Este proyecto, que buscar modificar diversos artículos de la Constitución y que será discutido en agosto, establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) desaparecerá, por lo que sus funciones pasarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.
También desaparece el Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y sus acciones, como garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados, para pasar a la Secretaría de Economía.
Además, modifica el artículo 28 de la Constitución para extinguir los órganos reguladores en materia energética, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). De acuerdo con el proyecto, se busca que la Secretaría de Energía cuente con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica y la facultad de sancionar en materia energética e hidrocarburos.
Otro organismo que desaparece es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sus funciones de acceso a la información y protección de datos personales se traslada a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de control del Poder Judicial y a las contralorías del Congreso de la Unión. Esto pretende replicarse a nivel estatal.
Asimismo, desaparece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y sus funciones como medición de la pobreza y evaluación de programas sociales, las cuales estarán en manos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El proyecto de dictamen que será discutido en la Comisión de Puntos justifica estas modificaciones al señalar que los órganos constitucionales autónomos carecen de legitimidad democrática, “pues fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de los organismos internacionales para "descentralizar" a la Administración Pública Federal (APF)”.
Señala que estos organismos no se han consolidado como entidades técnicas e imparciales, sino “que han garantizado intereses privados, pues incluso, en varios casos el objetivo de los organismos fue para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social”.
Menciona que de 2018 a 2024 se han asignado a estos organismos autónomos -que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio- 32.3 millones de pesos, los cuales, dice el proyecto, equivalen a 5 millones de pensiones bimestrales para los adultos mayores.
