Esto no es una hipótesis, es un hecho. En lo que va del sexenio hemos visto que cualquiera que obstaculice la ejecución de lo que llama la cuarta transformación es atacado, cooptado o de plano removido.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya función es velar por los derechos humanos, señalando los abusos y excesos del gobierno frente a las libertades y los derechos de las personas, un papel que por definición es incómodo para el gobierno, ha sido borrada casi por complete. Desde el inicio del sexenio cuando se llevó a cabo la renovación de la titularidad de la CNDH el presidente propuso a una incondicional para ocupar el cargo, desafortunadamente la mayoría de su partido en el Congreso, apoyada por algunos opositores, aprobaron el nombramiento. Hoy el mayor logro de la titular de la CNDH en lo que va de su encargo ha sido invisibilizar por completo el trabajo de una institución que durante años ha protegido los derechos de las personas ante el gobierno.
Sin duda la Constitución también es incómoda, pues establece límites al ejercicio del poder presidencial que son molestos cuando se quiere imponer la voluntad a cualquier costa. Cambiar la Constitución es difícil, pues se necesita el apoyo de la oposición, por lo que la salida ha sido ignorarla o darle la vuelta a través de cambios a la ley que son contrarios al propio texto constitucional. Afortunadamente contamos con el control de constitucionalidad que se hace valer desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ello particularmente este sexenio las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y los amparos han cobrado relevancia. El costo ha sido que ahora los incómodos son los jueces y magistrados, y desde que presidencia de la SCJN dejó de ocuparla un incondicional al presidente, la nueva titular se ha convertido en el principal enemigo del presidente.
Otras dos víctimas de la búsqueda por un poder sin contrapesos y límites han sido el INAI y el INE. La transparencia es incómoda pues desnuda la discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos, así como los conflictos de interés. Por ello la solución ha sido paralizar a la institución que garantiza el acceso a la información.
En cuanto al INE, el cual también ha sido incomodo al señalar las constantes intromisiones en la arena electoral por parte del gobierno y los excesos de quienes aspiran a una candidatura, haciendo valer el marco legal y constitucional, la estrategia para neutralizarlo ha tenido que ser más agresiva, pues la fortaleza de esta institución ha permitido generar bastante resistencia al embate. Sin embargo, por momentos parece que la determinación para doblegar la función electoral es más fuerte, desde hace varios ejercicios ha impulsado recortes presupuestales importantes, ya buscó una reforma que lo debilitaba de manera importante, y ahora la estrategia consiste en cooptarlo con personas afines e incondicionales que renuncien a su independencia.