El periodismo tiene una función vital con la ciudadanía: mantener la transparencia de las democracias, pero existe un riesgo oculto cuando los medios cruzan la línea entre la pulsión de información (y las vistas digitales) a costa de la ética del oficio. Hay temas, como las desapariciones forzadas, que exigen mayores estándares éticos para la cobertura mediática.
El papel de los medios digitales en el caso Teuchitlán
La socialización de imágenes de familias buscadoras en redes sociales, sin autorización explícita, se hizo cómplice de la manipulación, posiblemente orquestada para cambiar la narrativa oficial.
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A principios del mes de marzo se dio a conocer el hallazgo por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco de un centro vinculado actividades del crimen organizado en el municipio de Teuchitlán. Desde el 2019, organizaciones periodísticas, como Quinto Elemento Lab, reportaban centros de adiestramiento y exterminio en Tala, municipio colindante con Teuchitlán. Alejandra Guillén y Diego Petersen de Quinto Elemento Lab, y Marcela Turati, fundadora de Periodistas de a Pie, han realizado piezas periodísticas de investigación que imponen estándares altos en la agenda nacional; en especial con el acompañamiento de medios informativos con las familias de las personas desaparecidas.
Desafortunadamente, la mayoría de los medios de comunicación masiva no tiene la intención de realizar las coberturas informativas sobre estos temas con la misma ética que el periodismo de investigación. El narco y el crimen organizado reciben mucha atención mediática, además de permear en el entretenimiento y contenidos audiovisuales. Es importante que en las agendas mediáticas no se confunda la necesidad de justicia con el sensacionalismo.
Por ejemplo, en redes sociales destacan perfiles que han migrado de ser reporteros de ciudad (y nota roja), a construir plataformas independientes sobre temas de crimen. Algunos ejercen su libertad de expresión al margen de la ley, pero es una generalidad en el medio que se realicen prácticas que son riesgosas para la integridad de los mismos reporteros y que están fuera del marco ético esperado. Las investigaciones documentales son fundamentales, en especial si se realizan a partir de pruebas emitidas por autoridades. Pero es diferente obtener información de fuentes oficiales que utilizar filtraciones, por parte de las fiscalías, de las carpetas de investigación abiertas.
El fenómeno de las filtraciones y mal uso de la información oficial se ha exacerbado con las redes sociales. Medios de comunicación tradicionales, como periódicos sensacionalistas, han explotado la diseminación masiva que se genera en plataformas digitales para socializar contenidos que revictimizan crímenes de lesa humanidad. La viralización de las fotos de las víctimas, las que son tomadas como pruebas durante las investigaciones por parte de las fiscalías, no tienen el propósito de promover la transparencia de los órganos del poder judicial. La estrategia de las filtraciones por medio de redes sociales tiene una agenda oculta de desestabilizar las investigaciones para entorpecer el proceso judicial. En el peor de los casos, se hace por un móvil económico y no de carácter ciudadano.
La diferencia que hizo la revelación de los materiales audiovisuales de Teuchitlán fue que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco detonó la socialización de sus propios hallazgos en plataformas digitales, que después fueron retomadas por los medios de comunicación. La dimensión del trabajo de esta organización está por encima de las necesidades de los perfiles en redes sociales por “cubrir la nota”. Los medios tradicionales también rebasan la línea de ética, pero en diferente medida por la auto censura que existe alrededor de las notas de crimen organizado; en este caso, las editoriales tendenciosas, tanto del lado oficialista como de la oposición, contaminan el propósito de justicia para las víctimas y sus familias.
Medios de comunicación, parte del problema
Durante la conferencia de prensa que dio Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, el pasado miércoles 19 de marzo, invitó a colectivos buscadores de personas desaparecidas y medios de comunicación para que se reunieran al día siguiente en el Rancho Izaguirre. Esto como respuesta de la FGR hacia los señalamientos de exclusión y atropello de los derechos del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Todo lo que ocurrió ese jueves 20 de marzo deja mucho para reflexionar sobre la participación de los medios de comunicación cuando el propósito de la cobertura es el alcance mediático, sin tomar en cuenta la dignidad de las familias buscadoras.
Marcela Turati y María Idalia Gómez comentaron en entrevista con Carmen Aristegui que el lugar se habría modificado antes de abrir sus puertas a medios de comunicación. Entre reporteros y familias de las víctimas habían llegado alrededor de 500 personas, que no tuvieron un protocolo de entrada y salida del rancho Izaguirre. Turati señaló que los corresponsales presentes no tuvieron cuidado para indagar en el sitio, además que algunos reporteros abordaron a las familias buscadoras sin tacto alguno, haciéndoles preguntas sin el menor ápice de empatía.
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Las consecuencias de este desafortunado evento se podían ver casi en tiempo real en redes sociales, desde las cuentas de los mismos reporteros que cubrían este hallazgo como si se tratara de una trama policiaca. La socialización de imágenes de las familias buscadoras en plataformas digitales, sin autorización explícita, se hizo cómplice de una manipulación mediática, posiblemente orquestada para cambiar la narrativa oficial sobre Teuchitlán. El morbo, los discursos de odio y las opiniones de personas sin calificación técnica para determinar un peritaje, han sido más protagonistas que las propias víctimas del crimen organizado en las conversaciones de redes sociales. Los medios de comunicación, que deberían ser aliados de la ciudadanía, desplegaron todas las malas prácticas y vicios de cobertura que proliferan en plataformas digitales.
Es importante recordar que los medios de comunicación, tradicionales o digitales, son una herramienta para que la ciudadanía ejerza sus derechos dentro de las democracias. Los corresponsales digitales, tanto reporteros como influencers informativos, no son justicieros que pueden pasar por encima del derecho a la privacidad y la justicia de las víctimas y sus familias. Y tampoco los usuarios en redes sociales deben desentenderse de su responsabilidad al usar las plataformas digitales. Estamos construyendo aparatos de desinformación que son muy riesgosos para el debido proceso de la impartición de justicia; debemos ser críticos con los medios que observamos, dirigimos y consumimos como ciudadanos.
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Nota del editor: Alejandra G. Marmolejo es profesora de ciencias sociales en el Tecnológico de Monterrey y miembro del Observatorio de Medios Digitales . Síguela en Threads como @alegmarmo. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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