No es normal que nos acostumbremos a temas que son ajenos a una normalidad democrática. En particular quiero llamar la atención sobre el hecho de que haya autoridades de cualquier naturaleza que se atrevan a llamar a la rebeldía, a la desobediencia, al desacato de órdenes judiciales. No podemos ser tolerantes ante este tipo de expresiones y acciones que en el fondo provocan el rompimiento del esquema de mínimas condiciones de convivencia constitucional. Nadie lo debe permitir y menos promover.
#ColumnaInvitada | La ley de la selva
Las órdenes judiciales pueden no gustar, pueden parecer extremas, se pueden interpretar como inaplicables, pero no se pueden dejar de observar.
@JuanFTorresLand
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En el momento en que hay personas que se erigen como determinantes de si una orden judicial tiene mérito o no de ser obedecida, estamos viendo en tiempo real cómo se desmorona la condición más esencial del Estado de Derecho. Las órdenes judiciales pueden no gustar, pueden parecer extremas, se pueden interpretar como inaplicables, pero no se pueden dejar de observar. Existen medios de impugnación de cualquier orden judicial para que en efecto organismos de mayor jerarquía procedan a la revisión de la orden original y determinen si en efecto hay defectos o problemas en cuanto a su procedencia. Pero mientras esos mecanismos de evaluación se agotan, la orden judicial se debe observar en sus términos, ni más ni menos. Y sin embargo eso no está sucediendo y es sumamente grave.
Los eventos referidos son preocupantes en cualquier circunstancia, pero hay agravantes que se deben destacar. Y es que en los hechos quienes han estado provocando este nivel de rispidez y ruptura institucional no son cualquier persona sino directamente los titulares de la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados. Así hemos visto en forma concertada que Claudia Sheinbaum Pardo, Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal Ávila han venido diciendo en las últimas semanas que se deben desoír y no obedecer ya cientos de distintas órdenes judiciales por el simple hecho de que en su concepto no son compatibles con sus agendas, iniciativas y propuestas de cambios. En los hechos se han encargado entonces de erigirse como hiper autoridades que no deben responder frente a nadie y frente a nada. Es la vorágine de las instituciones. Es la más absurda y voraz forma de extinguir el orden.
Aunque hubo una enorme expectativa de que la nueva Presidenta procedería a moderar sus dichos y hechos para contrastar con los excesos y abusos de su predecesor, en menos de un mes hemos constatado con lo visto hasta ahora que siempre se puede estar peor. Aunque hubo determinaciones muy graves en el pasado reciente, como decir “no me vengan con que la ley es la ley”, no se atrevieron a decir que las órdenes judiciales no se obedecieran.
Pues ahora la Presidenta actual sí lo está diciendo y promoviendo. No es exagerado decir que ella y sus incondicionales han provocado una de las peores situaciones de crisis constitucional y que en lugar de preocuparle les parece aceptable y deseable. En los hechos han desplazado la división de poderes y supeditado a los jueces a lo que el gobierno determine como viable o no.
Y es que tales expresiones hacen ver la real y única motivación detrás de la infame reforma judicial que provocará precisamente que ya no tengamos juzgadores que se atrevan a contradecir al gobierno. Y no lo harán porque bien serán incondicionales que serán electos de entre quienes autorice el propio gobierno, o si se llega a colar alguno independiente, tendrán el Tribunal de Disciplina Judicial para reprimir a quienes osen ser autónomos de criterio.
Nos están diciendo en base a lo que dicen y hacen que les urge tener tribunales en que solamente tengan entre los suyos a clones de personas como Lenia Batres o Loreta Ortiz. Ideología y sumisión como claves de la permanencia en el uso de togas, nada de jueces molestos que protegen a minorías, grupos marginados y derechos humanos fundamentales.
Estamos así entrando a un túnel muy oscuro que solamente se podría referir como el de la ley de la selva porque es una cuestión de tiempo para ver que ya no tenemos un verdadero sistema constitucional de pesos y contrapesos. Nada de eso. Lo que México va a tener es un sistema de imposiciones desde el poder sin que nadie se pueda oponer, aunque haya serias violaciones a derechos individuales. No estamos exagerando.
Al parecer el único contrapeso que queda es el de la realidad que va a detonar una crisis económica que le dé al traste a sus planes de dominación a base de programas sociales porque las finanzas públicas no permitirán seguir cooptando a enormes sectores sociales que dependen exclusivamente de tales beneficios económicos para favorecer a Morena en las boletas. Pero será el pueblo el que quite del poder a quienes han abusado sistemáticamente y que está llegando a niveles no vistos hace más de 30 años. Habrán de pagar su osadía de haber llegado por la vía democrática y pretender que nadie más lo haga para conservar su dominio en la vida política nacional.
Querer tirar la escalera democrática los desnuda como lo que son, enemigos de la nación y carentes de legitimidad o confianza alguna. No podemos caer en la vorágine que han detonado. La población habrá de defender sus libertades e instituciones con absoluta entereza.
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Un llamado especial para que la Suprema de Corte de Justicia de la Nación ya no se demore en la resolución de los expedientes contra la reforma judicial. Es vital que el máximo tribunal determine si por forma, fondo o ambos dicha reforma es compatible o no con la Constitución. Y dadas las circunstancias es prioritario que dicha determinación se genere antes de que el oficialismo pueda reclamar que no procede por haberle retirado dicha facultad al propio tribunal (aún y cuando esta adicional reforma se pueda impugnar también). Debemos evitar que prevalezca la ley de la selva, pues los enemigos del bien se quieren despachar con la cuchara grande.
P.D.1. Ya inició el procedimiento judicial en EUA contra el Mayo Zambada. En función de lo que pasó en el caso de Genaro García Luna, están temblando numerosos políticos que han tenido contactos evidentes con el Cartel de Sinaloa y otros más. Bajo el estándar de condena para el ex funcionario del gobierno de Calderón, muchos podrían caer. Llamaría la atención del caso del anterior Presidente que tiene varias fotografías con miembros de organizaciones delincuenciales y al menos 8 visitas a Badiraguato. Al tiempo.
P.D.2. Tristemente se siguen enlutando muchas familias que sufren los embates de la violencia. La constante actitud por parte del gobierno federal de minimizar la crisis de inseguridad únicamente pone de manifiesto su incapacidad para resolver los graves problemas que impactan a la mayoría del país. Nuestra mayor solidaridad con las personas que siguen sufriendo de esta locura de ingobernabilidad. Los tiros se escuchan cada vez más cerca.
P.D.3. Estemos muy atentos a lo que suceda en la elección en los Estados Unidos. Ciertamente lo que ahí se decida tendrá repercusiones a nivel mundial por todos los enormes problemas que existen en zonas de China, Ucrania, Medio Oriente, y tantos otros lugares. Pero para México es definitorio porque se ven venir tiempos complicados por ser un eslabón débil en la cadena de expoliación política que se ve en los dos candidatos en Estados Unidos.
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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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