También tenemos a las personas que han desaparecido y de las cuales tenemos más de 115,000 que, a la fecha, no se conocen en la gran mayoría de los casos qué pasó o dónde están estos compatriotas. Alguien podría decir que no toda esa cifra corresponde a este sexenio, pero lo que es cierto es que sí ha crecido mucho más, pues casi la mitad de dicha suma se generó en los últimos cinco años, y las autoridades actuales no muestran interés alguno en reducir el impacto; si acaso en querer maquillar o adulterar la contabilidad. Mientras tanto, vemos a miles y miles de familias que han sido impactadas por la ausencia y desconocimiento del paradero de sus seres queridos. Una enorme tragedia que no se puede medir fácilmente, pues es un dolor infinito sin sanación posible al no tener siquiera la oportunidad de dar digna sepultura al ser querido cuyo paradero se ignora.
Igualmente se debe referir el caso cruzado de fosas comunes. Un tema de enorme impacto porque por un lado puede ser parte de las personas que se presumen desaparecidas y que al hacer pruebas ADN se pueden identificar finalmente y cruzar contra bases de datos. Pero lo cierto es que se siguen encontrando a quienes se habían perdido y de repente surgen entre osamentas y huesos esparcidos en múltiples lugares sin controles. Esas fosas comunes no son sino la prueba viviente de la impunidad con la que operan las bandas de delincuencia organizada, que al no temer represalia alguna por sus acciones, proceden a ejecutar a sus rivales y depositar los restos en sus hechuras de cementerios privados. Una muestra de lesa humanidad y falta del más mínimo respeto a la dignidad esencial. También una señal inequívoca de cómo los delincuentes gozan de protección por ser aliados electorales de los gobiernos morenistas. La población que vive expuesta y bajo riesgo de muerte que ni se queje, pues hay temas más importantes en materia de rentabilidad electoral. Ante dicha prioridad, para Morena no hay razón de proteger a la población del flagelo criminal.
Otro tanto de estos datos fúnebres los encontramos entre las personas que quedaron marginados de la cobertura del sistema público de salud. Bien sea porque salieron de la protección del seguro popular, porque ya no recibieron los tratamientos oncológicos necesarios, porque las medicinas para atender su enfermedad fueron recortadas en el sistema público sanitario, o porque no fueron programadas oportunamente las cirugías o tratamientos requeridos para sostener su vida. Como sea hay varios miles de personas cuyas vidas se han perdido merced de un gobierno que priorizó los caprichos por encima de las más elementales necesidades de la población como son la protección de la integridad corporal y la vida.
En un acto más de desprecio, en Guerrero, ante la tragedia del impacto del meteoro Otis, no solamente abandonaron a los pobladores a su suerte y luego declararon la extinción de la emergencia prematuramente, sino que además nuevamente quisieron minimizar las muertes diciendo que solamente unas 49 personas perecieron cuando en realidad, tan solo con base en datos en funerarias, se sabe que fueron más de 300 personas, y con base en desaparecidos y cadáveres en putrefacción la cifra real importa probablemente miles más, muchos que están en lugares abandonados y en embarcaciones hundidas.
