Lejos estamos de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 que, a inicios del sexenio, reconocía de manera novedosa que la “guerra contra las drogas” convirtió un problema de salud en uno de seguridad y fracasó en ambos frentes. El PND prometía un cambio radical en la política de drogas orientado a la protección de la salud, la regulación y el tratamiento por encima de continuar una estrategia prohibicionista y militarizada.
#ColumnaInvitada | Fentanilo, un objeto de pánico para justificar la prohibición
La estrategia de militarización de la seguridad sólo se ha fortalecido y con ello la imposibilidad de reorientar el enfoque sobre la política de drogas en el país.
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A cinco años de este hito, no sólo no se ha abandonado este enfoque, sino que el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación ha reforzado la vía prohibicionista y la estigmatización sobre las sustancias. Por ejemplo, la promesa de regular la cannabis para uso adulto se quedó en la congeladora legislativa, las campañas de información oficial se han dirigido a estigmatizar a personas usuarias alejándolas de servicios de salud y reducción del daño, por el contrario, la estrategia de militarización de la seguridad sólo se ha fortalecido y con ello la imposibilidad de reorientar el enfoque sobre la política de drogas en el país.
La más reciente expresión de este enfoque prohibicionista, y probablemente una de las últimas medidas que implemente este gobierno, es el envío de una reforma que elevaría a nivel constitucional la prohibición de la producción, venta y consumo de fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético con una intensidad mucho mayor a la heroína, cuyo consumo ha aumentado en los últimos años en Estados Unidos. Tan sólo en 2022, más de 70,000 personas murieron por sobredosis de esta sustancia en ese país, y muchas de estas son atribuibles a la contaminación de alguna otra droga con fentanilo. En el caso de México, los datos sobre uso de fentanilo son nulos porque el gobierno ha negado que exista. Sin embargo, en diversos estados del norte del país se reportan casos de sobredosis de esta sustancia, como lo ha documentado Verter en el caso de Baja California.
Esta reforma, que supuestamente busca proteger la salud, particularmente de las infancias, adolescencias y juventudes, criminaliza tanto el uso del fentanilo para usos no médicos, algo que no ayudaría a terminar con su tráfico, estigmatiza a las personas usuarias al sujetarlas a criminalización y limita su acceso a servicios de salud y de reducción de daños, mismos que han sido asumidos por organizaciones comunitarias.
La justificación de este cambio en el riesgo de esta sustancia y de un supuesto aumento en el consumo de fentanilo en el país, forma parte de un contradictorio discurso al que ha recurrido el gobierno para establecer políticas más prohibicionistas. Para ellos, el fentanilo es al mismo tiempo una sustancia que no se consume en México gracias a la “mayor integración familiar” que en Estados Unidos, y una droga peligrosa que requiere de una campaña que asocia directamente su consumo con la muerte. Es al mismo tiempo una droga que no se produce en México y entra a Estados Unidos principalmente por sus propios puertos, y un tráfico de tal magnitud que requiere de entregar a la Secretaría de Marina el control sobre aduanas y puertos.
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Además de esta contradicción, existe también un desconocimiento de la magnitud del problema frente a la realidad. Organizaciones de reducción de daños que operan en la frontera han documentado un preocupante aumento en el consumo de fentanilo y las sobredosis asociadas con éste. Esta información es limitada pues en este gobierno se retrasó la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que debió haberse publicado en 2022 y que nos permitiría tener un panorama preciso del consumo de esta y otras drogas en el país a nivel regional para construir políticas focalizadas a las zonas que más las necesiten.
En lugar de esto, el presidente ha preferido apostarle a políticas basadas en el pánico y la desinformación que aleja a las personas que más lo necesitan de servicios de salud. Lo que es más, a pesar de que esta política en general ha fracasado, la propia oposición no ha retomado la construcción de una alternativa a ella que busque tener información precisa para conocer y atender la situación del consumo de sustancias en el país. En víspera de la época electoral, es fundamental exigir no sólo que rechacen esta reforma, sino que también empiecen a construir alternativas al enfoque prohibicionista que ha imperado en el país.
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Nota del editor: Alejandro Ravelo Sierra es Investigador en México Unido Contra la Delincuencia. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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