Algunos ejemplos son los siguientes:
- El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) tiene en sus bases de datos a una cantidad cercana a los 8 millones de personas no reguladas, que podrían ser susceptibles de deportación, pero que están en alguna etapa de sus procesos jurídicos, es decir, cientos de miles de ellos están en posibilidades de litigar y pelear por su permanencia en la Unión Americana, lo que obliga a la administración Trump a fortalecer sus estructuras administrativas, abogados y esperar a la determinación de los jueces.
- Cerca de 5.8 millones de personas inmigraron a este país en la administración Biden y están en alguna etapa de revisión de sus casos o tienen un estatus provisional. Retirar el estatus de estas personas también requiere de una inversión cuantiosa para su gestoría.
- Hay poco más de 1.4 millones de inmigrados que tienen una orden de expulsión. La administración Trump no tiene los medios suficientes para realiza una búsqueda, detención, tramitación y expulsión, especialmente porque muchas de estas personas se van a esconder ante el clima de miedo generado por estas políticas. Cada búsqueda y aseguramiento implicará una inversión que no existe.
- Hay más de 1.1 millones de inmigrados protegidos por un Estatus de Protección Temporal, y que trabajan formalmente en este país. Su expulsión pasaría por la cancelación de dicho estatus, lo que también supone un esfuerzo de medios y tiempo.
- Finalmente, se encuentran cerca de 900,000 personas que han tramitado su ingreso a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Esta población de solicitantes posiblemente sea una de las ofertas que Trump si pueda cumplir en forma inmediata pues la mayor parte no ha ingresado al país.
- Cerca de 550,000 personas protegidas bajo el Proceso para haitianos, venezolanos, nicaragüenses y cubanos (CHNV por sus siglas en inglés). El caso de los cubanos tiene un componente político que apunta a serias complicaciones para realizar una deportación masiva.
- Los inmigrados protegidos por la Acción Diferida para los que arribaron en la infancia a Estados Unidos (DACA). Los denominados dreamers son un grupo que suscita simpatías incluso entre los propios republicanos por lo que el consenso para su eventual deportación va a pasar por grandes dificultades.
No hay duda de que Trump quiere cumplir su promesa de una deportación masiva, pero es un presidente que tiene sólo cuatro años para lograr la hazaña de deportar a más de 11 millones de inmigrados. Análisis conservadores de diferentes actores, incluidos colectivos de protección a migrantes estiman que, si se lograra la deportación de un millón de personas al año, el costo estaría por arriba de los 960,000 millones de dólares y el plazo para lograrlo sería más de una década. La oferta de Trump es una fantasía. Adicionalmente, las deportaciones se van a verificar con el ingreso de más migrantes, muchos de los cuales van a lograr pasar la frontera a pesar de las políticas de represión y contención.
Para lograr algo parecido a sus deseos, Trump debe rediseñar su política de deportaciones:
Su política es de inversión en la represión y contención fronteriza. Tiene que invertir masivamente en administración migratoria en un sistema que en la actualidad es disfuncional, lento y obsoleto. Esta iniciativa supone varios años para generar un sistema sólido y efectivo de detección, procesamiento y expulsión.
