Desde el inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que la seguridad sería uno de los principales ejes de su gobierno. Cuatro momentos así lo demuestran: i) el nombramiento de Omar García Harfuch como secretario de seguridad federal, un perfil mucho más preparado que sus homólogos del sexenio anterior; ii) la presentación de la Estrategia Nacional de Seguridad, apenas ocho días después de haber asumido el cargo; iii) la reciente presentación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y; iv) el aumento drástico de detenciones, aseguramiento de armas y drogras, y de enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas del orden federales.
#ColumnaInvitada | México, EU y el viraje en la estrategia de seguridad
Por primera vez en seis años parece haber una estrategia que pretende mejorar las condiciones de seguridad en el país y que ataca frontalmente a las organizaciones criminales.
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El 20 de enero, Donald Trump asumió como presidente de Estados Unidos para su segundo mandato y las presiones en materia de seguridad aumentaron cuando puso el foco sobre el fentanilo y amenazó con imponer aranceles de 25% a las exportaciones mexicanas. A esto siguió la declaratoria de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
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Los resultados de estos eventos conjuntos son visibles: entre el 1 de octubre de 2024 y el 24 de febrero de 2025, se han detenido a 13,139 generadores de violencia, se han asegurado más de 6,500 armas, se han destruido 329 laboratorios utilizados para elaborar drogas sintéticas y se han asegurado 112.8 toneladas de drogas, entre ellas 1,324,924 pastillas de fentanilo. También se ha detenido a 12 “objetivos prioritarios” (es decir, criminales de alto perfil generadores de violencia en México, traficantes de droga a Estados Unidos y líderes de organizaciones criminales mexicanas).
Aunado a ello, el 27 de febrero se anunció la entrega al gobierno estadounidense de 29 narcotraficantes considerados prioritarios, entre los que destacan Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el “Z-40” y el “Z-42”, respectivamente, así como Rafael Caro Quintero. Una medida muy celebrada por el gobierno, los medios y la opinión pública en Estados Unidos y México, y que marcó una ruptura completa con la política de “abrazos, no balazos” del sexenio anterior.
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En primer lugar, los resultados de la política de seguridad de México se convertirán en la carta de negociación más valiosa contra la política arancelaria de Trump. En segundo, es un buen mensaje para las audiencias en ambos lados de la frontera: golpes contundentes al crimen organizado después de un sexenio de abandono en la materia.
Sin embargo, los cárteles son organizaciones vivas que se transforman y adaptan, por lo que persisten riegos: i) un aumento en la violencia debido al miedo de los criminales a ser detenidos y, por lo tanto, entregados a Estados Unidos; ii) un aumento de la violencia debido al descabezamiento de organizaciones, y iii) el florecimiento de otras organizaciones que hoy ocupan posiciones secundarias.
En referencia al segundo punto y con base en las acciones del gobierno hasta el momento, podríamos suponer que la prioridad del gobierno mexicano es mermar al Cártel de Sinaloa, particularmente por la violencia desatada en ese estado, que puede desplazarse hacia otras entidades, así como por su gran participación en el tráfico de fentanilo. El segundo en nivel de prioridad sería el Cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje es positivo, ya que pareciera no existir una preferencia del gobierno por una organización, aunque enfrentar a dos organizaciones a la vez sería muy desafiante para las capacidades gubernamentales.
Persisten, además, entidades en que la violencia ha aumentado en el último año. El número de víctimas por homicidio doloso aumentó en 10 entidades entre enero de 2024 y enero de 2025: 312.0% en Tabasco, 180.8% en Sinaloa, 146.9% en Aguascalientes, 97.6% en Tlaxcala, 48.3% en Nayarit, 45.5% en Hidalgo, 43.2% en Guanajuato, 33.7% en San Luis Potosí, 19.9% en Puebla y 10.8% en la Ciudad de México.
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El reto de pacificar esas entidades es mayúsculo y las estrategias parecen quedar cortas. Las dos leyes antes mencionadas (la de Seguridad Pública y la de Inteligencia) parecen buenos mecanismos para intentar homologar a las fuerzas del orden y los sistemas de inteligencia de estados y municipios. Sin embargo, para que puedan ser efectivas y dar los resultados esperados, deberían estar acompañadas de presupuesto y capacidades técnico-operativas que, al menos por ahora, no parecen estar contempladas.
En conclusión, se puede celebrar que por primera vez en seis años parece haber una estrategia que pretende mejorar las condiciones de seguridad en el país y que ataca frontalmente a las organizaciones criminales. Sin embargo, enfrenta aún retos significativos en su implementación y tiene áreas de oportunidad. En ese sentido, sería muy importante que estos esfuerzos a nivel federal se complementaran con estrategias para atender los desafíos locales, pues los municipios son donde se encuentran las raíces de los principales problemas de seguridad en México.
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Nota del editor: Saulo Dávila (@SauloDavila) es consultor especializado en seguridad pública en Integralia (Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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