Este crimen revela con crudeza las fracturas estructurales de nuestro sistema de seguridad y justicia: un aparato que se expresa con discursos de paridad, pero sigue operando bajo lógicas profundamente desiguales. La violencia feminicida no figura entre las prioridades reales del Estado. Se pronuncian condenas oficiales, se anuncian diagnósticos, pero en la práctica las violencias contra las mujeres continúan ocurriendo con impunidad y sin respuestas efectivas.
Una violencia creciente y normalizada
Y no, esto no es un caso aislado. La violencia letal contra niñas, niños y adolescentes va en ascenso en todo el país. Entre 2018 y 2024, los asesinatos contra personas menores de edad aumentaron 15.9%, de acuerdo con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este cálculo no se limita al homicidio doloso —un indicador insuficiente en contextos de alta manipulación de cifras y debilidad institucional—. También incluye feminicidios y otros delitos contra la vida y la integridad corporal.
En ese mismo periodo, el incremento fue de 11% entre los hombres y del 25.9% entre las mujeres. La violencia se ha ensañado particularmente con las niñas: en 15 entidades federativas han aumentado los asesinatos de mujeres menores de edad, y en seis estados este aumento supera el 100%. Los casos más alarmantes son Campeche (1,366.7%), Baja California Sur (412.5%), Ciudad de México (364.7%), Morelos (325%), Quintana Roo (233.3%) y Nuevo León (136.4%).
Estas cifras revelan que la violencia contra las infancias no es una desviación del sistema, sino una consecuencia lógica de su estructura. Un sistema que responde con simulación, que no prioriza la protección ni desde la prevención ni desde la justicia, y que sigue tratando la violencia como un asunto de operativos y no de contextos.
La persistencia de esta violencia es inseparable de la fragilidad institucional, del abandono territorial y del abandono político. Lo que sigue fallando —una y otra vez— es la capacidad del Estado para construir seguridad desde abajo, con enfoque de derechos, con políticas ancladas en la realidad local y con una perspectiva que ponga al centro la vida, no la fuerza.
Otra vía frente a la militarización
Ante un nuevo horror insistimos en lo mismo: es urgente replantear la respuesta del Estado. La militarización no aborda las causas sociales más profundas de la violencia. Nunca lo hará. No está diseñada para eso. Hay que ir al fondo. No basta con contener; hay que desmontar las causas estructurales. Aquí recupero tres alternativas con base en los hallazgos reportados recientemente por México Evalúa en La Otra vía .
Primero, se requiere una coordinación intergubernamental efectiva que supere la fragmentación actual entre niveles de gobierno. La protección de las infancias no puede depender de voluntades aisladas ni de competencias burocráticas difusas: necesita un marco de acción compartido, con responsabilidades claras y canales ágiles de colaboración.
Segundo, es indispensable fortalecer las capacidades institucionales en los municipios, que son la primera trinchera frente a la violencia. Esto implica invertir en sus policías, áreas de atención a víctimas, sistemas de justicia cívica y programas de prevención focalizada.
