Por si fuera poco, los militares se han consolidado como un agente económico con peso propio, al administrar un número creciente de negocios y empresas públicas: desde aeropuertos, trenes, puertos y aduanas hasta la distribución de medicamentos, fertilizantes y programas sociales.
Además, el presidente ha anunciado que, antes de concluir su mandato, presentará una iniciativa de reforma constitucional para introducir formalmente a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional. En la práctica, esto significaría dotar de un carácter permanente a la centralidad de los cuerpos castrenses en la política de seguridad pública.
En suma, al finalizar el sexenio de López Obrador, observaremos a las Fuerzas Armadas más empoderadas que nunca. Por una parte, ha continuado el proceso histórico de fortalecimiento de los militares como pilares de la política de combate al crimen organizado, y ha persistido el papel histórico de los cuerpos castrenses como mediadores entre el gobierno federal y los poderes regionales. Por otra parte, las Fuerzas Ar
madas han adquirido mayor peso político y económico, y se consolidaron como el principal brazo operativo del gobierno federal.
Así las cosas, tenemos a una milicia empoderada y a un gobierno federal débil, que depende enteramente de las Fuerzas Armadas para realizar sus funciones más básicas. En otras palabras, el peso relativo de los militares frente al gobierno civil ha aumentado y, con ello, también ha incrementado la dependencia de las autoridades civiles ante las Fuerzas Armadas.
En este escenario, ¿qué cabe esperar respecto a la relación cívico-militar? ¿Qué papel desempeñarán las Fuerzas Armadas durante el siguiente gobierno? ¿Qué ocurrirá con la militarización y el militarismo?
Lo primero que hay que considerar para responder estas preguntas es que hay tendencias que son irreversibles, al menos en el corto plazo. Siempre es complicado retirar a los militares facultades y recursos otorgados, puesto que esto significa que las Fuerzas Armadas perderían presupuesto, peso político y agencia económica, lo cual produciría descontento entre las élites militares (aunque quizá no tanto en la tropa), y ¿qué gobernante quisiera tener como enemigos a los mandos militares, de los cuales depende la seguridad nacional?
Además, lo más probable es que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de México. De ser el caso, no hay razones para pensar que ella seguiría una política distinta. Sheinbaum representa la continuidad del gobierno obradorista y, como tal, persistiría el uso de las Fuerzas Armadas como el principal brazo operativo, agente territorial, policía y empresa constructora del gobierno.
No sólo eso, sino que las Fuerzas Armadas ofrecen al Ejecutivo federal tres elementos poco deseables en una democracia constitucional pero muy jugosos para cualquier presidenta: opacidad, disciplina y actuación expedita. Y digo que son indeseables en una democracia constitucional porque la actuación militar no enfrenta los obstáculos que existen para las autoridades civiles en materia de rendición de cuentas, escrutinio público, acceso a la información, transparencia y cumplimiento con regulaciones en materia ambiental, de derechos humanos y de criterios técnicos o de planeación.
