablamos de una práctica sistemática que opera bajo el amparo de la impunidad. Esta relación debilita a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia, y difumina los límites entre la legalidad y la ilegalidad. Al final, permite que los intereses criminales se filtren en las decisiones estatales.
En realidad, hasta aquí nada nuevo. Lo novedoso está en que las redes de colusión entre actores criminales y estatales forman parte de un conflicto inédito. En otras palabras, la impunidad severa que respalda las redes de gobernanza criminal está sumando capas de violencia a un conflicto en donde la barbarie ya es desmedida y sostenida y nada se hace para desmontarlas. ¿De los 23,000 detenidos, cuántos eran piezas clave de estas colaboraciones? Tales aprehensiones en masa funcionan más como propaganda de que “se está combatiendo el crimen”, sin realmente resolver el problema —lo que se conoce como populismo punitivo—. ¿O acaso se están llevando a cabo procesos para depurar a las instituciones públicas?
Exclusión e injusticia social
En sus últimas palabras, una de las víctimas confesó realizar labores de inteligencia para Los Mayos a cambio de 2,000 pesos semanales y escuela para sus hijos —lo que nunca recibió—. Quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar las causas del crimen tenemos claro que las condiciones socioeconómicas no siempre conducen a la actividad delictiva. Especialmente la desigualdad y la pobreza. Eso no quiere decir, por supuesto, que no existan casos en donde motiven el desarrollo de carreras delictivas de alto impacto.
Es un hecho que el crimen organizado ha asumido funciones sociales que el Estado abandonó: empleo, protección, acceso a servicios básicos. En entornos en donde la vida digna es una promesa incumplida el crimen aparece como una opción racional. Resolver el desbalance entre expectativas sociales y oportunidades legales para satisfacerlas requiere mucho más que detenciones masivas. Tampoco los programas sociales impulsados desde la administración pasada están dando en el clavo como estrategias de prevención. Detrás del conflicto en Sinaloa también está la falta crónica de políticas estructurales de inclusión y justicia social.
Publicidad
Asimetrías territoriales
Esa misma víctima también reconoció ser oriunda de Guerrero. Que haya sido reclutada fuera del estado donde fue ejecutada es otro dato revelador: el conflicto criminal tiene dimensiones nacionales, no locales. Los grupos delictivos operan con una lógica empresarial que les permite captar fuerza de trabajo en zonas vulnerables y desplegarla estratégicamente en regiones de disputa. Esto no solo amplía su capacidad de fuego, sino que disemina el conflicto en todo el territorio nacional, generando focos de violencia en lugares antes ajenos a esta dinámica. La movilidad del reclutamiento es prueba de que los grupos criminales no reconocen fronteras administrativas, mientras el Estado sí. Esa asimetría territorial es una de las razones por las que el crimen sigue ganando terreno. El Estado mexicano no se puede dar el lujo de abandonar el resto de territorios del país. La focalización de los esfuerzos en Sinaloa, como ha sido documentado, puede ser absolutamente contraproducente.
Dos minutos de grabación son suficientes para mostrar un espejo incómodo del país que hemos permitido que exista. Uno donde el crimen no sólo asesina, sino que recluta, ordena y pacta. La violencia homicida no se origina en el instante del disparo, sino mucho antes: en la impunidad que la ampara, en la exclusión que margina y en la expansión criminal que trasciende las fronteras del Estado. Las presiones de Donald Trump, las disputas y ambiciones internas de Morena y los caprichos de AMLO convertidos en reformas estructurales no nos permiten dejar atrás las soluciones simplistas en materia de seguridad (más detenciones y decomisos), que históricamente han demostrado su fracaso. Mientras tanto, la violencia sigue en aumento.
____
Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
Publicidad
Recomendaciones
Más acerca del autor:
Newsletter
Publicidad