Desde hace décadas nos avocamos en construir instituciones que nos permitieran tener una democracia sólida, que estuviera al nivel de las mayores del mundo. Una de las principales tareas fue buscar la forma de poner límites al ejercicio del poder político, construir un sistema plural, incluyente y competitivo.
En la arquitectura democrática se proyectó un entramado institucional que equilibrara el ejercicio del poder, que garantizara los derechos de quienes viven en nuestro país, y que vigilara el cumplimiento del Estado de Derecho. Para ello se edificó una estructura institucional robusta, con órganos encargados de funciones específicas del Estado mexicano, que las desempeñaran de forma autónoma, imparcial y profesional. Así se crearon el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información, otras se fortalecieron como ocurrió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quien se le otorgaron facultades de control de constitucionalidad. Con el tiempo estas instituciones se modificaron, tanto en sus facultades como en sus nombres, aunque su esencia siguió siendo la misma.
En un principio, la nueva arquitectura institucional se puso en manos de los mejores y las mejores, se buscaba asegurar que su conducción fuera acorde al diseño que se elaboró. Con el tiempo, el gobierno y los partidos se dieron cuenta que funcionó, las instituciones cumplían su función, incluso al grado que muchas de ellas se volvieron incómodas, incluso se llegaron a convertir en una amenaza para los intereses políticos, pues desde ellas vinieron señalamientos de abusos del gobierno, grandes multas a los partidos políticos, ordenes de transparentar la información más comprometedora, entre otras decisiones.
El gobierno y los partidos se dieron cuenta no solo que funcionaban, sino que se les otorgó poder suficiente para trastocar los intereses del poder, por lo que optaron por incidir en ellas a través de los procesos de designación de sus integrantes, de impactar en la independencia de los tomadores de decisiones. El remedio funcionó, ya no se buscó que esta estructura de instituciones democráticas fuera conducida por las y los mejores, sino que fueran personas afines y leales quienes tomaran las decisiones en su interior, de forma que los intereses del gobierno y la clase política estuvieran seguros. Así nació una clase de servidores públicos que anteponían los intereses políticos y personales a los institucionales, aunque buscaban guardar las formas, poco a poco fueron restándole fuerza a estos órganos.