Hace algunos días, Integralia Consultores publicó su reporte anual de 10 riesgos políticos . Los principales para 2024 año son:
#ColumnaInvitada | SOS por la democracia mexicana
Es muy probable que en 2024 veamos la mayor intervención del crimen organizado en los procesos electorales en la historia de nuestra incipiente democracia.
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La captura política de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La aprobación de reformas constitucionales que afecten el sistema de pesos y contrapesos
La injerencia del crimen organizado en el proceso electoral
La acentuación de la militarización
Un posible triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos
Aprobación de reformas y leyes sorpresivas y nocivas para el clima de negocios
Conflictos poselectorales nacionales y locales
La aprobación de un presupuesto público que incumpla metas fiscales
Incremento de la corrupción en el ejercicio de gobierno
Crecimiento de la tensión y las divisiones en la oposición
El escenario número tres es uno de los que más interés y preocupación ha causado. Por eso, vale la pena aprovechar este espacio para desarrollarlo más ampliamente, pues es uno de los riesgos más grandes para la supervivencia de la democracia mexicana en el mediano plazo.
Los grupos criminales buscan controlar a los gobiernos para crecer y consolidarse, pues de ese modo acceden a recursos valiosos (por ejemplo, la colaboración de policías y fiscalías) para operar con plena libertad y sin ninguna clase de castigo, diversificar sus actividades más allá del tráfico o la venta de drogas y neutralizar a sus rivales; en suma, para actuar con impunidad, con todo lo que ello implica para la sociedad.
En donde los grupos delictivos tienen a gobiernos locales como cómplices, aliados o hasta vasallos, la Constitución, las leyes y los asuntos políticos nacionales, como las elecciones presidenciales o la relación entre los poderes de la federación, se vuelven completamente irrelevantes, pues en la práctica predominan regímenes criminales a nivel territorial, en donde impera la ley de las bandas delictivas, cuyo propósito es, por supuesto, promover los intereses de dichas organizaciones por encima de todo.
En estos contextos, particularmente las actividades económicas quedan a merced de los grupos criminales, quienes establecen impuestos informales a pequeños y grandes empresarios para poder realizar sus actividades y, por si fuera poco, piden cuotas a cambio de no poner en riesgo su vida, la de sus familiares y empleados. En la actualidad, varios territorios a lo largo y ancho del país viven esta situación; por ejemplo, en Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Colima o Estado de México, el transporte público, la prestación de servicios como internet y telefonía, el transporte de mercancías y la producción y el comercio de productos de primera necesidad se encuentran dentro de las redes del crimen.
La captura de los gobiernos en realidad puede ocurrir en cualquier momento, pero los procesos electorales ofrecen la oportunidad para instaurar nuevos regímenes criminales o extenderlos desde el principio de las nuevas administraciones a través de diferentes mecanismos: la imposición de candidatos, el financiamiento de campañas, la movilización del voto, ataques a las autoridades electorales o, el más visible de todos, las agresiones físicas a candidatos o funcionarios públicos.
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En este marco, es muy probable que en 2024 veamos la mayor intervención del crimen organizado en los procesos electorales en la historia de nuestra incipiente democracia, sobre todo si consideramos tres factores: 1) la cantidad de cargos que se disputarán a nivel local, principalmente alcaldías, 2) la multitud de grupos criminales en conflicto armado y 3) la propia diversificación de los mercados ilícitos.
Si esto efectivamente ocurre, el dominio territorial de los grupos criminales se extenderá notablemente. Así, estaremos acercándonos a un punto de no retorno: el primer paso es la captura de los gobiernos por los grupos criminales; el segundo, la extinción de la democracia y el Estado de derecho. No exagero. Si continuamos sin reconocer que los grupos criminales son actores políticos dominantes, no encontraremos la forma de contener y eventualmente revertir esta catástrofe.
Además, con el avance territorial del crimen organizado, el país está transitando hacia una dualidad peligrosa: por un lado, en algunos territorios prevalece un Estado de derecho (deficiente en muchas ocasiones) en donde las actividades políticas, económicas y sociales operan conforme a la ley; por otro lado, existen territorios donde el crimen organizado funge como el principal regulador de la vida económica y social, por lo que impera la ilegalidad en todos los ámbitos. Esta dualidad se está acentuando y existe una desconexión cada vez más grande entre las regiones dominadas por el (frágil) Estado de derecho y los territorios controlados por los grupos criminales. Uno de los riesgos principales del país es que esta dualidad se consolide a tal grado que se vuelva irreversible.
Estas elecciones pueden ser la última llamada para reconocer la gravedad de este problema y enfrentarlo con la decisión y la urgencia que necesitamos. SOS por la democracia mexicana.***
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Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en ciencia política, profesor universitario y especialista en seguridad pública en Integralia Consultores (@Integralia_MX). Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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