Al no cumplir con su obligación de nombrar tres comisionados, la mayoría oficialista en el Senado paralizó deliberadamente al INAI. Cuando la Suprema Corte declaró inválido el acuerdo que clasificaba como de seguridad nacional toda la información sobre el Tren Maya y el Corredor Transístmico, la Presidencia emitió inmediatamente un decreto para volver a ocultar dicha información. La Secretaría del Bienestar ha sido reiteradamente omisa en su obligación de dar máxima publicidad a datos básicos sobre el programa Sembrando Vida (i.e., presupuesto, reglas de operación, entregas de recursos o requisitos para beneficiarios). En el sexenio de Peña Nieto se impugnaron casi 43,000 respuestas de sujetos obligados por la Ley de Transparencia; en el de López Obrador esa cifra asciende a poco más de 82,000, casi al doble. En fin, esos y otros ejemplos abundan. No son errores ni meras anécdotas, es un patrón: este gobierno ha desplegado una política francamente regresiva en cuanto a transparencia y acceso a la información.
Menos derechos, más control
Y también en lo relativo a la libertad de expresión.
Primero, porque durante el sexenio de López Obrador hubo 62% más agresiones contra la prensa que en el de Peña Nieto, una agresión cada 14 horas. Y casi el 50% de esas agresiones ha sido perpetrado por autoridades del Estado mexicano. Más aún, hubo 248 campañas de desprestigio, intimidación y hostigamiento contra periodistas; 224 discursos estigmatizantes en comunicaciones oficiales (llamándoles “hampa”, “hipócritas”, “fifís”, “conservadores”, “corruptos”, etcétera). Solo en la conferencia mañanera del presidente se registraron un total de 179 agresiones. Y, en promedio, se iniciaron 2.4 procesos al mes susceptibles de ser considerados como acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación. Segundo, porque el manejo del gasto en publicidad oficial siguió siendo altamente discrecional. Aunque el presupuesto para dicho rubro se redujo muy significativamente (de más de 80 a apenas 14,000 millones de pesos), hubo un subejercicio del 33% y la distribución fue muy desigual: de poco más de 900 medios de comunicación que recibieron recursos públicos para publicidad, los 10 que recibieron más concentraron casi el 50%. Y tercero, porque las fuerzas armadas siguen utilizando equipos y programas de vigilancia masiva y espionaje digital contra civiles, sobre todo activistas y periodistas; además de que, en el Congreso, la coalición obradorista ha impulsado varias reformas que restringen las libertades, violan los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales y endurecen la censura en el espacio digital (algunas han prosperado, otras las ha frenado la Suprema Corte, pero su sentido e intencionalidad son evidentes).
Lo dicho, no son casos aislados: durante este sexenio, el gobierno federal ha privilegiado sistemáticamente el imperativo del control político por encima del ejercicio de los derechos.
Tomo todos estos datos de “Derechos pendientes. Informe sexenal sobre libertad de expresión y derecho a la información en México” recientemente publicado por Artículo 19, un diagnóstico muy exhaustivo que documenta el grave deterioro que en estas materias deja la presidencia de López Obrador.
Cuando se habla del retroceso democrático que está viviendo el país, se suele hacer mucho hincapié en el debilitamiento de la institucionalidad democrática y el sistema de pesos y contrapesos. Pero aquí hay otra dimensión de ese deterioro a la que probablemente deberíamos prestar mucha más atención. Porque el deterioro democrático no es solo un tema de instituciones y poderes, también es una cuestión de libertades, de acceso efectivo a los derechos, de condiciones concretas para ejercer ciudadanía. No es algo que pasa solamente allá arriba, un pleito entre los partidos o las élites; es un problema que nos perjudica a todos, aquí abajo, cotidianamente.
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