Las declaraciones recientes de Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, sobre la cooptación de la clase política guerrerense por parte de grupos criminales y las negociaciones que líderes religiosos promovieron entre dichas organizaciones para alcanzar una pax narca en Chilpancingo, arrojan un diagnóstico fatídico sobre la salud de nuestra democracia: los grupos criminales mandan en los territorios.
#ColumnaInvitada | El dominio territorial del crimen organizado no es casualidad
Los grupos criminales desarrollaron capacidades en aspectos clave para su fortalecimiento organizacional y político en las que el Estado mexicano en cambio parece haber claudicado.
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Esta realidad no es exclusiva de Guerrero. El crimen domina territorios en Zacatecas, Jalisco, Chiapas, Michoacán y otras entidades y no se trata de ninguna casualidad. En los últimos años, los grupos criminales desarrollaron capacidades en aspectos clave para su fortalecimiento organizacional y político en las que el Estado mexicano en cambio parece haber claudicado. Particularmente en tres rubros: i) capacidad operativa, ii) profesionalización, y iii) voluntad y acción política.
Capacidad operativa
Mientras que las corporaciones policiales de muchos municipios carecen de elementos suficientes y equipamiento básico como armamento o patrullas, los grupos criminales engrosan sus filas a paso veloz y constantemente diversifican sus herramientas. No sólo cuentan con equipo táctico profesional y armas de alto calibre, ahora también emplean dispositivos dignos de milicias especializadas como minas terrestres y drones con bombas e incluso operan sus propios centros de monitoreo con cámaras de videovigilancia. Son mucho más eficaces en el uso de la violencia que las fuerzas del Estado.
Por esto es muy complicado que policías locales e incluso militares ofrezcan alguna clase de resistencia frente al avance territorial del crimen. Al respecto, de acuerdo con Causa en Común, de 2018 a 2023 incrementaron notablemente los asesinatos de policías debido a la violencia del crimen organizado en entidades como Colima (142.9%), Michoacán (75%) o Zacatecas (255%) y en otras como Jalisco o Guerrero no paran los asesinatos de funcionarios y políticos.
Profesionalización
Hay políticos y funcionarios públicos muy destacados en todos los niveles de gobierno y filiaciones partidistas, pero también abundan ejemplos de incompetencia gubernamental con costos sociales y económicos altísimos; un tramo de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México se desplomó, migrantes murieron en instalaciones del gobierno y hace unos días el sistema del SAT se cayó paralizando las operaciones aduaneras. También persisten factores asociados fuertemente con la impunidad, como la debilidad institucional de policías y fiscalías o la profundización de la militarización de la vida pública. La profesionalización de la administración pública no vive su mejor momento.
En contraste, los grupos criminales cada vez son más implacables; aprovechan con eficacia fenómenos económicos y las tecnologías de la información para maximizar o diversificar sus actividades (es muy posible que el nearshoring esté vinculado con el incremento del robo a transportista en el último año), explotan mecanismos políticamente correctos para lavar dinero como las remesas, instalan y operan eficazmente laboratorios para producir drogas sintéticas y proceden bajo lógicas completamente empresariales para mitigar riesgos como cuando salen a deslindarse de actos de violencia de alto impacto. Es claro que entre las filas de los grupos criminales hay más que sicarios. El avance territorial del crimen no puede explicarse sin la participación de personal altamente capacitado que sabe identificar y aprovechar los vacíos que deja la debilidad institucional del Estado.
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Voluntad y acción política
El obispo emérito Salvador Rangel afirmó con Carlos Loret de Mola que los líderes de Los Tlacos y Los Ardillos acordaron términos de paz. Hablamos de dos grupos criminales guerrerenses que llevan años disputando de forma muy violenta el control de las economías locales, principalmente en Chilpancingo, y que no obstante lograron un consenso (la Familia Michoacana vinculada con la matanza en San Miguel Totolapan hace unos días está fuera de esta ecuación).
El mensaje es claro: actores criminales cuentan con mayor voluntad y acción política que el Estado mexicano, pues muestran capacidad para escuchar a representantes de las comunidades y construir arreglos informales con efectos directos sobre la gobernabilidad de los territorios y consolidar su dominio sobre los mismos. En cambio, los gobiernos oficialistas, particularmente el ejecutivo federal, destacan por negar los grandes problemas nacionales, cerrar los canales de comunicación y polarizar a la sociedad. Es uno de los peores escenarios posibles pues la seguridad depende de la autoridad criminal.
El camino para contrarrestar el control territorial de los grupos criminales es claro, aunque no sencillo de recorrer pues implica: i) incrementar la capacidad operativa de policías y fiscalías locales, ii) impulsar la profesionalización de servidores públicos en todos los niveles y ámbitos de gobierno, y iii) abrir canales permanentes de diálogo con todas las fuerzas políticas y actores sociales para establecer mecanismos alternativos de pacificación bajo la tutela del Estado. Al día de hoy los grupos criminales no tienen ningún incentivo para detener su avance. Estamos cerca del punto de no retorno. Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez cuentan con suficiente información para evitarlo. ¿Tendrán la voluntad de hacerlo?
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Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es Doctor en Ciencia Política, profesor universitario y consultor especializado en (in)seguridad pública y riesgo político en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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