En Palacio Nacional ya advirtieron de una nueva reforma electoral. La presidenta se ha manifestado a favor de mantener un sistema de mayoría para integrar el Congreso y en contra de la representación proporcional. También se manifestó a favor recortar el financiamiento público que permite la operación ordinaria de los partidos políticos. Todo ello, indicando su intención de retomar los planes A y B de su antecesor que fracasaron en el pasado que, además, contemplan la elección de consejeras y consejeros electorales por voto popular y la eliminación de los órganos electorales locales. Así, creó por decreto una comisión integrada exclusivamente por los suyos que podrá, pero no deberá, incorporar voces de otros sectores para la construcción de la propuesta.
Claudia (y México) necesita pluris y pluralidad
A pesar de contar con condiciones idóneas para procesar una reforma progresiva que atienda los retos más importantes que enfrentan nuestras elecciones, como la influencia del crimen organizado; el anticuado modelo de comunicación política; la desinformación; y las contradicciones y vacíos normativos en elecciones judiciales, todo apunta a que esta será una reforma impuesta y regresiva. Hoy es norma recurrir a la aplanadora legislativa sin deliberar o convencer. En diversos ámbitos, se ha optado por el borrado institucional, cooptando aquellos espacios restantes que pudieran revisar o cuestionar las acciones del poder.
Entre liderazgos legislativos la conversación se ha concentrado en los efectos de eliminar el sistema de representación proporcional, mediante el que actualmente elegimos 200 diputaciones y 32 senadurías. En el sistema de mayoría, mediante el que elegimos otras 300 diputaciones y 64 senadurías, basta con tener un voto más que el segundo lugar para llevarse el asiento. Pero el sistema de representación proporcional asegura que puedan ser escuchadas todas aquellas personas que votaron por otra alternativa y que también ameritan contar con una representación en el Congreso. Como lo señala el slogan de una de las campañas que promueve la instauración de este sistema en Gran Bretaña, “Make Votes Matter”, se trata de asegurar que todas las expresiones cuenten y no solo aquellas mayoritarias. Fue con este sistema y un esquema robusto de financiamiento público que pudimos apartarnos paulatinamente del dominio del partido único que predominó durante la mayor parte del siglo pasado.
A pesar de la tentación inmediata que pudiera suponer borrar cualquier espacio que pudiera implicar la dispersión de poder en lugar de su concentración, sería pertinente que la presidenta actúe con mayor cautela. A menos de un año en el cargo, Claudia Sheinbaum ya enfrenta dificultades manteniendo a raya a sus adeptos para cumplir con su plan de gobierno. Este verano se evidenciaron fracturas en su movimiento, mismas que fueron calificadas por Ricardo Monreal como irreparables. El ímpetu y la ambición de asegurar espacios hacia la siguiente elección y la presión generada por Estados Unidos en diversos frentes seguirá evidenciando estas rupturas.
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El apoyo de los partidos aliados no es permanente o incondicional, como se observó con la aprobación de su reforma contra el nepotismo electoral. Pero es innegable que no puede prescindir de estas alianzas con aquellos partidos que precisamente lograron llegar al poder con este sistema y con las reglas actuales (y una que otra manipulación).
Con el anuncio de encuestas nacionales para recoger la opinión de la ciudadanía, vale la pena promover un diálogo nacional sobre lo que verdaderamente le duele a nuestro sistema electoral. Resultaría ocioso y hasta necio preguntarnos si preferimos que se gaste menos reduciendo el número de integrantes del Congreso y el financiamiento al que tienen acceso los partidos políticos. Más bien, es necesario conducir una discusión exenta de sesgos y lugares comunes que incorporen a todas las voces, incluyendo aquellas que tradicionalmente se abstienen de participar en política. Algunas de ellas ya se encuentran reunidas en espacios como el Plan México y el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Finalmente podrían reflexionar sobre los efectos del borrado institucional en el desarrollo y la competitividad.
Sheinbaum no puede permitirse un legado de sepultamiento de instituciones que, no solo han permitido garantizar derechos y libertades, sino que también permiten la creación de marcos de estabilidad y certeza que hoy resultan fundamentales ante un entorno global caótico y de incertidumbre. Un país sin estas garantías y cerrado a la competencia democrática no resulta atractivo para nadie en el mediano ni en el largo plazo. Al final, el poder se desgasta, la disciplina se rompe y el simple discurso deja de ser suficiente para mantener el apoyo.
La pluralidad nos conviene a todos. Hasta a la presidenta.
