En el último informe de seguridad pública que se presentó en la conferencia matutina de López Obrador, la secretaria Rosa Isela Rodríguez volvió a presumir la reducción de los homicidios dolosos como resultado de las estrategias impulsadas por el gobierno federal. Más allá de las comparaciones a modo que suelen presentarse en “la mañanera”, los datos oficiales muestran que, de 2018 a 2022, las víctimas de homicidios doloso han disminuido en 24 entidades federativas.
#ColumnaInvitada | La reducción de los homicidios dolosos. ¿Un éxito de la 4T?
No hay forma de reducir de manera abrupta un problema de estas dimensiones en cuatro años, ni con las reformas institucionales más profundas, apunta Armando Vargas.
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Aunque lo más probable es que este sexenio termine como el más violento en lo que va del siglo XXI, es innegable que la reducción de los homicidios dolosos en la mayor parte del país es un logro si consideramos dos factores: a) la magnitud descomunal del problema cuando AMLO asumió el poder y b) el carácter estructural de la violencia. No hay forma de reducir de manera abrupta un problema de estas dimensiones en cuatro años, ni con las reformas institucionales más profundas, por lo que revertir la tendencia es un paso importante hacia la pacificación paulatina pero certera del país.
Los problemas con este planteamiento y, con el discurso triunfalista del gobierno federal, aparecen cuando nos preguntamos por qué se reducen los homicidios dolosos en algunas entidades. Aquí entran en escena varias hipótesis plausibles que no se relacionan necesariamente con la eficacia de la militarización de la seguridad pública, la principal estrategia de AMLO contra la violencia:
Inconsistencia de los datos
Organizaciones como Causa en Común y México Unido contra la Delincuencia han visibilizado constantemente que hay entidades en donde los homicidios dolosos se han reducido al tiempo que han incrementado “otros delitos contra la vida” y “otros delitos contra la libertad”, sugiriendo que los datos se manipulan o que se han debilitado las capacidades institucionales para registrar homicidios. A mi juicio, la sospecha es válida porque no sabemos con certeza qué eventos se clasifican como “otros delitos” y sobre todo porque en la mayoría de estos estados no se identifican políticas pertinentes para contrarrestar la violencia homicida. Probablemente, la reducción del homicidio es un espejismo en varias regiones.
Arreglos criminales
En estados como Zacatecas, Baja California y Colima una buena parte de las víctimas de violencia homicida se relaciona con disputas entre grupos criminales y de éstos con las fuerzas del orden. Considerando la naturaleza regional de los conflictos criminales, en otras entidades probablemente existen mecanismos como la corrupción o la repartición de plazas que permiten a los grupos criminales coexistir de manera menos violenta entre sí y con los gobiernos. En estos casos la reducción de la violencia pendería de un hilo y podría estallar nuevamente en cualquier momento.
Intervenciones locales
Más allá de la implementación de políticas públicas de iniciativa federal, las intervenciones impulsadas por estados y municipios pueden estar contribuyendo de manera considerable a la reducción de la violencia en algunos territorios. En algunas entidades donde los homicidios han disminuido se pueden identificar acciones pertinentes para dicho propósito; por ejemplo, en la Ciudad de México se implementa un paquete robusto de programas para la prevención social de la violencia, mientras que Tabasco y Tlaxcala han fortalecido sus sistemas de justicia penal. Estos casos podrían ser buenos ejemplos de la importancia de apostar por lo local en la construcción de la seguridad ciudadana. El gobierno federal podría estar colgándose medallas que no le corresponden.
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En conclusión, no se puede afirmar categóricamente que la reducción de los homicidios dolosos responde a la intervención del gobierno federal y mucho menos descartar que la violencia explote en cualquier momento en los lugares en donde las cosas aparentemente marchan bien.
La evaluación de políticas públicas es un ejercicio deseable en cualquier democracia, no solamente para abonar a la construcción de una ciudadanía informada, capaz de premiar o castigar a los gobiernos en función de su desempeño en los procesos electorales que se avecinan, sino también para identificar riesgos con base en evidencia y proponer soluciones viables que ayuden a la pacificación sostenida de todas las regiones del país, para lo cual es fundamental que abandonemos las generalizaciones a las que nos lleva la polarización política y consideremos en el análisis los muchos matices políticos, económicos y sociales que hay detrás del comportamiento diferenciado de la violencia a nivel local.
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Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es consultor especializado en seguridad pública en Integralia (@Integralia_MX). Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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