¿Y si no sale bien la elección?

Pero el INE de ahora, ni hablar, no es el INE de antes. El Consejo General está más dividido que nunca, hay pleitos muy profundos entre las consejerías que están percolando en la estructura del Instituto. Varios nuevos nombramientos se hicieron a la mala, sin negociación ni consensos, facultados por un fallo de muy cuestionable legalidad por parte del Tribunal Electoral que terminó dándole manga ancha a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, en lugar de reafirmar el principio de colegialidad en la toma de decisiones. Los debates presidenciales quedaron a deber, se notaron cambios que impactaron a la baja en la calidad de la producción. Multitud de compatriotas en el extranjero recibieron repentinos avisos de que había inconsistencias en sus registros y no iban a poder votar, aunque su reacción fue tan adversa y vocal que al final siempre sí pudieron (¿cuál era el problema, entonces?). Asimismo, ha habido innumerables dificultades para reclutar suficientes ciudadanos que acepten ser funcionarios de casilla...

Y, para acabar de completar el cuadro, ha ocurrido una renuncia masiva de capacitadores y supervisores electorales, fundamentalmente como consecuencia de la política de austeridad que se ha implementado en el Instituto, aunque también por consideraciones relacionadas con la inseguridad. El escenario es tan grave que algunos consejeros y consejeras del Instituto lo han reconocido como “crítico”, incluso como una “situación de emergencia” que requiere “medidas excepcionales”. Y es que dichos funcionarios desempeñan una labor crucial en la jornada electoral, no solo por el apoyo que brindan para la integración de las mesas de casilla, para resolver y reportar incidencias, sino también por su responsabilidad en la custodia y el traslado de las actas y paquetes que se computan a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y en el envío de las actas de escrutinio seleccionadas en la muestra a partir de la cual se lleva a cabo el conteo rápido. Aunque suene burocrático, es sustantivo.

Luego está la injerencia política del crimen organizado, misma que se ha venido recrudeciendo muy significativamente durante la segunda mitad del sexenio. Según los datos del proyecto “Votar entre Balas” , por ejemplo, en el trienio 2019-2021 hubo un total de 376 víctimas de violencia político-criminal, de las cuales 298 (casi el 80%) sufrieron un ataque armado o fueron asesinadas; mientras que en el trienio 2022-2024 la cifra asciende a 1,334 víctimas, de las cuales 966 (poco más del 72%) lo fueron por ataques armados u homicidio. En este ciclo electoral, además, hay estados donde cuesta trabajo creer la cantidad de candidatos a puestos locales (diputaciones, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, etc.) que han renunciado. En Chiapas , por ejemplo, son más de 500; en Puebla , van 425; en Michoacán , 420; o en Zacatecas , más de 350. Código Magenta ha consignado que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, tramó un esquema de “huachicol fiscal” para destinar millones de pesos de procedencia ilícita a campañas electorales. Y en las elecciones de 2021, Río Doce documentó que el cártel de Sinaloa operó con absoluta impunidad a favor de Morena. ¿De veras cabe suponer que en 2024 no se repetirán casos análogos? ¿Por qué no?

Y, bueno, pues también está la reiterada voluntad del presidente de desafiar las medidas cautelares del INE, de violar la equidad en la contienda, de apostar el resto de su administración a favorecer a sus candidatos en flagrante contradicción con lo que tanto criticó cuando fue candidato opositor.

En fin, el país llega a la jornada electoral más grande de su historia pobremente apertrechado. Espero, insisto, equivocarme, pero… ¿y si no sale bien la elección?

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