Supremacía constitucional, un golpe legislativo a los derechos ganados

Estos mecanismos, fortalecidos durante la reforma judicial de 1994, tenían un propósito necesario para la democratización del régimen político: ofrecer a la ciudadanía y a las fuerzas opositoras herramientas para proteger sus derechos ante abusos de poder. Asimismo, buscaban transformar la Suprema Corte en un verdadero contrapeso, impidiendo que siguiera siendo el “poder de tercera” que fue durante los gobiernos del PRI. Así, finalmente la Corte, con estos poderes de revisión, se convirtió en un jugador con veto efectivo en el sistema político.

Lee más

voces

#ColumnaInvitada | La Corte en tiempos reacios

La propuesta actual representa un severo ataque al marco constitucional de derechos y a la división de poderes. Al eliminar la posibilidad de que la ciudadanía y la oposición impugnen reformas constitucionales, se priva a la sociedad de la capacidad de cuestionar cambios que pueden afectar nuestros derechos humanos. Esto incluye, por ejemplo, la reforma judicial que amenaza con desmantelar la independencia del Poder Judicial y el sistema de carrera judicial, pilares esenciales de un Estado democrático de derecho.

Este retroceso coloca a México en una preocupante situación de similitud con regímenes autoritarios como los de Venezuela, Nicaragua o Turquía, donde el poder se ha concentrado en manos de un único grupo mediante la captura de la Corte constitucional y la anulación de sus poderes de revisión. Sin una Corte independiente y sin mecanismos de control judicial, el Estado, que debería estar compuesto por tres poderes con poder de veto, se convierte en un ente monolítico, hoy bajo el dominio de Morena en el legislativo y el ejecutivo.

Lee más

voces

#ColumnaInvitada | ¿Y por qué la Corte no usa su poder ante la reforma judicial?

Este tipo de régimen político tiene un nombre en la ciencia política: se llama autoritarismo, que, según su autor más representativo, el politólogo Juan Linz, es un régimen político con pluralismo limitado. Esto es, en donde un solo grupo toma las decisiones sin considerar a las minorías. Con la reforma propuesta, México se desliza aún más hacia un sistema donde se ignoran las voces disidentes y se restringen los derechos.

El grupo político que obtuvo el 54% de los votos ha logrado manufacturar una mayoría artificial que detiene de tajo el complicado y atropellado proceso de democratización en México, pero también los derechos ganados y da un golpe legislativo para desmantelar al poder que, por definición, esta ahí para defender a las minorías. En este contexto, es urgente apoyar la defensa del Poder Judicial y de la democracia en su conjunto.

____

Nota del editor: Azul A. Aguiar Aguilar es presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP). Síguela en X ( @azulaguiar ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.