La reforma de López Obrador, aprobada sin discusión alguna y por supuesto sin tomar en cuenta lo que expertos tanto judiciales como electorales opinaran, no solo dinamita al poder judicial, también trae consigo un reto mayúsculo en materia electoral, que no se ve en ningún otro país.
Con esta reforma, se tendrán que elegir más de 1700 cargos del poder judicial. De éstos, casi 900 tienen que elegirse en 2025ª nivel nacional. Entre los que se eligen el próximo año están los nuevos 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia y los Magistrados Electorales.
Para esta elección inédita, cada votante tendrá que elegir hasta 39 cargos, de casi 300 candidaturas posibles. Un galimatías absolutamente ilógico. Para ello, el INE calculó que se requerían casi 172,000 casillas por ser una elección nacional. Prácticamente lo mismo que para la Presidencial de 2024.
Con base en el tamaño de la elección judicial, y considerando que además se tienen los procesos electorales locales de Durango y Veracruz, el INE solicitó un presupuesto acorde a las implicaciones del reto. Pero el presupuesto le fue recortado en prácticamente una tercera parte.
El argumento para el recorte es que es demasiado dinero. Pues sí, claro que es demasiado dinero. Recursos que no tendrían por qué gastarse, de no ser por la brillante idea de hacer una reforma regresiva que ahora obliga a tener elecciones para el poder judicial.
Pero eso no es culpa de las autoridades electorales, es culpa de quienes impulsaron y aprobaron esta reforma, sin atender todos los análisis y argumentos que evidenciaban por qué esta reforma no solo no era necesaria, tampoco positiva.
Ahora, desde la 4T se denuesta al INE por pedir tantos recursos, y se reta a probar por qué se requiere tanto dinero. Espetando, además, de que ni siquiera se trata de una elección tan importante como la presidencial de junio pasado.
En las críticas y en las quejas de la 4T sobre el presupuesto para la elección judicial queda más que demostrado que, por un lado, no consideran de ninguna manera al poder judicial como relevante, a pesar de ser de los tres establecidos en la Constitución y que dan forma a nuestra república.
Por otro lado, dejan ver con gran claridad que realmente no les importa que los ciudadanos tengan las condiciones necesarias para elegir a uno de los tres poderes de la Unión. Elegir a la nueva Corte es tan importante como elegir a la Presidencia de la República, o a Senadores y Diputados.
Pero en esta nueva etapa política del país, ya no importan los principios originarios de nuestro sistema democrático, ya solo importa uno de los tres poderes, al cual deberán supeditarse los otros dos, en todos los sentidos.
El resultado del recorte presupuestal es preocupante. De las más de 170,000 casillas necesarias para la multitud de cargos a elegir, tanto federales como locales, el INE sólo podrá instalar 80,000, poco más de la mitad.
Esto implicará que se complica aún más un proceso ya por naturaleza complicado. Los votantes tendrán que elegir más cargos por casilla que los originalmente previstos. Si en condiciones normales esta elección era tardadísima y retadora, con este recorte presupuestal se duplica la complejidad.
No se considera todo lo que se requiere para organizar una elección de este tamaño, en los tiempos innecesariamente cortos que da la reforma. Mucho menos se considera que quienes la organizan son ciudadanos, y que todo el personal involucrado debe tener un salario.
Adicionalmente, ni siquiera se están abordando los problemas realmente estructurales del presupuesto que se otorga al INE. Lo realmente oneroso es el gran subsidio que se le da a los partidos políticos.
Si hay algo que cuestionar en el presupuesto electoral son las prerrogativas a los partidos. Desde hace muchos años es urgente revisar el modelo de financiamiento de partidos en México. Sobre todo a la luz de lo desconectados que están todos los partidos de la realidad del país.
