La misma historia otra vez, una alta servidora pública, el presunto plagio de una tesis académica y una próxima votación en la que las servidoras públicas se juegan la posibilidad de obtener más poder en sus trabajos.
Las dos dijeron, cada una en su momento, que las acusaciones eran falsas; que la responsabilidad, en caso de haberla, sería compartida con la UNAM porque sus tesis fueron leídas y aprobadas por sinodales y por sus asesores de tesis; y que las investigaciones de presunto plagio salen justamente antes de que se vote, para Godoy la ratificación de su cargo y para Esquivel la presidencia de la Suprema Corte. Y¿hay un mejor momento para sacar a la luz este tipo de investigaciones? Más vale tarde que nunca ¿no? Obviamente la publicación de esas investigaciones, en el momento en el que se juegan las ratificaciones o los ascensos, tiene detrás la idea de que el servidor público en cuestión no ocupe más espacios de poder en la administración pública y el argumento es muy sencillo, no queremos servidores públicos deshonestos y los plagios de tesis muestran —entre muchas otras cosas— una seria falta a la integridad.
Las razones por las que un estudiante decide plagiar son muchas y este artículo no pretende entrar en ese tema. Lo que sí es necesario señalar es la frecuencia con la que estos casos suceden. Unos años atrás, la UNAM llevó a cabo un estudio que abordó la percepción del plagio en la institución. Según los resultados obtenidos, el 50% de los encuestados admitió plagiar textos o párrafos completos de otros autores y presentarlos como propios. En cuanto a la capacidad de los profesores para detectar estas acciones, entre el 51% y el 65% de los participantes afirmaron que sólo “en ocasiones” los profesores se percatan de ello. Es decir, el plagio académico es una práctica extendida y que sólo la mitad de las veces conlleva alguna forma de sanción.
No creo que quitar las tesis sea la solución. El problema no son los procesos de titulación de las universidades. El problema es la falta de integridad de los estudiantes, la falta de interés de los asesores de tesis y del profesorado en general y la falta de sanciones por parte de las instituciones educativas. Esos estudiantes que plagian su tesis, que salen impunes y además con un título que no ganaron legítimamente, son los futuros fiscales, ministros, jueces, presidentes, empresarios, médicos y profesores.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Sin duda las universidades tienen mucho en qué pensar y qué hacer, comenzando por procesos de sanción, buscando que se extiendan más allá de que el estudiante salga de la institución. Adquirir y usar herramientas de tecnología antiplagio ayuda —aunque con Chat GPT eso se va a quedar corto— Pero no hay de otra, las universidades tienen que comprometerse a desarrollar políticas internas, programas, clases y actividades que ayuden a generar en los estudiantes una cultura de la integridad. Tenemos que quitar de raíz el problema y eso pasa por cambiar los usos, las costumbres y las creencias previas relacionadas con la deshonestidad y la impunidad.
