Para muchas personas, incluyendo la absoluta mayoría de quienes hayan de alguna forma contestado la consulta que levantó Morena en días del último fin de semana, resulta absolutamente desconocido el contenido de las reformas que se pretenden desplegar como parte del Plan C, en particular por lo que hace a la multicitada Reforma Judicial. Y no saber lo que implican estas reformas y suponer que el electorado realmente dio su luz verde para sus implicaciones es una premisa falsa y peligrosa.
#ColumnaInvitada | La hora de la verdad
No podemos prestarnos a una simulación como lo es el pensar que por medio de una elección popular los jueces tendrán un mejor desempeño.
@JuanFTorresLand
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Mucho se ha venido diciendo desde el equipo de la candidata virtualmente ganadora de la elección en el sentido de que están buscando que no se realicen actos ni se implementen cambios que impliquen retrocesos o generen incertidumbre. Sin embargo, en voz de la propia virtual presidenta se ha dicho que sí se va a realizar la Reforma Judicial y que se podrán escuchar distintos puntos de vista a través de un Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión. Pero eso no ha pasado a un plan visible donde se pueda realmente saber que habrá un intercambio claro de opiniones para validar los pros y contras de los distintos puntos en que se establezca el proyecto final de reforma al sistema judicial. Y tal indefinición es sumamente preocupante y ha generado gran inquietud en los mercados, lo que sigue afectando al tipo de cambio y las expectativas económicas.
Una parte esencial del problema es que, al estilo de los gobiernos populistas, se está utilizando una referencia retórica sobre la necesidad de mejorar la impartición de justicia y erradicar la corrupción entre los miembros del poder judicial federal (objetivos loables en su superficie), pero para atajar dichos problemas lo que se propone es totalmente inconducente y de hecho contraproducente. El tema central que supone la elección popular de los jueces, magistrados y ministros es de particular relevancia en cuanto a sus serios inconvenientes. Así como hay puestos que presuponen el ejercicio de cargos administrativos en los que sí hay una vocación política en el desempeño y que por ello ameritan el escrutinio de la ciudadanía a través de elecciones libres, en el caso de áreas técnicas no es ni necesario ni conveniente que las designaciones se hagan por voto popular. La razón es muy sencilla, cuando se trata de aplicar conocimientos técnicos la selección de los que hayan de aplicar los mismos debe hacerse con la idea de buscar los mejores perfiles para dichas tareas, algo que requiere un análisis meritorcrático y no un tema de voto abierto, pero desinformado e inútil.
Para que lo entendamos, usemos el ejemplo del área de salud y concretamente de hospitales. En ese caso la determinación de los galenos que atienden a los pacientes no se puede hacer por una elección en que sea el electorado abierto quien determine a los responsables, habida cuenta que el público abierto carece de los conocimientos técnicos para hacer dicha selección. No queremos doctores populares, sino quienes sean los mejores en sus áreas de especialidad. La vida de los pacientes depende de esa integración de profesionales. Eso mismo ocurre con los juzgadores en que igualmente el patrimonio, derechos, libertad e incluso la vida de la población depende de la sofisticación en el desempeño de quienes administran justicia. Por eso la selección técnica es necesaria e idónea.
No podemos entonces prestarnos a una simulación como lo es el pensar que por medio de una elección popular los jueces tendrán un mejor desempeño. No habrá la determinación de las mejores personas por su actuación, pero además generaremos un enorme vicio en que los que se postulen ya no tengan como prioridad el proteger el respeto a la Constitución y a las leyes, en particular tratándose de individuos o grupos minoritarios de posibles abusos del gobierno o grupos mayoritarios. En un país en que tristemente la delincuencia organizada tiene poder real en enormes áreas geográficas, la posibilidad de que los jueces puedan ser capturados y cooptados por el proceso de votación abierta son de enorme preocupación pues la vulnerabilidad sería evidente y atroz.
Dicho lo anterior, lo cierto es que nadie en su sano juicio puede negar que el estado de la procuración y administración de justicia en el país entero no pasa por sus mejores momentos. De hecho lo cierto es que el nivel de impunidad se calcula está en el rango de 95% de todos los delitos que se cometen, algo que es escandaloso y que en la práctica implica que en México el infringir las leyes en casi todos los casos no tiene consecuencia o sanción alguna. Estamos en una nación en que hoy la ley no se respeta y los infractores y delincuentes gozan de absoluta impunidad. Esto tiene que cambiar para que las leyes sí se acaten, pero la propuesta actual de Morena no aborda los problemas, sino que más bien los tolera e incrementa.
Si de resolver las limitaciones para tener justicia realmente se trata, entonces lo que tenemos que hacer es hablar de cómo fortalecer el funcionamiento de las policías locales, de las fiscalías, de los tribunales locales, y de los sistemas penitenciarios. Es en estos rubros en que se puede realmente abordar la raíz y origen de los grandes cuellos de botella y obstáculos para tener un verdadero proceso de reconversión y mejora signficativa en cuanto a justicia cotidiana y oportuna se refiere. El tratar de hacer creer que habrá mejoras en lo que atañe a la percepción de injusticia a través de la elección popular de integrantes del poder judicial federal es iluso. No podemos dejar que ese engaño se amplíe en el colectivo ciudadano cuando las soluciones están en otro lado.
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La realidad es que nos encontramos ante un serio riesgo de que si se insiste por parte de Morena en pasar las reformas en general del Plan C presenciaremos un retroceso de décadas para el país en temas tan sensibles como la independencia y autonomía del Poder Judicial. Todo indica que en este caso el motivo es un desquite contra los juzgadores federales que han echado abajo muchas decisiones del gobierno de Morena por ser contrarios a la Constitución. Y la reacción ahora es que en lugar de asegurar actos que no sean contrarios a la Constitución, se aprestan a promover modificaciones al texto de la norma máxima en el país para erradicar a quienes osaron ponerle alto a abusos de gobierno.
Muy delicado entonces que se anuncie la destrucción de las columnas de reserva democrática en México, una de las cuales es el poder judicial. No es un tema menor y amerita la atención absoluta de todo el país. La exigencia a los legisladores debe ser la de que si se quieren resolver los problemas que se escuche y dialogue con los expertos para tomar la mejor decisión del caso y evitar regresar a épocas ya superadas del pasado.
En concreto, a Claudia Sheinbaum le exhortamos a que en los hechos demuestre que en efecto entiende el mandato popular como uno en que lo que debe buscarse es un país con soluciones reales a los problemas que nos aquejan a todos en nuestras vidas diarias. Para ello la Sra. Sheinbaum debe convencer a su predecesor de que es vital que en septiembre no se destruyan las instituciones. El Congreso Federal dominado en gran medida por Morena debería actuar con responsabilidad y con apego al objetivo de resolver y no generar peores condiciones para el país. A los hechos nos atendremos y de nuestra parte ejerceremos la exigencia ciudadana para que lo que destruye no se autorice. Ha llegado la hora de la verdad y es importante que empiece con gran seriedad su mandato.
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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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