Modelo CDMX sobre desaparecidos, la metodología que genera polémica

Florinda cuestiona que se tome esto como una prueba de que su hijo ha regresado a casa, pues se puede tratar de otra persona con el mismo nombre o incluso alguien usando los datos de Daniel, pues para el registro de vacunación no se necesitaba de ninguna identificación más que anotar el CURP.

“Les dije que se fueran a buscarlo a la calle”, cuenta Florinda en entrevista quien recuerda sentirse furiosa y no dejar hablar más a los funcionarios.

“Se me hizo indignante. Él no está en ningún programa social; es mentira porque me he dedicado a buscarlo desde hace nueve años, no tengo trabajo más que buscar a mi hijo. (…) ¿Con qué finalidad voy a decir que mi hijo está desaparecido si yo lo tuviera? No tengo ninguna ganancia ni ningún beneficio, no estoy inscrita en ningún programa social”, reclama Florinda, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz.

Apenas este 14 de diciembre el Gobierno de México presentó el modelo con el cual realiza un censo de personas desaparecidas, mismo que fue implementado a partir de la primera mitad de este año y con el que se depuró el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El censo retoma el modelo para la búsqueda de personas implementado por el Gobierno de la Ciudad de México. El modelo llamado ‘Metodología de búsqueda generalizada’ parte de la revisión del Registro de Personas Desaparecidas para identificar a personas con registro duplicado.

Después se confrontan con datos admirativos como matrimonios, defunciones o CURP; de programas sociales, como becas, subsidios o vacunación, así como trámites y servicios, como licencias o pago de impuestos. Si una persona realiza algún trámite después de la fecha de su desaparición, se considera como un signo de vida.

Con ello se le considera como “ubicada por localizar” y se emprende una búsqueda que incluye visitas a domicilio y llamadas, explicó Batres.

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1 de cada 3 desapariciones de personas ha ocurrido en el gobierno de AMLO Del 2006 al 12 de enero de 2022, 78,107 personas fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas: 26,150 (33%) casos ocurrieron entre el 1 de diciembre de 2018 y el 12 de enero de 2022.

“Partimos del principio de que las comisiones de búsqueda se crearon para buscar personas, no para acumular listados”, afirmó el jefe de Gobierno interino, Martí Batres, en conferencia junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, este 14 de diciembre.

Así, si la persona resulta encontrada por funcionarios –locales o federales–, se les toma una fotografía con un periódico del día, se les pide su firma y huella digital lo que se denomina “prueba de vida”. Entonces, la persona reportada como desaparecida es considerada "localizada".

María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación federal, indicó que a partir de este modelo se comenzó a aplicar desde el 1 de mayo la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas.

“Se visitaron para todos los casos donde el cruce de la base de datos encontramos información de un posible domicilio a la persona, se armaron brigadas de búsqueda en las 32 entidades federativas del país”, indicó en la conferencia.

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México supera los 100,000 registros de personas desaparecidas y no localizadas

Con brigadas formadas por Servidores de la Nación, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y Fiscalías locales, se realizaron 11,641 visitas a domicilio y 86,341 llamadas telefónicas.

En resultado de esta estrategia, Alcalde detalló los siguientes resultados:

• 16,681 personas localizadas
• 17,843 personas ubicadas en bases de datos, pero sin contar aún con prueba de vida
• 26,090 registros sin datos suficientes para identificar a la persona
• 36,022 registros sin indicios suficientes para acciones de búsqueda
• 12,377 personas confirmadas como desaparecidas
• 1,951 registros duplicados

Karla Quintana, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (quien renunció al puesto por las irregularidades de la nueva estrategia) criticó el censo que está a cargo de la Secretaría de Bienestar.

“Si no se hace cuidadosamente –hasta lo último que supimos no se estaba realizando cuidadosamente, con un análisis detallado de la información–, se corre el riesgo de que se den de baja personas que sigan desaparecidas, solamente con un indicio de localización", explicó el 7 noviembre, en una conferencia como parte del ‘Seminario Violencia y Paz’ en El Colegio de México, algo que también ha explicado en entrevistas con medios públicos.

La exfuncionaria ha apuntado al hecho de que el censo esté realizado por funcionarios no especializados en la búsqueda de personas, así como el riesgo de dar por localizada a una persona sin los elementos necesarios, como problemas de la nueva metodología.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), integrado por unas 60 organizaciones de búsqueda de personas, se posicionó en julio sobre el modelo de “encuesta casa por casa” por considerarlo revictimizante y que no garantiza una búsqueda efectiva.

La Ciudad de México, entidad en cuyo modelo se basa la nueva estrategia, tiene un 100% de impunidad en el delito de desaparición, de acuerdo con la investigación ‘Impunidad en delitos de desaparición en México’, realizado por Impunidad Cero.

“La Ciudad de México reportó cero sentencias condenatorias, entonces al no tener ninguna sentencia condenatoria contra 3,577 casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas lo que observamos es una impunidad absoluta", explica Helga Jáuregui, analista de Datos e investigadora de la organización.

A nivel nacional, la impunidad en la desaparición de personas fue del 99.6% entre 2019 y 2022, revela el estudio.

Jáuregui señala que si bien el Registro Nacional de Personas Desaparecidas requiere mejoras como una mayor transparencia para servir como herramienta para la localización, hay un riesgo al ser realizado este censo por funcionarios no especializados.

“Es cierto que en el contexto de este censo casa por casa no tenemos mucha certeza sobre el proceso, se está cambiando el estatus de las personas aparentemente sin mucha certeza sobre cuál es la prueba de vida que se identificó para decir que una persona está ubicada”, apunta.

Se requiere atender también la identificación de personas fallecidas, pues en 2022 el 38% de los cadáveres y restos humanos ingresados a la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales no fueron identificados.

“Resulta preocupante un proceso de depuración en el que se habla de pruebas de vida cuando en realidad lo que estamos viendo en el panorama nacional es que tenemos una crisis forense importante”, señala la investigadora.