Es por todos sabido que Morena, Verde y PT tuvieron una importante mayoría en la votación del 2 de junio: en la elección presidencial obtuvieron el 59.7% de los votos, en la de diputaciones el 54.5% y en la del Senado el 55% (en suma de la votación por partido). Lo que las consejerías del INE deberán decidir en un primer momento, y las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral en un segundo, es si esta votación le alcanza a la coalición oficialista para hacerse de la mayoría calificada en ambas Cámaras a través de la asignación de curules por el principio de representación proporcional.
Desde 1977 que se introdujo el principio de representación proporcional a la Constitución y legislación electoral mexicana hasta la fecha ha habido una notoria evolución, a través de reformas constitucionales e interpretaciones de las autoridades electorales que han permitido la emisión de criterios por medio de los cuales se le ha sentido al principio de representación proporcional a fin de garantizar la pluralidad en la conformación de los órganos legislativos, permitir la representación de los grupos minoritarios y sobre todo evitar mayorías artificiales. Esto ha tenido como efecto que desde 1997 ninguna fuerza politica (partido o coalición) haya tenido mayoría calificada. Desde luego ha habido intentos de los partidos de burlar las reglas de la sobrerrepresentación para crear mayorías que no reflejan los resultados en las urnas, pero estos han sido atajados con efectividad a partir de las determinaciones de las autoridades electorales.
Las implicaciones de una mayoría calificada que no sea reflejo del resultado electoral son muy perniciosas, pues, sin el respaldo ciudadano se estarían rompiendo los equilibrios constitucionales de todo el Estado mexicano. La mayoría calificada permite modificar la Constitución, aprobar tratados internacionales, nombramientos claves en órganos constitucionales autónomos como el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INE, entre otros, y también implica ahorcar a las minorías parlamentarias, pues por ejemplo no podrían presentar acciones de inconstitucional por no contar con el 33% que la legislación exije.
Por ello el 23 de agosto las y los consejeros del INE, y en días posteriores al resolver las impugnaciones respectivas, ya que la decisión sin duda se judicialzará, las y los magistrados electorales, definirán no solo una asignación de crurules por el principio de representación proporcional, sino que la decisión que adopten y los criterios que sigan tendrán como nunca antes un impacto en la vida democrática del país, el cual definirá el rumbo de México por las próximas tres o cinco décadas. Quienes conforman el INE y el Tribunal Electoral tienen una cita con la democracia, el Estado de Derecho y la historia, por eso los siguientes días todos los ojos deben estar sobre las consejerías y las magistraturas.
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