Además de las enormes dudas que hay sobre la veracidad de esos datos oficiales , es una realidad que la criminalidad y las violencias han transmutado de forma acelerada en la última década en nuestro país. Muchos de los indicadores disponibles para monitorear su comportamiento e impactos son insuficientes o directamente obsoletos. A propósito, la tasa de homicidios dolosos a nivel nacional no nos dice mucho sobre la expansión del control territorial del crimen organizado que hoy es la principal amenaza para el Estado de derecho.
Es necesario replantear con urgencia los fenómenos y los indicadores contemplados para determinar el éxito o fracaso de la política de seguridad pública. Aquí expongo tres problemas prioritarios acordes a los desafíos que plantea el propio fenómeno criminal. Deben monitorearse desde este momento para demandar a Claudia Sheinbaum, y a los gobiernos locales, mejores políticas de seguridad pública.
Subrayo que no son los únicos desafíos; también es necesario vigilar los asociados al desempeño institucional, como la impunidad. Sin embargo, todos estos fenómenos se relacionan con el control que ejerce el crimen organizado sobre la política, la economía y la sociedad a nivel territorial.
Violencia político-criminal. De acuerdo con México Evalúa-Data Cívica , la violencia político-criminal se define como los actos de violencia —letal y no letal— por parte de organizaciones criminales contra autoridades, personas funcionarias, candidatas y/o militantes activas de partidos políticos. Las elecciones de 2024 fueron las más violentas de la historia moderna, pero este problema no es exclusivo de los procesos electorales.
En los últimos seis años, el problema ha crecido de manera sostenida, afectando principalmente a las autoridades municipales (78% de las agresiones registradas desde 2018 por el proyecto Votar entre Balas se concentran en este nivel de gobierno). Es importante monitorear la violencia político-criminal porque es uno de los medios principales para la construcción de los regímenes criminales ; su frecuencia da cuenta del grado de expansión del control territorial del crimen organizado.
Conflictos armados del crimen organizado. El intercambio de fuego entre distintos grupos criminales (como vimos en entidades como Zacatecas o Chiapas entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación), o entre facciones distintas de un mismo grupo (como está ocurriendo actualmente en Sinaloa con el enfrentamiento de los Chapitos y la Mayiza), o los reacomodos en la distribución del control territorial por parte del crimen organizado, son procesos que usualmente se acompañan de la interrupción de los sistemas funcionales de la sociedad (como la suspensión definitiva de actividades económicas y sociales como la educación).
En este marco, el número de conflictos armados es una métrica del nivel de riesgo político para las empresas y las comunidades, como bien muestra un estudio reciente de México Evalúa . A pesar de lo anterior, aunque sabemos que han crecido de forma importante desde el sexenio de Felipe Calderón, carecemos de una métrica precisa sobre su magnitud y frecuencia.
