Togas, justicia y democracia: el Poder Judicial que necesitamos

Primera, debido a que tanto la ciudadanía como la oposición han recurrido a los jueces, juezas y ministras(os) para revisar la constitucionalidad de leyes aprobadas por el oficialismo, las cuales consideran que vulneran sus derechos. Segunda, debido a los ataques cada vez más recurrentes a la Corte y los jueces desde el pódium presidencial. Y, finalmente, la Corte y el Poder Judicial se han vuelto actores centrales frente a una propuesta de reforma, enviada por el presidente, respaldada por su partido y, muy importante, avalada por su candidata, quien ha anunciado que de ganar la Presidencia aprobará el denominado “Plan C” (reforma judicial). Esta propuesta de reforma, hay que decirlo, busca socavar la independencia política de la Corte y la carrera judicial de jueces y magistrados.

Constituida por 11 integrantes, de los cuales cinco son mujeres y seis hombres, la SCJN ha sido el último bastión frente a los embates autoritarios de este y otros gobiernos y una voz para la protección de los derechos ciudadanos. Por ejemplo, en el último año la Corte declaró inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional --una institución que el Poder Legislativo determinó ser de mando civil-- a la Secretaría de la Defensa Nacional, esto es, detuvo la profundización (de iure aunque no de facto) en el proceso de militarización de la seguridad pública que se ha observado desde 2006.

Nuestra Corte constitucional es necesaria para mantener el equilibrio de poderes y para prevenir el avance de tendencias autocráticas. No obstante, este equilibrio está amenazado por propuestas de reforma judicial como la del presidente que, entre otras cosas, busca modificar el proceso de selección de jueces, introduciendo el voto popular. Este modelo, probado ya en Bolivia, ha mostrado que la elección de jueces constitucionales politiza la justicia: llegan a ser candidatos a jueces aquellos cercanos al poder político en el gobierno y no los mejores perfiles. Por ejemplo, de acuerdo con la propuesta enviada por el Ejecutivo serán el presidente, los partidos políticos en las Cámaras del Poder Legislativo y los ministros de la Corte quienes propongan los nombres para ser candidatos a ministras y ministros.

La propuesta del presidente representa un retroceso significativo para los avances que se han logrado para dar vida y mantener un Poder Judicial independiente y profesional, que sirva como un contrapeso efectivo para proteger derechos y limitar las ambiciones de los otros dos poderes. Al eliminar el sistema de carrera judicial para jueces y magistrados y abrir la puerta a la influencia política directa sobre los jueces, se pone en peligro la separación de poderes y se debilita la democracia misma.

Ahora, aunque el actual proceso de nominación garantiza un mayor nivel de independencia que el propuesto por el presidente, presenta también problemas de captura y politización. Por ello sí es importante pensar en una reforma judicial, pero en lugar de debilitar la independencia judicial mediante la elección popular de los ministros y ministras, se tiene que fortalecer mediante la inclusión de más actores en el proceso de nominación. El presidente no puede ser quien proponga la terna al Senado (o quien, en última instancia, después de dos ternas rechazadas en el Legislativo, nomine directamente a quien toma un asiento en la Corte), sino una comisión integrada por miembros de la sociedad civil, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que se encargue de seleccionar a los mejores perfiles para que, posteriormente, el Senado pueda elegir entre ellas(os) a la o el mejor, evitando así las “cuotas y cuates” que hemos visto en las nominaciones, no sólo de este sexenio, sino de la última década.

Por ello, es crucial reflexionar, debatir, discutir la importancia de la Corte y el Poder Judicial, así como la necesidad de proteger su independencia. Sólo así se podrá asegurar que el sistema judicial cumpla efectivamente su función como defensor de los derechos y contrapeso frente a los abusos de poder. En última instancia, el futuro de la democracia en México depende de la preservación de una justicia independiente, que hoy está en peligro.

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Nota del editor: Azul A. Aguiar Aguilar es presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP). Síguela en X (@azulaguiar). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.