Como era de esperarse, López Obrador aprovechó la presentación de su informe de gobierno para diseminar propaganda a su régimen. El documento , que no aporta evidencia sobre los impactos de su administración, es particularmente relevante en vísperas de la sucesión presidencial pues plasma muchas de las herencias ideológicas y operativas del obradorato para la nueva administración.
La seguridad pública con AMLO: lo bueno, lo malo y lo desastroso
A diferencia de otras sucesiones, sabemos, porque lo han hecho explícito AMLO y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que habrá continuidad buscando profundización. Sin embargo, seguir el camino iniciado hace seis años de manera acrítica puede ser desastroso, sobre todo ante el deterioro de la seguridad pública a lo largo del sexenio. Si Claudia Sheinbaum quiere construir su propio legado de buen gobierno, en la ruta hacia un México libre de violencia, no tiene mejor alternativa que catapultar lo bueno, corregir lo malo y desterrar lo desastroso de la era de AMLO.
Lo bueno: prevalecen principios clave para reducir la violencia
El último informe de AMLO expone tres principios de política pública relevantes para la reducción de las violencias de manera sostenida: fortalecimiento local, intervención focalizada y prevención social. El primero permite responder a las dinámicas específicas de las violencias a nivel territorial, el segundo ayuda a desplegar intervenciones en lugares de atención prioritaria y el tercero es clave para neutralizar las causas inmediatas y profundas del problema.
No obstante, actualmente estos principios son sólo en eso; la federación se ha empoderado como nunca, la focalización es coyuntural y la prevención social procede bajo criterios anacrónicos (combate generalizado a la pobreza por medio de programas sociales). La buena noticia de esto es que Claudia Sheinbaum no tiene pretexto discursivo para introducir al obradorato su perspectiva técnica, muy visible en la Ciudad de México con la implementación, por ejemplo, de los programas PILARES, barrio adentro o alto al fuego, y traducirla en políticas públicas efectivas.
Lo malo: el recrudecimiento de la militarización
El informe del presidente deja en claro que la consolidación de la militarización como una política de Estado es su principal legado en materia de seguridad pública. El gran problema es que este proceso se ha llevado al extremo jurídico, administrativo y financiero sin claridad conceptual, operativa y respaldo técnico. La evidencia muestra que la militarización no ha logrado frenar las violencias , como sí incrementar la concentración del poder de los militares, acercándonos peligrosamente al militarismo.
La presidenta electa no podrá revertir la militarización, pero si pretende detonar un proceso real de pacificación sostenida, debe reordenarla de manera urgente. Lo anterior implica, entre otras cosas, definir claramente cuándo y cómo deben intervenir las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, incluida la Guardia Nacional, coexistiendo con instituciones civiles bajo una dinámica de colaboración y no de subordinación, principalmente en el ámbito local. En realidad, este es un desafío político en donde el secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch, tendrá que asumir un rol prioritario.
Lo desastroso: la negación de la realidad
La constante a lo largo del sexenio de López Obrador ha sido la negación de los problemas que atentan contra su discurso de pacificación, fundamentado en la reducción de indicadores que desde hace años no capturan las nuevas dimensiones de las violencias y que recientemente han generado profundas dudas legítimas sobre su veracidad, principalmente la tasa de homicidios dolosos .
En el último informe del presidente López Obrador no existe una sola mención de la expansión del control territorial que ejerce el crimen organizado a nivel político, económico y social, de los desplazamientos forzados y las atrocidades asociadas a las disputas entre organizaciones criminales en entidades como Chiapas, de la proliferación de mercados ilícitos no tradicionales como el tráfico de personas o la captura parcial o total de las economías locales o la severa crisis de personas desaparecidas. Ni siquiera existe una breve mención a la violencia política que en el último proceso electoral alcanzó cifras récord y que se agravará más con la inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial.
La negación del presidente ha resultado desastrosa pues amplias parcelas del territorio nacional se encuentran bajo las reglas del crimen organizado, limitando, cuando no eliminando, las posibilidades de desarrollo en todos sentidos. Si Claudia Sheinbaum pretende en un primer momento detener la expansión de los regímenes criminales y después ejercer algún nivel de gobernabilidad en estas regiones debe reconocer el problema, incorporarlo en su agenda de gobierno y buscar la reconciliación con todos los sectores de la sociedad para dilucidar esquemas de intervención.
Termino con una síntesis de la ruta más general que la próxima administración puede seguir para construir la seguridad ciudadana: i) traducir principios de política pública para la reducción de las violencias en acciones congruentes con los mismos, ii) reorganizar las fuerzas de seguridad pública de los tres niveles de gobiernos y iii) conformar una agenda de gobierno bajo criterios técnicos. Claudia Sheinbaum no tiene pretextos ni frenos políticos para no impulsar esta clase de transformación.
Agradezco a Felipe Soto, coordinador de edición de México Evalúa, su enorme apoyo en la edición del texto.
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Nota del editor: Armando Vargas ( @BaVargash ) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.