Claudia Sheinbaum Pardo fue electa presidenta con porcentajes históricos de votos y de votantes. Pese a ese resultado electoral, los mercados mostraron una inquietud que se reflejó en la depreciación del peso. Dado que las administraciones suelen considerar la estabilidad económica como un factor para la gobernabilidad, quienes las encabezan buscan que mercados e inversionistas confíen en su gestión y el respaldo de las instituciones financieras internacionales (IFIs) contribuye a ello.
De mercados volátiles y derechos humanos, los retos de la futura presidenta
Dado que las administraciones suelen considerar la estabilidad económica como un factor para la gobernabilidad, quienes las encabezan buscan que mercados e inversionistas confíen en su gestión.
@SuhaylaCCIS
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A inicio de junio, la presidenta electa dijo en sus redes sociales que tuvo conversaciones con representantes de IFIs que hacen préstamos al gobierno y a empresas nacionales y extranjeras. Tuvo interlocución con el Grupo BID, que según datos del Sistema de Alerta Temprana para América Latina y el Caribe —que coadministra CCIS— concentró 46% de los proyectos publicados desde 2018 para México y se reunió con el fondo de inversión Black Rock.
Acompañada por el actual Secretario de Hacienda y Crédito Público, a quien mantendrá en esa posición, Sheinbaum Pardo también tuvo llamadas con el Fondo Monetario Internacional, el Grupo conformado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, la OCDE y con el CAF. Además, el presidente de China, cuyo financiamiento e inversiones en la región y en México son clave, como analiza el CICDHA al que pertenece CCIS, la felicitó.
Estas interacciones son relevantes y oportunas especialmente ahora que se negociará y acordará la estrategia país o marco de la alianza que determina las prioridades a las que deben alinearse las operaciones de las IFIs.
Sabemos de esas reuniones pero no sabemos: ¿qué se está ofreciendo a las IFIs y a los fondos de inversión?, ¿quiénes han sido y serán parte de esas negociaciones del equipo de transición y de las empresas?, ¿las Fuerzas Armadas y sus empresas de participación estatal mayoritaria están involucradas?, ¿la presidenta electa está enunciando claramente la expectativa de conducta de las instituciones financieras y empresas sobre su responsabilidad de respetar los derechos humanos (ddhh)?, ¿qué está dispuesta a poner en la balanza a cambio de que los mercados sientan confianza en su gestión?
¿Cómo va a asegurar en las negociaciones su convicción, que tiene un correlato en la Constitución, de que sea el pueblo quien decida?, ¿los canales y procesos para la participación informada de partes interesadas y de quienes son susceptibles de ser afectadas por esas decisiones se alinearán —como explicitó el Grupo de Trabajo sobre el Grupo BID del que CCIS es parte— con los principios, directrices y estándares más amplios?
La elección de una mujer como titular del Poder Ejecutivo federal no significa que el machismo y la misoginia se hayan erradicado y no hay que descartar que parte de la inquietud de los mercados tiene su origen en el patriarcado que duda de la capacidad, representatividad y autoridad de las mujeres. Pero quiero mantener la atención en si los acuerdos con las IFIs tienen un enfoque de ddhh porque, si no es así, podríamos tener un sexenio en el que más inversiones impliquen más violaciones a los ddhh.
La gobernabilidad a la que abonan las IFIs puede o no ser democrática. De hecho, hay una tendencia global en la que la reducción del espacio cívico no se traduce en una disminución en las inversiones. Por el contrario, algunas continúan y aumentan sus operaciones incluso en contextos autoritarios o en los que las violaciones a los ddhh son graves y las represalias a personas defensoras de la tierra y el territorio ante megaproyectos son sistemáticas y/o generalizadas.
De ahí la importancia de que comunidades afectadas y organizaciones y colectivas exijan a las IFIs cumplir su debida diligencia en materia de ddhh, desde la planeación de sus inversiones hasta su reparación y salida responsable, así como de procesos como el de la Campaña de personas defensoras en el desarrollo —que recientemente tuvo un encuentro en Tbilisi, Georgia, del que fue parte CCIS— para “desmitificar a los bancos”, reconocerlos como agentes geopolíticos e incidir en que usen su influencia en las políticas y prácticas de los gobiernos que reciben sus préstamos para prevenir consecuencias negativas sobre los ddhh y asegurar un entorno propicio y seguro, evaluando los riesgos en los ddhh que presenta cada país.
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Varias de las IFIs con las que habló Sheinbaum Pardo han tenido alguna relación con consecuencias negativas sobre los ddhh. Habrá quien piense que por la trayectoria de las IFIs no podría ser distinto pero no es lo que se espera desde la perspectiva de las propias IFIs que han desarrollado marcos de política ambiental y social, normas de desempeño, políticas de acceso a la información, estrategias institucionales, guías de implementación y otras normas para poner en el centro de sus operaciones el respeto a los ddhh y el desarrollo sostenible.
Tampoco es lo que se espera desde la perspectiva del Estado mexicano que tiene la obligación constitucional y convencional de respetar, promover, proteger y garantizar los ddhh, lo que implica la prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones o afectaciones por terceros en el marco de la atracción, fomento y promoción de las inversiones.
Es entendible que la virtual presidenta electa busque calmar a los mercados pero su volatilidad no puede ser excusa o pretexto para incumplir las obligaciones y responsabilidades de las autoridades, de las IFIs y de las empresas en materia de ddhh.
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Nota del editor: Suhayla Bazbaz Kuri es fundadora y directora general de Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (CCIS) Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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