Mucho se ha dicho que, al desmantelar el andamiaje de contrapesos que se construyó durante la transición a la democracia, Morena ha alcanzado un nivel de poder inusitado y ha inaugurado un nuevo régimen autoritario, incluso una tiranía constitucional. Algunos, incluso, dicen que México está regresando a los tiempos del PRI hegemónico.
Morena es menos poderoso de lo que parece (primera parte)
Me parece que es necesario desafiar estos análisis o, al menos, repensarlos y matizarlos. Es cierto que la oposición está debilitada y su presencia en el Congreso es casi testimonial. Es verdad que Morena ha cambiado tanto la Constitución que, en la práctica, ha fundado un nuevo régimen constitucional. También es cierto que, con las reformas para desmantelar los órganos autónomos, menguar la independencia judicial y fortalecer a las Fuerzas Armadas, la coalición gobernante ha concentrado un enorme poder para ejercerlo de manera discrecional, opaca y con muy pocos obstáculos legales, políticos e institucionales.
No obstante, a pesar de todo ello, la coalición morenista no tiene, ni de cerca, el poder que el PRI logró consolidar —al menos no todavía— y, pese a que estamos ante un modelo de gobierno crecientemente autoritario, se trata de un Estado con pocas capacidades reales de ejercer el poder que le otorga la letra de la ley.
Una cosa es concentrar facultades y responsabilidades en el gobierno federal y otra cosa bien distinta es contar con las capacidades reales para ejercer de manera efectiva el poder.
Aclaro: no estoy diciendo que la coalición morenista es poco poderosa, pero sí estoy argumentando que es menos poderosa de lo que parece, toda vez que, al menos por el momento, carece de los mecanismos, las capacidades y las habilidades para ejercer a cabalidad el gran poder que está concentrando.
Como bien dice Humberto Beck , hay dos factores que reducen enormemente el poder real de la coalición morenista y la posibilidad de que el Estado (civil) ejerza sus facultades a cabalidad. El primero de ellos es el crimen organizado; el segundo, las Fuerzas Armadas.
Las organizaciones delictivas son los entes reguladores de la vida económica, política y social en diversas regiones de México. Dictan las normas y los códigos de conducta en las comunidades; cobran impuestos informales y paralelos a los del Estado (extorsión, derechos de paso y de piso, imposición de cuotas a comerciantes y demás); se apropian de negocios formales (gasolineras, gimnasios, tiendas en centros comerciales, etc.), informales (como el comercio callejero, los mercados, los franeleros y demás) e ilegales (tráfico de personas, venta de drogas, secuestro, contrabando y demás); e influyen en la política local mediante el financiamiento de campañas, la selección de candidatos, la cooptación, la amenaza y la violencia.
En suma, en algunas regiones del país, hay una estructura criminal, paralela al Estado, que maneja tajadas importantes de la vida colectiva de las comunidades. En otras regiones, el crimen organizado de plano es el poder real que controla el territorio e instaura esquemas de extracción de las economías locales por medio de la violencia.
En todas esas áreas del país, la coalición morenista es incapaz de ejercer a cabalidad el poder que la ley le confiere. Inclusive, en varias zonas donde los gobiernos locales o las autoridades federales negocian con los grupos criminales, quienes llevan la sartén por el mango son las organizaciones delictivas, no los representantes del Estado.
En segundo lugar, la continua asignación de facultades, responsabilidades y recursos a las Fuerzas Armadas puede servir para fortalecer al Estado, pero no en todos los casos a la coalición morenista. El Ejército y la Marina tienen sus propios intereses. A veces coinciden con los de Morena y en otras ocasiones, no.
Por ejemplo, es probable que a la presidenta Sheinbaum le gustaría entregarle aún más facultades y poder discrecional a su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero es imposible hacerlo, pues las Fuerzas Armadas tienen un nivel desproporcionado de incidencia en la política de seguridad del gobierno federal. Asimismo, para la presidenta resultaría casi impensable enfrentarse al disgusto de los cuerpos castrenses en caso de que deseara retirarles el jugoso negocio del control de aduanas, puertos y aeropuertos, pese a que probablemente una institución civil especializada realizaría de manera más efectiva esta labor.
Además, diversas políticas de López Obrador debilitaron al Estado y comprometieron a su sucesora a desviar esfuerzos y recursos para concluir proyectos de alta rentabilidad político-electoral, pero muy baja rentabilidad económica y social, como el Tren Maya, Dos Bocas y la refundación desastrosa del sistema público de salud.
Sin embargo, hay algunos elementos adicionales para explicar por qué la coalición morenista tiene menos poder real del que parece: primero, por su poca pericia para ejecutar sus políticas públicas; segundo, por su inflexibilidad para adaptarse ante las coyunturas cambiantes; tercero, por su poca disposición para negociar; y cuarto, por la ausencia de mecanismos de política informal para aplicar sus políticas a ras de tierra. Todo esto distingue a Morena del PRI clásico. Sobre esto hablaré en mi siguiente columna.
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Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.