La Ley de Seguridad Interior original se aprobó en 2017 con impulso del entonces presidente Peña Nieto y con la incidencia del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Morena, en ese entonces, se opuso fervientemente y la Suprema Corte tumbó la ley en 2018 por considerar que ampliaba de manera indebida las facultades y el margen de actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, sin establecer límites claros. Desconozco si el proyecto legislativo para revivir esa ley que, según La Jornada, “preparó” la Sedena es la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados, o si se tratará de otra legislación aparte.
Sin embargo, destaco tres aspectos relevantes de esta noticia. Primero, antes, era poco común que funcionarios castrenses concedieran entrevistas a medios. La comunicación de las Fuerzas Armadas, en general, se gestionaba por medio de los secretarios de Marina y Defensa junto con las vocerías de ambas instituciones. Hoy, llama la atención que un elemento militar de alto rango le conceda una entrevista a un medio y no a cualquiera, sino al periódico predilecto del oficialismo, lo cual muestra una de dos cosas: la entrevista se gestionó con el visto buena de la Presidencia de la República, que se sintió cómoda dando oportunidad a que el Ejército revelara con toda naturalidad que está “preparando” una ley, o bien los militares actuaron por cuenta propia sin visto bueno del Ejecutivo y aún así se sintieron empoderados para revelar al medio oficialista que ahora son legisladores.
Yo me inclino por la primera opción. Sin embargo, lo importante es destacar que el Ejército nunca dejó de operar políticamente e incidir legislativamente a favor de sus intereses, pero lo hacía de manera discreta. Ahora, su participación política ha alcanzado un nuevo nivel, en el que las Fuerzas Armadas se sienten cómodas no sólo incidiendo en el Congreso, sino directamente diseñando una legislación y, por si fuera poco, presumiendo esa legislación en la esfera pública.
Además, llama la atención que el personaje que concedió la entrevista a La Jornada sea nada más y nada menos que uno de los encargados de diseñar y proteger la doctrina militar del Ejército mexicano. Es decir, un ideólogo de las Fuerzas Armadas está diseñando una ley que definirá el rumbo de la seguridad pública en México. A ese grado hemos llegado.
La segunda noticia que ocurrió la semana pasada es que la presidenta Sheinbaum anunció que la construcción del tren que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pasará a manos de los ingenieros militares “debido a los retrasos del concesionario original”. De acuerdo con el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, gracias al trabajo del Ejército, el tren se inaugurará a mediados de este año.
“Seis años después de construir vías férreas, ya tenemos experiencia técnica y capacidad instalada para hacerlo”, dijo Vallejo de manera confiada. Y agregó: “Cada peso invertido en obra pública (construida por el Ejército) ha sido cuidado, ha sido entregado y está funcionando” y puso como ejemplo de ello al Tren Maya.
Las declaraciones de Sheinbaum y Vallejo son muy preocupantes. Queda claro que la presidenta, al igual que su antecesor, encuentra una solución eficiente y fácil en entregarle la construcción de obra pública al Ejército cada vez que un proyecto de infraestructura avanza más lento de lo que le gustaría.
