¿Es “normal”, es justo, que las ciudades mexiquenses sean caóticas y que gran parte de sus habitantes las “sobrevivan” en vez de disfrutar de una calidad de vida digna? Obviamente no; sin embargo, no existe la conciencia colectiva acerca de la dimensión y urgencia por atender la crisis urbana del Estado de México y la desigualdad social, económica y ambiental que reproduce: en 2020, habitaban 14.9 millones de personas en 715 localidades urbanas y en más de la mitad de éstas (371), la proporción de población en situación de pobreza superaba el 60% (según datos de Coneval, 2020).
#ColumnaInvitada | La urgencia de acabar con la anarquía urbana en el Edomex
La disponibilidad de espacios públicos arbolados se reduce cada vez más, y encontrar calles seguras para usar la bicicleta como medio de transporte es excepcional.
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La disponibilidad de espacios públicos arbolados se reduce cada vez más, y encontrar calles seguras para usar la bicicleta como medio de transporte es excepcional. Los mexiquenses vivimos en una suerte de agitación urbana colectiva, donde hemos normalizado que existan familias viviendo junto a canales de drenaje o vertederos de basura; que los tiempos y costos de desplazamiento estén en constante aumento; que las noticias reporten a diario altos índices de criminalidad y violencia, y que la degradación ambiental sea ya irreversible.
Parece un sin-sentido que gobierno, empresas, transportistas, autoridades, comerciantes, desarrolladores y los ciudadanos mexiquenses en general, sostengamos la “anarquía urbana” (con algunas excepciones, afortunadamente); si observamos críticamente la manera colectiva en la que construimos y vivimos diariamente en nuestras ciudades, nos daremos cuenta de que estamos reproduciendo el desorden y todos pagamos un alto costo por ello. Aunque queremos vivir en una mejor ciudad y con mayor calidad de vida, la realidad es que ponemos más empeño en perpetuar el caos que en solucionarlo.
Por ejemplo, cuando los comerciantes no permiten que el estacionamiento en vía pública sea sustituido por una ciclovía; cuando una empresa desarrolladora de vivienda compra un terreno barato y alejado y busca por todos los medios, legales e ilegales, obtener permisos para construir viviendas; cuando los automovilistas se estacionan en lugares prohibidos o bloquean vialidades y banquetas; cuando las industrias cometen actos de corrupción para seguir contaminando, cuando se realizan construcciones ilegales, y un largo etcétera.
Lo grave, lo triste de este escenario pesimista, es que los esfuerzos, públicos, privados o de la sociedad civil mexiquense por frenar esta inercia hacia el caos y revertirla hacia un futuro más sustentable son todavía insuficientes y palidecen ante las fuerzas del mercado, la corrupción, la falta de recursos y hasta la ignorancia de autoridades y ciudadanos respecto de lo que es estratégico y urgente atender.
Debe ser prioritario respetar y conservar a toda costa las zonas que nos sostienen ambientalmente, como los bosques o las de recarga de los acuíferos, detener y ordenar el crecimiento expansivo de las ciudades que hace imposible dotar o mejorar la infraestructura y los servicios urbanos; ordenar el transporte público y articular sistemas multimodales que aprovechen las inversiones como el Tren Interurbano y el Mexicable; dar certeza sobre el futuro con planes integrales y regulaciones urbanas que sí se cumplan; impulsar proyectos de espacios públicos y arbolado urbano para mitigar efectos del cambio climático como las islas de calor, por citar solo algunas prioridades.
Hace más de 14 años, en la capital del Estado de México, nació un movimiento ciudadano por la movilidad sustentable, que evolucionó hasta concretar un ejercicio de gobernanza en el Sistema de Bicicleta Pública (SBP) HUIZI, que fue producto de más de seis años de gestión ciudadana y del trabajo conjunto entre más de 10 organizaciones de la sociedad civil y autoridades de los tres niveles de gobierno, y en noviembre de 2015, lograron hacer realidad la operación de este sistema.
Se trataba de una acción concreta para colaborar a alcanzar el 30% de reducción de gases de efecto invernadero para el año 2020, que México debería cumplir en el marco de la COP21; además, fue el único proyecto de movilidad sustentable presentado por un gobierno local que recibió recursos del Fondo para el Cambio Climático (Mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) otorgados por Semarnat. Nació como un sistema de alta calidad, el mismo del que disfrutan los habitantes de algunas de las ciudades más importantes del mundo como Guadalajara, Nueva York, Montreal, Toronto, entre otras. El software que controlaba su funcionamiento era de primer nivel. Además, a diferencia de los SBP de Guadalajara (MiBici) o de la Ciudad de México (Ecobici), HUIZI era el único sistema administrado por un Ayuntamiento y no por una empresa privada, con la finalidad de reducir su costo al público a tan sólo 333 pesos (19.16 dólares) anuales, el equivalente a 0.91pesos (.057 dólares) diarios, lo que lo convertía en el sistema de bicicleta pública más barato de México, brindando los mismos servicios de los que se gozan en cualquier otra ciudad.
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Desde marzo 2016 (¡hace más de 8 años!), el sistema está listo para ofertar la inscripción mediante el pago con tarjeta de débito (además de crédito, con la que inició) y ampliar su número de usuarios. Sin embargo, desde enero de 2016 el sistema no solo ha sido abandonado, sino atacado por las autoridades municipales de aquel entonces, y pese a los esfuerzos de varias organizaciones civiles, no ha sido posible rescatarlo y volver a ponerlo en operación.
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No hace falta explicar las enormes ventajas de impulsar un sistema de este tipo en una ciudad con altos niveles de contaminación del aire, grave y creciente congestionamiento vial, y en la que recientemente se ha puesto en operación la primera etapa del Tren Interurbano Toluca–México, el cual requiere conectividad e intermodalidad para su adecuado funcionamiento. En este escenario, HUIZI es una alternativa real y concreta para promover la movilidad sustentable en el Valle de Toluca; es una inversión social necesaria para propiciar la movilidad multimodal (caminar, bici, autobús, tren) y solo necesita capacidad de gestión del gobierno local para buscar apoyo de mecanismos financieros internacionales como el que la impulsó originalmente y el respaldo ciudadano y la conciencia colectiva sobre su relevancia.
Es necesario rescatar y fortalecer a HUIZI aumentando su cobertura, y mostrando genuino compromiso de parte de autoridades y ciudadanos, para generar valor al Valle de Toluca y colaborar en una de las muchas soluciones que son impostergables. HUIZI es la muestra de que la sociedad, trabajando de la mano con el gobierno y la iniciativa privada, sí puede incidir e impulsar políticas públicas para revertir el caos urbano. Apoyemos a HUIZI y seamos parte de la solución y no del problema.
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Nota del editor: Jimena Iracheta Carroll es directora técnica de Centro EURE SC, consultora especializada en planeación territorial, medio ambiente, cambio climático y políticas públicas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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