Es ya práctica extendida que, ante la falta de sentencias condenatorias por reprobables actos de corrupción, la Fiscalía General de la República señale que procederá a denunciar a jueces y magistrados, acusando la “ominosa e inaceptable postura” de no darles, a ciegas e incondicionalmente, la razón.
A pesar de que los impartidores de justicia señalan, una y otra vez, que el ministerio público es omiso en aportar elementos suficientes, el cuerpo perseguidor de los delitos permanece impávido, impulsando quejas que no tienen como objetivo el acreditar una conducta descuidada o maliciosa en la valoración del acervo probatorio, sino el de endilgar e imputar a los jueces complicidad y connivencia con los delincuentes, acusación que a la fecha no ha podido probar en caso alguno.
Llama poderosamente la atención que la Fiscalía no agote procedimientos en los que, antes de acusar, se evalúe y valore técnicamente a quienes han presentado imputaciones ante los tribunales, así como que la visitaduría, y otras instancias de control, no hayan rendido puntual cuenta de lo que han hecho ante la grave descalificación que se hace en aquellos de los agentes ministeriales.
Se habla mucho de combate a la corrupción, pero el caso es que el único procesado, actualmente, es un servidor que cayó de la gracia de Peña Nieto, uno, cuyas acciones han sido insuficientes para concluir exitosamente el proceso acusatorio, por lo pronto, parece que cada día se aleja más de una sentencia condenatoria. El caso de Rosario Robles ha dejado claro que las acusaciones hechas en su contra no sólo fueron mal articuladas, sino que, si el mismo rasero aplicara a los responsables del desfalco en SEGALMEX, o, a aquellos involucrados en las muertes en la estación migratoria de Chihuahua, todos ellos tendrían que enfrentar proceso en reclusión.
Las imputaciones que el presidente alega llevaron a Murillo Karam a quedar al recaudo de las instancias persecutoras, no pueden ser diferenciadas de las que la mano derecha del Fiscal, Juan Ramos, aplicó a un sinnúmero de personas que tuvieron el infortunio de cruzarse por su camino.
En el caso de Karam se invoca sólo un asunto, en tanto que, en el de Ramos, abundan expedientes que involucran presiones y amagos inaceptables en un estado de derecho. Ello resulta relevante, dado que Karam paga por una conducta que en realidad se atribuye a Tomás Zerón, quien se encuentra fuera del país, y quien, parece, no será devuelto, ya que, accidental, o deliberadamente, el gobierno mexicano constantemente busca la forma de descomponer las relaciones con el gobierno israelí. Dicho precedente es digno de ser tomado en cuenta.
En buen español, una vez que los órganos de revisión y supervisión jurisdiccional desahoguen las denuncias y acusaciones que hoy se formulan en contra de jueces y magistrados, de resultar éstas infundadas o no probadas, tales asuntos tendrían que derivar, necesariamente, en la formulación de acusaciones en contra de quienes, por falta de pericia, negligencia o abierta complicidad, tramitaron deficientemente causas penales de interés nacional. La estrategia de la FGR es un gran bumerán, de pronóstico reservado.
La parsimonia y poca celeridad de las instancias que procesan acusaciones en contra de jueces y magistrados ha provocado que sea la salida fácil ante pifias en el terreno de la procuración de justicia. Si rápidamente se hubieren esclarecido y resuelto tales acusaciones, ya se habrían iniciado procedimientos tendientes a encontrar a los responsables de fallidas acciones, pero, ahora, en las oficinas de la FGR. Mientras unos acusan a otros, lo real es que no existe un efectivo combate a la corrupción, como tampoco una satisfacción a los intereses de múltiples víctimas, vamos, ni siquiera el erario ha podido ser suficientemente resarcido como consecuencia de las carpetas de investigación, éstas sólo sirven para llenar el guion de algunas mañaneras.
