Los peligros no siempre son tan evidentes como cuando una persona desenfunda un arma de fuego. En ese tipo de situación es claro que existe una amenaza real de daño físico. Las imágenes del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz evidencian de forma incontrovertida una sola cosa: el crimen organizado puede neutralizar para siempre a personas del círculo de colaboradores más íntimo de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La nueva autoridad criminal
Si el crimen organizado puede asesinar con impunidad a personas del círculo más íntimo de la jefatura de gobierno de la CDMX, entonces qué le espera a cualquier otra entidad o municipio.
@BaVargash
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El periodista Óscar Balderas, especialista en crimen organizado, fue de los primeros en apuntar —después de observar los videos publicados— que dicho asesinato contó con la marca de los grandes cárteles. Empezando por un altísimo nivel de profesionalismo en la planeación y ejecución.
Más allá de lo que evidencian las imágenes, este evento desentraña una realidad ominosa, un proceso aciago. No sólo expone la crisis de seguridad y justicia que carcome amplias parcelas del país; revela la caída del poder político del Estado mexicano en niveles nunca vistos. Muestra que las organizaciones criminales se posicionan de forma acelerada como las organizaciones políticas dominantes. Es un golpe de realidad brutal contra el discurso triunfalista de la Federación y sus datos inconsistentes. Me explico.
La construcción del régimen criminal
La violencia político criminal afecta con frecuencia a personas cercanas a las y los tomadores de decisiones. Muchas víctimas son funcionarios públicos de confianza, familiares o amigos de los depositarios del poder ejecutivo a nivel de los territorios locales. Son cercanos a las y los alcaldes. Podemos encontrar desde secretarias del ayuntamiento hasta cónyuges. Es una estrategia emocional para alinear a los municipios a los intereses del hampa. Esta situación tiene una explicación lógica. No solamente tiene que ver con que los municipios son clave para la construcción de regímenes criminales pues desde ellos se controlan recursos como las policías locales.
Lo que hace posible dicho proceso es la profunda debilidad institucional de los gobiernos municipales. Debilidad crónica. Histórica. Desde un principio, los municipios se concibieron como la unidad básica de desarrollo por su proximidad a las necesidades de la población. En teoría son un mejor espacio para la concertación, para identificar problemas endógenos y formular políticas a la medida.
En la práctica, sin embargo, han sido tratados como tapetes de la federación para capitalizar objetivos políticos sin recibir protagonismo en la agenda gubernamental. Por tanto, no cuentan con personal ni herramientas para contener la captura del crimen organizado. Solamente un puñado de municipios cuenta con buenas capacidades para mantener a raya la violencia. La realidad es que los grupos criminales son organizaciones políticas más potentes. Con mayor autoridad que muchos municipios.
Lo que sí es una rareza es cuando la violencia alcanza al círculo cercano de los ejecutivos estatales. Esto solamente ocurre en entidades federativas en donde parece que ya no basta neutralizar a los actores municipales para construir regímenes criminales y donde se requieren más recursos (policías estatales y fiscalías más robustas o recursos financieros más cuantiosos). De cara a las elecciones más violentas de la historia, vimos muy pocos ataques de esta naturaleza. Ahora recuerdo las agresiones a familiares de la gobernadora de Guerrero, Evelin Salgado, precisamente la entidad con más víctimas de violencia político criminal acumuladas a nivel nacional en los últimos seis años, de acuerdo con Data Cívica (256).
Un ataque en el punto neurálgico de la nación
Desde este punto de vista, lo que ocurrió en la capital del país da cuenta de una debilidad inédita del Estado mexicano. Para decirlo claro. La CDMX es la entidad con mayor peso político. Aquí están asentados los poderes de la federación. La jefatura de gobierno de la CDMX es el segundo cargo de mayor relevancia después del ejecutivo federal por la trascendencia política, económica y social de los asuntos que desahoga. No sólo eso. Es una de las entidades con supuestamente mejores capacidades institucionales. Con la policía más robusta del país. Con la mayor red de cámaras de videovigilancia. Con una fuerte presencia de la Guardia Nacional.
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Si el crimen organizado puede asesinar con impunidad a nada más y nada menos que a la secretaria particular y a uno de los principales asesores de la jefatura de gobierno de la CDMX, personas con un conocimiento de primera mano sobre los asuntos más relevantes de la capital del país y ejes claves para la gobernabilidad del territorio capitalino, entonces qué le puede esperar a cualquier otra entidad o municipio. No estoy haciendo una inferencia. Pero la reflexión cabe.
Al momento de escribir este texto todavía no dan con el paradero del autor material del asesinato de Ximena y José. Con cada día de impunidad se deteriora más la autoridad del Estado mexicano, y nos muestra el poder de la nueva autoridad criminal.
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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamete al autor.
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