Por supuesto, las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de víctimas desconocieron este ejercicio, pues el censo fue totalmente opaco y se realizó sin el consentimiento ni el acompañamiento de los colectivos. En otras palabras, sólo el gobierno sabe las condiciones, la metodología y los alcances del censo que realizó.
Los colectivos también advirtieron que el discurso del presidente López Obrador criminaliza a las víctimas de desaparición y advirtieron que es falso que el gobierno cuente con información para hallar a 26,000 personas más. Asimismo, sostuvieron que las autoridades federales y estatales están abdicando a su responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas y evitar que se perpetren más crímenes de este tipo.
Lo que está haciendo este gobierno es lo más vil y cruel: no sólo está dejando a su suerte a las víctimas, sino que las está traicionando. Y se trata de una traición a las personas que más han sufrido y a las que el Estado les debe más.
Digo que se trata de una traición porque en 2018 López Obrador lucró con el dolor de las familias y prometió solucionar la crisis de violencia, desapariciones y muerte que vive el país. También prometió resolver casos emblemáticos de desapariciones, como el de Ayotzinapa. El inicio de este sexenio representó un avance importante, pues por primera vez el gobierno reconoció la existencia de la crisis y nombró a Karla Quintana como la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Quintana realizó un trabajo destacado y la Comisión logró elaborar un Registro Nacional de Personas Desaparecidas que brindaba una aproximación cuantitativa a la dimensión de la crisis. Colectivos de víctimas y diversos especialistas declararon que el Registro tenía problemas y advirtieron que el número de personas desaparecidas es probablemente mayor, tomando en cuenta la cantidad de fosas clandestinas que se encuentran cada mes y considerando que es imposible contabilizar en tiempo real las desapariciones perpetradas por el crimen organizado. No obstante, al menos había un reconocimiento oficial de la gravedad de la crisis.
Hoy, el gobierno traicionó a las víctimas. López Obrador lucró políticamente con el dolor y se benefició de la indignación y la desesperación de la gente; pero, a la hora de la verdad, el ego político y la necesidad de sostener el discurso oficial pesaron más que el compromiso con la verdad y la justicia.
López Obrador optó por desaparecer el problema de un plumazo. Si el presidente dice que no existen las personas desaparecidas, entonces dejan de existir. Si el mandatario dice que Karla Quintana es una conspiradora de derecha que quiere tumbar a su gobierno, entonces el registro de personas desaparecidas pierde toda legitimidad. Si López Obrador dice que no hay 110,000 personas desaparecidas, entonces hay que creerle a pie juntillas.
