#ColumnaInvitada | 3.5% a remesas

En esa propuesta y avalada en primera instancia por la Cámara de Representantes se incluye la aplicación de un 3.5% de impuestos al envío de remesas de parte de inmigrantes en situación irregular y con residencia permanente en Estados Unidos y a partir del 1 de enero del 2026.

A continuación, se detallan las principales propuestas de la iniciativa de ley:

1. Recortes fiscales significativos: Se propone la extensión permanente de los recortes fiscales de 2017, la eliminación de impuestos sobre propinas, horas extra e intereses de préstamos automotrices, así como el aumento de las deducciones estándar y del crédito tributario por hijos, con requisitos de ciudadanía.

2. Reformas en programas sociales: Reducciones significativas en Medicaid, incluyendo requisitos laborales más estrictos y recortes a subsidios de energía limpia.

3. Seguridad fronteriza e inmigración: Asignación de más de 140,000 millones de dólares para seguridad fronteriza, incluyendo 50,000 millones para completar el muro fronterizo y 45,000 millones para centros de detención adicionales.

4. Educación y préstamos estudiantiles: Eliminación de apoyos a préstamos estudiantiles implementados en administraciones anteriores y asignación de créditos fiscales para donaciones a instituciones educativas privadas.

5. Gasto en defensa y seguridad nacional: Aumento de 150,000 millones en el presupuesto de defensa y seguridad nacional.

6. Impacto fiscal: el proyecto podría añadir entre 2.5 y 3.3 billones al déficit nacional en la próxima década, según análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Se estima que el impacto del impuesto será de unos 2,266 millones de dólares, lo que representa solo 0.04% de los ingresos totales del Gobierno estadounidense en un año.

El proyecto legislativo enfrentó resistencia tanto de demócratas como de algunos republicanos en la Cámara de Representantes preocupados por el aumento del déficit y los recortes en programas sociales. Actualmente se encuentra en proceso de revisión en el Senado.

Las limitaciones al Medicaid es uno de los puntos de desacuerdo entre el ala centrista y conservadora del Partido Republicano. Los conservadores piden recortes más agresivos e inmediatos, mientras que los moderados están preocupados por las afectaciones que traerían a sus distritos.

En el Senado se identifica una creciente resistencia y sus opositores republicanos aseguran tener suficientes votos para frenar o cambiar la propuesta de ley, por las implicaciones en el aumento de la deuda nacional por cuatro billones (millones de millones) de dólares, en momentos en que el gobierno estadounidense se encuentra a semanas de entrar en un incumplimiento de pagos de su deuda de 36 billones de dólares (El Financiero, 26 mayo 2025).

Un impuesto del 3.5% a las remesas tendría un impacto entre los migrantes mexicanos, pues afectaría a 4.1 millones de los 12.7 millones que residían de manera irregular en el año de 2024.

De los 14,269 millones de dólares que llegaron a México por concepto de remesas durante el primer trimestre de este año, 1,269 millones de dólares llegaron a Michoacán, y es el estado con el mayor monto de este dinero. Jalisco recibió, entre enero y marzo de este año, 1,250 millones de dólares; y Guanajuato, una cifra de 1,218.3 millones, de acuerdo con datos de Banco de México (BBVA, 2025).

En Estados Unidos, actualmente hay aproximadamente 38 millones de personas de origen mexicano, según los últimos datos del censo. De este grupo, 31 millones forman parte de la fuerza laboral, siendo 21 millones ciudadanos y 10 millones residentes permanentes. Además, hay 5 millones de personas irregulares. Si la ley se aplicara hoy, 15 millones de personas tendrían que pagar el 3.5% del impuesto especial por el servicio de envío de remesas (BBVA, 2025).

La aplicación de un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por migrantes irregulares desde Estados Unidos plantea problemas jurídicos y económicos relevantes, especialmente en el contexto del artículo 25 del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y la posible invocación de una declaración de emergencia nacional por parte de la nueva administración republicana (The White House, 2025).

¿Viola el artículo 25 del T-MEC sobre doble tributación?

No necesariamente, pero depende del diseño legal del impuesto.El artículo 25 del T-MEC no es un tratado fiscal propiamente dicho, sino que reconoce la importancia de evitar la doble tributación y promueve la cooperación fiscal, pero no prohíbe expresamente impuestos a las remesas. Las disposiciones sobre tributación se remiten al marco de los tratados bilaterales fiscales —como la Convención entre México y Estados Unidos para evitar la doble imposición de 1992 (en vigor desde 1994).

Ahora bien, ese tratado fiscal se aplica principalmente a personas físicas y jurídicas residentes para efectos fiscales en ambos países, no a migrantes irregulares que no tienen estatus legal ni residencia fiscal reconocida en Estados Unidos. Por tanto, el impuesto a las remesas podría no considerarse violatorio de dicho tratado.

El secretario de Hacienda y Crédito Pública, Edgar Amador Zamora, detalló que las remesas para el 2024 cerraron en 64,700 millones de dólares, equivalentes, más o menos al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de las que el 99.1% se recibieron a través de transferencias electrónicas, es decir, es un mecanismo regulado, legal y transparente (Presidencia de la República, 16 mayo 2025).

El impuesto del 3.5% a las remesas no es solamente una propuesta técnica, sino un wicked problem en términos de política pública, que entrelaza la migración, la discriminación, la seguridad nacional, la cooperación internacional y los derechos económicos fundamentales. Su rechazo requiere una estrategia multinivel que combine acciones de un eficaz cabildeo en el Senado estadounidense —como el uso del filibuster y enmiendas restrictivas— con litigios judiciales por discriminación y violaciones constitucionales. A nivel diplomático, México y Centroamérica pueden presionar mediante canales bilaterales y foros internacionales y asumir compromisos en gestionar la emigración.

En el plano local y electoral, las autoridades estatales y municipales de ciudades fronterizas, al igual que los Consulados mexicanos y con alta población migrante (Texas, California, Arizona, Nevada, Illinois), pueden ejercer influencia sobre los representantes en el Senado, especialmente aquellos en reelección, demostrando que la medida afectaría negativamente el consumo local y las economías comunitarias. Esta medida no solo es fiscalmente regresiva, sino que representa un retroceso en los compromisos binacionales sobre desarrollo, migración y resiliencia. Su derrota debe asumirse como una prioridad estratégica regional que defienda la justicia económica, los derechos y los aportes económicos de las comunidades migrantes en América del Norte.

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Nota del editor: José María Ramos es especialista en relaciones México-EU Especialista en relaciones México-EU y Profesor del colegio de la frontera norte, Tijuana. Analista de gobernanza, políticas y gestión estratégica para el desarrollo y de la cooperación transfronteriza MexUS./ Dr. en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, España. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.