2) El gobernador no tiene más legitimidad democrática ni es más representativo de los intereses o las preferencias de la ciudadanía que los diputados locales. En 2021 Nuevo León eligió tanto a su Congreso local como a su gobernador. La elección legislativa la ganaron el PAN y el PRI, con casi 1.2 millones de votos (55% del total), mismos que se tradujeron en 30 escaños (16 y 14 respectivamente); mientras que MC quedó en tercer lugar con cerca de 420 mil votos (20% del total) que le valieron 6 escaños. La elección del Ejecutivo la ganó MC, con Samuel García como candidato, con cerca de 800 mil votos (37% del total). Ambos poderes emanaron del mismo proceso electoral, tienen un idéntico origen democrático, por lo que ninguno puede pretenderse más legítimo o representativo que el otro.
3) La expectativa de que el gobernador interino tendría que ser alguien propuesto por el gobernador que solicita licencia, de su mismo partido o que le dé continuidad a su plataforma de gobierno, carece de fundamento constitucional. En octubre del 2022, el Congreso de Nuevo León promulgó una nueva Constitución para el estado. De los 40 diputados presentes, 38 votaron a favor (incluyendo a las bancadas del PAN, el PRI y MC) y solo 2 en contra (ambas de Morena). Esa Constitución establece que si el gobernador constitucional pide una licencia mayor a 30 días, corresponde al Congreso nombrar al interino que lo supla (artículo 122). En ninguna parte dice que dicho nombramiento deba ser por “consenso”, contar con la aprobación del gobernador o recaer en alguien de su partido. Samuel García y Movimiento Ciudadano lo saben (¿no presumieron la Constitución como logro de su gobierno?) pero insistieron una y otra vez en engañar con que a eso obligaban los fallos del Tribunal Electoral y la Suprema Corte. No es cierto y nunca lo fue.
4) Cuando el nombramiento de un interino adverso a su causa fue inminente, Movimiento Ciudadano envió a un grupo de choque a asaltar el recinto legislativo con el fin de impedirlo por la vía de los hechos. El presidente del Congreso solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública que enviara fuerza pública para restaurar el orden y proteger a los diputados. El secretario, leal a Samuel García, no atendió la solicitud. Entonces se buscó el apoyo de la Fiscalía del Estado, cuyo titular no le debe el nombramiento al gobernador. Por eso entraron personas con armas al Congreso: no por iniciativa de las oposiciones parlamentarias, sino en respuesta a la provocación orquestada por el partido en el gobierno. Se hacen las víctimas, pero quienes violentaron flagrantemente el cauce de la política constitucional fueron ellos.
