Se usa de manera intermitente: a veces con eficacia espectacular, a veces con tiempos políticos sospechosamente convenientes. Una cuenta congelada sin sentencia que la sostenga es un titular.
Una sentencia con extinción de dominio es una derrota para el negocio.
La distancia entre ambas se llama capacidad ministerial: fiscalías financieras, peritos contables, jueces que entiendan ingeniería societaria.
Ese déficit se agrava en estados y municipios, donde casi nadie se pregunta cuánto vale realmente una constructora, una gasolinera o una alcaldía.
Y mientras no se corrija, cada operativo seguirá siendo la mitad de una historia que nunca llega a su desenlace judicial, ni ante la opinión pública.
La razón de fondo es política.
Seguir el dinero conduce a financiadores de campañas, contratistas, notarios, desarrolladores, instituciones financieras menores y apellidos respetables.
Conduce a todos los colores y a todos los órdenes de gobierno.
Por eso se posterga, se administra, se dosifica. Ninguna estrategia seria contra empresas criminales sobrevive a la selectividad: si la inteligencia financiera solo muerde adversarios, deja de ser inteligencia y se vuelve instrumento de facción, y los criminales lo aprenden antes que nadie.
Cinco decisiones y un conflicto de intereses
Cinco decisiones concretas.
-Primera: dotar a la UIF de autonomía técnica ( cambiarla de adscripción de SHCP a SSPC), presupuesto blindado y acceso efectivo a registros de beneficiario final, notariales, inmobiliarios y vehiculares.
-Segunda: crear fiscalías financieras especializadas, evaluadas por sentencias y bienes extinguidos, no por comunicados.
-Tercera: supervisar con rigor los activos virtuales y las plataformas que los intercambian; la documentación que revisé no acredita un uso masivo de criptomonedas por estas redes en Europa, así que la exigencia es preventiva, no alarmista.
-Cuarta: cooperación operativa permanente con Europol, Eurojust y agencias europeas; si el negocio es transatlántico, la investigación patrimonial también debe serlo.
-Quinta: auditar el dinero político antes de las elecciones de 2027, empezando por el de casa.
Contar laboratorios es perder
Hay que decirlo con crudeza: mientras Europa descubre estas redes por sus laboratorios y sus puertos, México las conoce desde hace décadas por sus víctimas.
Tenemos la experiencia, los expedientes y los muertos. Lo que nos ha faltado es convertir ese conocimiento en una ofensiva patrimonial sostenida, con continuidad más allá de cada sexenio y de cada tablero electoral.
La experiencia que no se institucionaliza se evapora cuando cambia el funcionario.
Europa dice que debe reforzar su resiliencia. México debería escuchar con atención, porque aquí se originó buena parte del conocimiento que allá se replica.
Si seguimos contando laboratorios, perderemos.
El día que la política mexicana acepte que investigar el dinero la incomodará primero a ella, habremos comenzado a combatir de verdad a estas empresas.
*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
