Con el boom de las redes sociales digitales, los actores de poder involucrados en los medios masivos de comunicación encontraron un terreno fértil de negocio para poner al mejor postor sus servicios de difusión. También, surgieron empresas manejadas por comunicadores que presumían de un buen manejo y generación de contenido “de cualquier tipo”. El auge y la demanda fue tan potente que los negocios que se cerraban eran de varios ceros a la derecha.
Las noticias desde un 'outlet', práctica común en la aldea digital

Había nombres que se mencionaban en los corredores empresariales y políticos. Antiguos comunicadores sociales de exgobernadores. También, personajes muy cercanos a las esferas políticas a nivel federal. Solo unos cuantos sabían a ciencia cierta quiénes movían los hilos de las noticias falsas, rumores y posts escandalosos que incluso hacían delincuentes a ciertos políticos.
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Pero el velo cayó la semana pasada cuando en Aristegui Noticias presentó un reportaje de largo aliento sustentado por cinco terabytes de información proporcionada por un antiguo empleado de Palomar, el brazo del golpeteo mediático y las noticias falsas de Televisa. También, una suerte de incubadora digital desde donde se impulsaban temas para incidir en el debate público.
Fábrica de narrativas
Desde un cuarto de guerra, mas no editorial, siempre existe un encargado de elegir los mensajes claves a comunicar. Ya sea desde información verídica o bien aquella que pueda manipularse. Por ejemplo, destacar datos de documentos o videos para enviar mensajes polémicos a la audiencia o que puedan fácilmente ser sacados de contexto.
Luego del diseño de los mensajes, el paso natural es saber dónde y cómo colocarlos. Las opciones son variadas: memes, noticias falsas, “filtración de información en columnas” o videos. Ese material es difundido en outlets o páginas de Facebook propiedad de Metrics, la empresa matriz que tenía convenios con algunas instituciones, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual durante la Presidencia de Arturo Zaldívar se dedicó a realizar, a través de un contrato multianual, análisis de redes con la intención de elaborar estrategias que generaran mayor cercanía con la ciudadanía.
Después, montar esa información fabricada en los diferentes outlets “informativos”. Ya montada, el paso final es segmentar la población que consumirá ese tipo de contenidos a través de un pautaje (el cual puede incluir fuertes cantidades de dinero) y lograr el objetivo deseado: sembrar la duda en ciertos sectores de la población sobre temas en específico.
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Por ejemplo, en los documentos filtrados a Aristegui Noticias se deja entrever que el Máximo Tribunal de México pagó 14 millones de pesos por la serie “Caníbal: indignación total”. Sin embargo, los derechos habrían quedado en manos de Javier Tejado Dondé, productor ejecutivo de la serie y quien sería la cabeza de Palomar. Incluso, Tejado Dondé figura como vicepresidente de la Oficina de Información a la Presidencia de Grupo Televisa en un documento del ya extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Recuerdos del 2018
Pero este tipo de operaciones no son nuevas. En las elecciones presidenciales del 2018, se llevó a cabo la “Operación Berlín”, la cual presuntamente estuvo comandada por el historiador y columnista Enrique Krauze. En esta, se produjo el documental “El Populismo en América Latina” en el que calificaba de populista y dictador al entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador.
Al igual que en #TelevisaLeaks, el escritor Ricardo Sevilla reveló con Carmen Aristegui que había trabajado durante 18 meses con un equipo de Krauze para armar una estrategia antilopezobradorista para descarrillar la estrategia presidencial del hoy exmandatario de México.
De acuerdo con Sevilla, fue reclutado por Krauze y pagado por Agustín Coppel, dueño de las tiendas Coppel, para elaborar notas periodísticas con poco rigor y un objetivo claro: hacer ver a López Obrador como un “peligro para México”. El resultado fue el documental antes citado, alojado en Amazon Prime Video y donde se ponía al expresidente de México a la par de políticos polémicos como el dictador venezolano Hugo Chávez.
Estos casos ponen al descubierto dos cosas. La primera es la falta de verificación de contenido por parte de las plataformas digitales. No existe un interés real por hacer un fact checking de las noticias que circulan en sus redes. Y aunque para poner en circulación anuncios políticos en la plataforma de Meta se pide una identificación oficial de quien será el encargado de la pauta publicitaria, la realidad es que es un mero trámite que no tiene trascendencia alguna.
La segunda es conocer quién o quiénes son los clientes de estos outlets, pues en el mercado informativo hay una gran demanda para este tipo de servicios. Falta saber si algún político o empresa paga por estos servicios o si simplemente los medios se enfocan en sus intereses comerciales y políticos.
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Nota del editor: Jesús Franco es Maestro en Comunicación Política y Pública. Colaborador del Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey . Síguelo en X: @soyfrancoromero IG: jjesusfranco Tik Tok: mxidentidad. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.