México vive una 'corporativización' e integración militar a través del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica S.A. de C.V. (GAFSCOMM). Desde el neoliberalismo, esto puede tener sentido como estrategia militar y comercial, principalmente para la defensa nacional y los mandos involucrados. Pero en términos de competencia económica y de respeto a los derechos humanos, no resulta encomiable.
‘Corporativización’ e integración militar en México, ¿quién se beneficia?
La integración vertical y horizontal es una estrategia usada por consorcios, grupos o empresas –públicas o privadas– para enlazar eslabones de la cadena de suministro y valor.
@SuhaylaCCIS
Publicidad
La integración vertical y horizontal es una estrategia usada por consorcios, grupos o empresas –públicas o privadas– para enlazar eslabones de la cadena de suministro y valor. Consiste en aumentar la concentración y la dependencia a un consorcio, grupo o empresa, reduciendo su competencia, propiciando economías de escala y ampliando el poder de negociación frente a proveedores, contratistas, inversionistas, clientes y reguladores.
El aún presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúa y profundiza el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una multiplicidad de tareas de la administración pública, con su correlato de recursos presupuestales, materiales y humanos. Para ello, el Gobierno de México ha usado la emisión de acuerdos, decretos y resoluciones presidenciales y la creación de empresas de participación estatal mayoritaria (EPEM) agrupadas al sector coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de la Marina. La complejidad de dicho entramado parece intencional. Para explicarlo me concentraré únicamente en lo relacionado con la Sedena.
Este proceso tiene un antecedente: en mayo de 2020 el Presidente emitió un acuerdo en el que dispone de la Armada Permanente de México para tareas de seguridad pública. Dos meses antes, el Consejo de Salubridad General declaró la Covid-19 como una emergencia sanitaria nacional. En las “medidas preventivas para mitigar la transmisión del coronavirus” que la Secretaría de Salud (Ssa) difundió se consideró como esenciales las actividades relacionadas con la seguridad pública, protección ciudadana, defensa de la integridad y soberanía nacional; así como las relativas a aeropuertos, puertos y ferrocarriles.
En diciembre de 2020 se emitió otro acuerdo en el que se autorizó crear una EPEM denominada Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V. y agrupada en el sector coordinado por la Sedena.
En noviembre de 2021 se emitió otro acuerdo. En él, los proyectos y obras del Gobierno de México –y otros considerados como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional–, se declararon de interés público y seguridad nacional, y se instruyó a las dependencias de la Administración Pública Federal a emitir, en máximo cinco días hábiles, autorizaciones provisionales vigentes por 12 meses.
Medio año después, en abril de 2022, se emitió una resolución que autorizó constituir una empresa de participación estatal mayoritaria denominada Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. (los servicios conexos fueron agregados en 2023).
Esta empresa detenta “el control de las empresas que administren, operen, exploten y, en su caso, construyan (de nueva creación o en vías de ampliación y mejoras), los Aeropuertos Internacionales “Felipe Ángeles”, “Palenque”, “Chetumal”, “Tulum” y el “Tren Maya”. Asimismo, la empresa puede “obtener bajo cualquier título, concesiones, permisos y autorizaciones para llevar a cabo todos los actos inherentes que correspondan”. En un acto de autoridad de agosto de 2023 se sentaron las bases para el proceso de desincorporación, por fusión, de las EPEM referidas y Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V., con GAFSCOMM.
Conforme a los Principios Rectores Sobre Empresas y Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para 'proteger, respetar y remediar –adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2011–, todas las empresas tienen la misma responsabilidad de respetar los derechos humanos sea cual sea su forma de propiedad.
“Cuando una empresa es controlada por el Estado o sus actos pueden atribuirse al Estado, una violación de los derechos humanos por esta empresa puede implicar una violación de las obligaciones conforme al derecho internacional del propio Estado. Además, cuanto más próxima del Estado esté una empresa o más dependa de un organismo público o del apoyo del contribuyente, más se justifica que el Estado asegure que respeta los derechos humanos.”
Pero para las EPEM creadas y fusionadas por el gobierno federal actual, hay indicios de posibles violaciones a derechos humanos, al menos, de personas trabajadoras muertas o lesionadas por presuntos riesgos de trabajo; de los pueblos y comunidades indígenas que no dieron su consentimiento libre, previo e informado y con conocimiento de causa para el establecimiento de actividades e instalaciones militares en sus territorios; y de quienes son susceptibles de ser afectados o estar interesados por los megaproyectos y cuyo derecho a la participación informada no se respetó, protegió ni garantizó conforme a los principios, directrices y estándares más amplios.
Publicidad
No sólo eso. La ‘corporativización’ de las Fuerzas Armadas implica también una concentración de la supervisión, construcción, operación, administración y propiedad de infraestructura que suele considerarse estratégica y una de las principales fuentes de ingreso para quienes las ejecutan. Los megaproyectos que han realizado dichas EPEM han tenido condiciones tan favorables que parecen contrarias a la competencia económica. La expropiación de tierras con cargo al erario público y la obtención de autorizaciones, licencias y permisos prácticamente sin cumplir los procedimientos previstos en el marco jurídico vigente son sólo algunos ejemplos de ello.
Pero la estrategia de la Sedena no termina ahí. El 17 de junio de 2024, El Economista informó que inició ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual el trámite de registro de las marcas comerciales y protección de denominaciones Hotel Tren Maya Tulum, Hotel Tren Maya Palenque, Edzná, Calakmul, Chichén Itzá y Nuevo Uxmal.
La solicitud de GAFSCOMM a través de Tren Maya S.A. DE C.V., ya fusionadas, podría interpretarse como evidencia de la intención de avanzar la integración vertical y horizontal en los sectores de construcción, industrias manufactureras, transporte, servicios corporativos y de apoyo a negocios y servicios de alojamiento y esparcimiento.
Con ello, la experiencia y la compra de bienes y servicios se concentra en la oferta militar. Las personas turistas contratarán a su agencia de viajes, volarán por su aerolínea, aterrizarán en su aeropuerto, se transportarán en sus vehículos, se hospedarán en sus hoteles y comprarán en su sistema de boletaje. Visitarán los museos militares, donde las personas usan ropa confeccionada en sus maquilas, cerca de sitios arqueológicos, bajo su vigilancia y en la que los guías turísticos locales trabajan para ellos a cambio de un salario mínimo y propinas. Las personas visitantes consumirán alimentos y bebidas, incluida cerveza sin alcohol, producida por ellos.
GAFSCOMM podría controlar la cadena de valor y de suministro. Además de las consecuencias negativas potenciales y reales que esto tiene sobre los derechos humanos, también habría implicaciones económicas, ya que esto afecta tanto a posibles competidores internacionales y nacionales como a los regionales, estatales y locales que, conforme al discurso presidencial, deberían estar al centro del enarbolado “desarrollo regional y turístico del sureste mexicano”.
____
Nota del editor: Suhayla Bazbaz es Directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.
Publicidad
Recomendaciones
Más acerca del autor:
Newsletter
Publicidad