El presidente Andrés Manuel López Obrador no concretó la “cuarta transformación” que deseaba, pues no logró cambiar el régimen político de raíz ni extirpar la desigualdad y la corrupción de México. Sin embargo, el presidente consiguió otra transformación histórica: la de las Fuerzas Armadas de México.
AMLO logró la transformación histórica… del Ejército mexicano
Hay una continuidad histórica entre los gobiernos anteriores y el de López Obrador: la militarización de la seguridad pública (con matices importantes en cada administración).
@jacquescoste94
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La función política del Ejército ha ido cambiando a lo largo de la historia de México. Las Fuerzas Armadas no se despolitizaron totalmente a partir de los años 40 (como dice el mito priista). Los cuerpos castrenses desempeñaban funciones clave para el régimen posrevolucionario, sobre todo a nivel territorial y regional: por ejemplo, la conducción de gobiernos locales, diversas acciones de represión y vigilancia de movimientos sociales, así como la regulación informal de mercados ilegales por medio de la venta de protección a particulares a cambio de una tajada de sus negocios.
Además, las Fuerzas Armadas desempeñaron tareas de combate al narcotráfico —aunque, quizá, el término más adecuado sería gestión y regulación informal del mercado de las drogas— desde la década de 1960 y su actividad en este rubro aumentó en el siguiente decenio, cuando también se vinculó a la represión de guerrillas y movimientos agrarios disidentes.
En los años 80 y 90, el gobierno federal se valió del Ejército en el combate al narcotráfico de manera limitada. A partir de la alternancia del año 2000, los gobiernos democráticamente electos fueron delegando a las Fuerzas Armadas cada vez más facultades y recursos, sin a la par construir nuevos arreglos políticos, instrumentos jurídicos y mecanismos de rendición de cuentas para regular la relación cívico-militar y limitar la capacidad de incidencia política de los cuerpos castrenses.
En su sexenio, Felipe Calderón declaró una guerra contra el narcotráfico: la palabra guerra no es una mera creación de sus detractores, sino que él se refería así a su política de seguridad, la cual se basaba en el combate frontal y de alta intensidad contra los grupos criminales. En otras palabras, la política de seguridad pública se militarizó por completo, adquirió mayor peso político y escaló a un nivel inusitado de violencia.
El papel del Ejército mexicano en el sexenio de Peña Nieto fue similar al de Calderón, aunque la retórica de guerra contra el narcotráfico se redujo. Lo importante aquí es destacar dos cosas: (1) hay una inercia de militarización que precede a López Obrador y que se posibilitó porque la transición democrática de México se caracterizó por la falta de nuevos arreglos institucionales para regular al Ejército y someterlo al sistema de pesos y contrapesos; y (2) en los sexenios precedentes al de López Obrador la militarización se centró, principalmente, en la seguridad pública.
Así pues, hay una continuidad histórica entre los gobiernos anteriores y el de López Obrador: la militarización de la seguridad pública (con matices importantes en cada administración). Pero también hay una diferencia fundamental: AMLO militarizó otros rubros del gobierno civil en los que previamente no tenía injerencia el Ejército.
López Obrador llegó al poder prometiendo que fortalecería las capacidades del Estado en favor de las clases populares, pero, en realidad, la política de “austeridad republicana” ahondó las debilidades del Estado producidas por tres décadas de políticas neoliberales. El gobierno obradorista recurrió a las Fuerzas Armadas para subsanar las falencias creadas por su propia política de austeridad, sobre todo aquéllas asociadas a la provisión de servicios públicos y la disminución de la capacidad operativa de las instituciones de gobierno.
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En consecuencia, prácticamente no quedan instituciones civiles con capacidades operativas. Por el contrario, el gobierno mexicano depende de las Fuerzas Armadas para ejecutar sus políticas y programas, e incluso para cumplir con sus responsabilidades más elementales. Entre las tareas de gobierno que el presidente ha cedido a los militares destacan la construcción de proyectos de infraestructura, la administración de aeropuertos y aduanas, la operación de una aerolínea pública y el Tren Maya, entre otras labores relacionadas con ámbitos tan diversos como migración, educación o política social.
Una muestra del poder y la importancia que han ganado las Fuerzas Armadas durante este sexenio es el aumento de su presupuesto, el cual pasó de 151,000 millones de pesos en 2018 a 437,000 millones de pesos en 2024. Esto ha dado pie a la consolidación de una élite empresarial-militar con hambre de aumentar su tajada de distintos negocios públicos.
Por si fuera poco, López Obrador ha incentivado el militarismo político —es decir, la participación de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones gubernamentales— y el militarismo cultural —esto es, el enaltecimiento de las virtudes militares (por ejemplo, el patriotismo, la lealtad o la subordinación hacia la autoridad presidencial)— durante su gobierno.
En suma, López Obrador no logró la transformación histórica que tanto prometió, pero sí logró un cambio estructural en el papel de las Fuerzas Armadas en el régimen político mexicano, pues éstas se convirtieron en el núcleo de la capacidad operativa del Estado, aumentaron su peso político, se consolidaron como jugador económico y avanzaron posiciones como referente cultural.
En próximas entregas continuaré mis reflexiones sobre las implicaciones de esta transformación en el marco de las elecciones presidenciales.
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Nota del editor: Jacques Coste (@jacquescoste94) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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